miércoles, 29 de julio de 2009

“Malaya” y Toledo, un buen ejemplo de omertà

Bargas, Layos, Arges, Aranjuez, Carranque... Esta es una lista, en absoluto cerrada, de las localidades Toledanas o próximas a Toledo, como es el caso de Aranjuez, en las que han aparecido negocios relacionados, de una manera u otra, con la delincuencia organizada que en 2006 se destapó oficialmente en Marbella bajo la etiqueta de “Operación Malaya”.

La presencia en Toledo de los saqueadores de Marbella, de Estepona, de Rincón de la Victoria, de Espartinas, etc, contrariamente a lo que se pudiera suponer, no es reciente. Algunos de los casos detectados se remontan a finales de los noventa y la mayoría se centra entorno al año 2003, comienzo de la Ominosa Legislatura durante la cual la criminalidad político-urbanística se convirtió en un hecho cotidiano, tan cotidiano que el Parlamento Europeo se ha visto obligado a calificar la situación española como de “corrupción endémica”.

En consecuencia, la tesis de que los hombres de la trama “malaya” se hayan desplazado hasta el centro de la Península huyendo de la presión judicial y policial en la costa, no se sostiene. Tampoco es sostenible esta hipótesis si recordamos el papel central que Caja Castilla-La Mancha ha tenido ―y aún tiene, pese al discreto silencio de la prensa― en la financiación y protección de los negocios que sociedades y personajes “malayos” emprendieron en las provincias de Madrid y Toledo, sin olvidarnos, claro está, de Murcia. En este sentido, el caso de la finca Alcalvín, en Bargas es, con toda seguridad, el más manifiesto e hiriente de los conocidos... Hasta ahora.

Decididamente, Toledo fue desde el principio un territorio hospitalario en el que los “malayos” pudieron llevar a cabo o planear algunos de sus más grandes “golpes” inmobiliarios, y en ese benévolo recibimiento, por necesidad lógica y por sentido común, cierto papel habrá tenido y tiene que jugar la estructura política de la región.

Estos hechos y otros nuevos a los que apunta la investigación, hacen que el artículo publicado en El Mundo que reproduzco a continuación, cobre no sólo actualidad, sino que se convierta en una herramienta de análisis utilísima, especialmente atendiendo a lo que en él se dice sobre el indulto que benefició al difunto Jesús Gil, favorecido y promocionado en su día por Juan Alberto Belloch y por María Teresa Fernández de la Vega; y por supuesto también en lo relativo al papel de “agente del CNI” que Jorge Dezcallar asignó, durante los gobiernos de José María Aznar, al ahora preso Juan Antonio Roca Nicolás.

Ya es innegable que Gil y Roca fueron unos “protegidos” del poder político desde los tiempos del “felipismo” lo que es consistente con la actual presencia de nombres que adquirieron fama entonces junto a otros que la han adquirido ahora por su relevancia y significación en el caso “Malaya”; pero la cuestión de actualidad está en si Roca, Ventero, Arteche, Pedro Román y algún otro cuyo nombre por ahora me reservo, también han sido o son “protegidos” de José Bono y del silente José María Barreda.

Cabe preguntarse, además, si las estructuras de criminalidad urbanística que apuntan en los barbechos toledanos podrán llegar a dibujarse con mayor nitidez de la que hasta ahora se ha logrado y si las trazas de esta afectio societatis que une a hampones, desclasados y bohemios rapaces, con las grandes corporaciones y con los despachos políticos, acabará desvelándose con la suficiente consistencia inculpatoria.

Los datos van a aparecer, de eso que no le quepa duda a nadie, pero el alcance que esa información tenga para la salud de la res publica, sí es una incógnita. La “corrupción endémica” de la que acusaba a España el Parlamento Europeo germina sobre una gruesa capa de estiércol pragmático y cínico. Al corrupto que reparta pan no le faltarán votos y con esos votos no habrá Estado o judicatura que pueda o pretenda poner freno al fraude de ley, al abuso de derecho o al puro y simple saqueo.

Eso es la “mafia”, una muy amplia y ecléctica societas delicti con dos extremos: uno en el gobierno y el otro en el hampa de los barrios chinos, y entre esos dos extremos, una estructura social paralela y decisiva que suplanta y hace del Estado de Derecho una vana apariencia, una formidable impostura.

La rapidez con que la corrupción se ha expandido por toda la Península durante la execrable legislatura 2003-07, ha hecho que las cosas en España tomen un color muy parecido al que tuvieron en Italia desde la posguerra hasta los tiempos en que los corleoneses del palurdo en armas Salvatore Riina, hicieron saltar por los aires el pacto secular que el hampa había establecido con los padrinos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.

De hecho, Cosa Nostra, recompuesta con los despojos de los secuaces de Riina ―los Santapaola, los Cultrera, los Menino o los Greco― vueltos nuevamente hacia la mafia imprenditoriale (mafia empresarial) hacia el padrinazgo político del deplorable Berlusconi y hacia provechosas alianzas con la 'Ndrangheta y los narcos sudamericanos; enseñó muy pronto las orejas entre los más destacados “malayos”, así que no me sorprendería descubrir a alguno de estos ciudadanos italianos paseando por la plaza de Zocodover o merodeando alrededor del palacio de Fuensalida. No señor, no me sorprendería nada.



Doce años de cohecho, malversación y blanqueo

DESDE HACE MAS DE UNA DÉCADA, LA CIUDAD HA VISTO UNIDO SU NOMBRE A LA LACRA DE LA CORRUPCION. ESTE AÑO, UN JUEZ ENVIO A LA CARCEL A SUS EDILES Y EXPUSO A LA MIRADA PUBLICA LO QUE TODOS SOSPECHABAN

El Mundo.

POR ANTONIO RUBIO

La corrupción de Marbella es una crónica anunciada donde han ido participando o consintiendo todos los poderes, tanto autonómicos como estatales. Hace 12 años, el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, fue indultado por Felipe González porque amenazó con tirar de la manta sobre unas comisiones pagadas a políticos socialistas de la Junta de Andalucía.

Tiempo después, el hombre de confianza de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, se puso a trabajar para los servicios secretos españoles (Centro Nacional de Inteligencia), creyendo que así tenía un seguro para seguir metiendo mano en la caja municipal. Corría el año 1999 y José María Aznar era presidente del Gobierno.

Al final, un juez, con la ayuda de un grupo de honestos policías, ha puesto las cosas en su sitio y ha demostrado que la corrupción de Marbella era algo que todos sabían y que todos asumían.

El magistrado Miguel Angel Torres, con la operación Malaya, ha puesto en marcha el trabajo que hace años comenzaron los jueces Blanca Esther Díez y Santiago Torres y ha detenido, procesado o imputado a casi un centenar de personas entre concejales, empresarios, constructores, testaferros y otros.

Ésta es la crónica de esa corrupción anunciada que arranca, de forma oficial, hace 12 años: en marzo de 1994.

17 de marzo de 1994. Jueves. Consejo de Ministros presidido por Felipe González. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, presenta un informe elaborado por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, en el que se solicita un indulto para Jesús Gil, alcalde de Marbella. El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, que es amigo de Gil, también apoya y defiende la medida de gracia para el polémico primer edil marbellí.

Jesús Gil había sido condenado a dos meses de arresto mayor e inhabilitación de cargo público por estafar a un portero de un inmueble al que le había vendido una parcela en Los Angeles de San Rafael (Segovia) que previamente estaba embargada judicialmente.

Isabel García Marcos, representante del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, pide explicaciones porque esa decisión del Consejo de Ministros va en contra de los intereses del grupo socialista en la Costa del Sol. La respuesta del jefe de gabinete de Presidencia es una misiva protocolaria y en ella no se concreta ni explica el motivo real por el que Gil, sorprendentemente, ha conseguido la medida de gracia. Al final, todo se queda en una «larga cambiada» del jefe de gabinete.

Poco después, los socialistas malagueños aprovechan la visita de la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, a la provincia para pedir, de nuevo, explicaciones sobre lo acontecido en el Consejo de Ministros. Alberdi aclara que el indulto de Gil fue defendido con vehemencia por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, siguiendo las instrucciones directas del ministro Belloch.

5 de mayo de 1994. Juan Alberto Belloch Julbe es nombrado biministro.Su segunda cartera es la del Ministerio del Interior. Interpol Italia requiere a Interpol España, a través de Interior, información sobre las actividades «extrapolíticas» del alcalde de Marbella.

Interpol España, siguiendo instrucciones superiores, aplica el «silencio administrativo» a la petición de sus colegas italianos.Se da la circunstancia de que en esas mismas fechas la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, ya ha relacionado a Gil con miembros de la mafia italiana que residen en la Costa del Sol.

Entre los años 1993 y 1996, el PSOE está acosado por múltiples escándalos de corrupción: Filesa, Roldán, Fondos Reservados, AVE, etc. En 1994, Jesús Gil y Gil se plantea ser un problema más para el PSOE y amenaza con «tirar de la manta» contando que en 1986 tuvo que abonar al PSOE de Andalucía una comisión de 220 millones de las antiguas pesetas. El alcalde marbellí, finalmente, no denuncia el pago de la comisión, y el 17 de marzo de 1994 consigue del Consejo de Ministro su apreciado indulto.

Gil sigue de alcalde de Marbella gracias al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de la subsecretaria de ese Departamento, Teresa Fernández de la Vega, y de su amigo y ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro. Todo esos afectos sirven para que el primer edil marbellí siga recalificando terrenos a su antojo y que su mano derecha, Juan Antonio Roca, continúe ejerciendo de «recaudador de impuestos» ante los constructores e inmobiliarios de la zona y de cajero de La banda de Jesús Gil.

Marzo de 1996. Tan sólo han pasado dos años desde que Jesús Gil consiguió el indulto socialista. Los problemas del alcalde de Marbella con la Justicia, continúan. Ahora, Gil da un paso adelante y se convierte en «arrepentido». Sabe que la Fiscalía Anticorrupción va tras sus pasos y se aprovecha del nuevo Código Penal, promovido por el ministro Juan Alberto Belloch, para autoinculparse de un delito, convertirse en «arrepentido» y con esa argucia legal evitar las acciones de la Justicia contra su persona.

Gil declara y revela que en 1986 pagó comisiones a varios miembros de la Junta de Andalucía para que le concedieran la licencia de obras definitiva de la urbanización marbellí Los Cipreses del Mar. Cuando Gil es citado por un juzgado de Sevilla para que ratifique su denuncia y presente los correspondientes documentos que acreditan los pagos a los dirigentes socialistas de la Junta, da un paso atrás y todo queda en un escándalo político, sin consecuencias judiciales.

Octubre de 1999. EL MUNDO revela que Jesús Gil y Juan Antonio Roca han llevado a cabo un continúo saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella desde que en 1991 fuera nombrado alcalde el presidente del Atlético de Madrid. El montante del primer saqueo de Marbella asciende a 4.442 millones de pesetas. El segundo saqueo de Marbella sale a la luz pública en octubre de 2003 -también lo descubre EL MUNDO- y el montante es de 6.900 millones de pesetas.

El caso saqueo de Marbella se encuentra en la actualidad en la Audiencia Nacional, lo instruye el juez Juan Del Olmo y Roca está en libertad mediante el pago de una fianza de 459.000 euros.

Ese mismo año Juan Antonio Roca llega a un acuerdo con los servicios secretos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia que dirige Jorge Dezcallar por designación de José María Aznar. El acuerdo entre Roca y el CNI consiste en que el primero tiene que informar de todos los movimientos del Grupo Independiente Liberal (GIL), que dirige el propio Jesús Gil para saber cuáles son las intenciones y movimientos de ese grupo político en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Jesús Gil, agobiado por múltiples procesos judiciales, reconoce entre sus íntimos que Juan Antonio Roca se ha convertido en el auténtico jefe de Marbella.

Abril de 2002. Inhabilitación de Gil. Jesús Gil, finalmente, es condenado en firme por el caso Camisetas y es apartado de la alcaldía de Marbella por inhabilitación judicial. Recoge el bastón de mando su fiel Julián Muñoz. El ex camarero, con la ayuda de José María del Nido, abogado y asesor del Ayuntamiento de Marbella, intenta llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía y dejar fuera de juego a Juan Antonio Roca.

El jefe de Marbella, como ya conocen a Roca en la Costa del Sol, con la ayuda del empresario británico Judah Binstock, contrarresta la jugada de Muñoz y consigue comprar la voluntad de la mayoría de los concejales marbellíes con importantes cantidades económicas.

En agosto de 2003 Roca coloca, mediante una moción de censura contra Muñoz, a Marisol Yagüe como alcaldesa y a Isabel García Marcos, hasta entonces miembro del PSOE, como primer teniente de alcalde.

Diciembre de 2004. Juan Antonio Roca y algunos concejales de Marbella dirigidos hábilmente por Marisol Yagüe recaudan importantes cantidades económicas que van directamente a sus bolsillos. Roca se mueve mejor que nunca y el juez Del Olmo no avanza en el caso saqueo de Marbella.

Pero en diciembre de 2004 se produce una partida de póquer en la finca El Río de Badajoz. En esa partida se ponen sobre el tapete de juego hasta tres millones de euros. Y en ella participan los más íntimos de Roca. Uno de ellos, que pierde una importante cantidad, se considera estafado y como venganza se acerca a la Policía.

Las confidencias entre el jugador estafado y la Policía permiten que los agentes descubran todo el entramado financiero de Roca y sus testaferros. La operación Malaya, que va a dirigir el juez Miguel Angel Torres, se pone en marcha.

Marzo-Junio 2006. El juez Miguel Angel Torres, siguiendo los pasos de sus predecesores en el cargo, los magistrados Blanca Esther Díez y Santiago Torres, logra acabar el trabajo que estaba pendiente desde hacía más de una década: levantar la cloaca de la corrupción urbanística en Marbella.

Juan Antonio Roca, el auténtico alcalde de Marbella; Marisol Yagüe, la alcaldesa títere de El jefe; Isabel García Marcos, primer teniente de alcalde, y hasta un total de 28 personas son detenidas en marzo de 2006 por cohecho, blanqueo y malversación de caudales públicos.

7 de abril de 2006. Viernes. Nueva fecha. Nuevos tiempos. Nuevo Gobierno. El mismo problema: corrupción urbanística. Han pasado doce años desde que Jesús Gil consiguiera su indulto. El alcalde falleció en 2004, pero el que fuera su segundo, Juan Antonio Roca, sigue controlando el Ayuntamiento de Marbella de la misma forma que ya lo hacía en 1994.

Los socialistas han vuelto a recuperar el poder a nivel estatal -marzo de 2004- y se celebra un nuevo Consejo de Ministros presidido por Rodríguez Zapatero. En ese Consejo ya no está Juan Alberto Belloch, que ahora es el alcalde de Zaragoza, tampoco el amigo de Gil, Javier Gómez Navarro, que es presidente de las Cámaras de Comercio, pero sí está Teresa Fernández de la Vega.

La que fuera subsecretaria de Justicia y defendiera con vehemencia el indulto de Jesús Gil se ha convertido, en el plazo de 12 años, en vicepresidenta del Gobierno y ahora tiene que sancionar la decisión de disolver el Ayuntamiento de Marbella por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». El Consejo de Ministros, finalmente, opta por disolver el Ayuntamiento de Marbella y crear una comisión gestora.

Hoy, tras judicializarse los casos saqueo I y II de Marbella y las operaciones Ballena Blanca -por blanqueo de dinero- y Malaya, son casi 100 las personas -entre concejales, constructores, empresarios, abogados y testaferros- que han pasado por la cárcel, están imputadas o acusadas de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos.

Y todas ellas coinciden en una misma cuestión: «Con Gil llegó la corrupción total y Roca era el verdadero alcalde de Marbella desde hace muchos años». El patrimonio actual de Roca asciende a 120 millones de euros, incluida una cuadra de caballos finos.

El balance final de estos últimos 12 años en Marbella se podría resumir en dos partes: el juez Torres y los agentes de la UDYCO (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) han formalizado la lucha contra la corrupción en la Costa del Sol, pero todavía quedan algunos políticos aforados y grandes empresas por investigar.

Y el juez Torres deja el juzgado de Marbella de forma definitiva en enero de 2007 y los agentes de la UDYCO comienzan a tener auténticos problemas para llegar hasta el final de las cloacas marbellíes.

lunes, 27 de julio de 2009

El pliego de cargos del Banco de España contra Hernández Moltó podría suponer el inicio de las acciones penales en el caso CCM

Hoy El Mundo publica (el artículo se puede descargar pulsando sobre la imagen) algunos de los datos revelados por el pliego de cargos elaborado por el Banco de España en relación con la quiebra de CCM.

Ese informe pone claramente de manifiesto el control absoluto de Hernández Moltó sobre la operativa de la Caja, yendo para ello mucho más allá de las competencias que le asignaban sus estatutos: «El presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección... Realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales... Se ha extralimitado en sus funciones».

Con ese control inmediato como premisa, el pliego de cargos, continúa añadiendo, entre otras cosas, que en CCM «se han tomado decisiones de inversión sin el conocimiento de la Comisión de Inversiones, ni del Consejo de Administración de CCM, ni siquiera del Consejo de Administración de CCM Corporación». Algunas de esas operaciones tomadas al amparo de la noche y la niebla son las relativas a las tres ampliaciones de capital de CR Aeropuertos, de tal forma que, también según el citado pliego de cargos, el riesgo asumido en esta entidad dominada por personas que se declaran públicamente «amigos» del silente Barreda, supone 336,9 millones de Euros, es decir, el 100% de la financiación obtenida por el fracasado proyecto, ahora en medio de un turbio concurso de acreedores solicitado por una compañía dominada por Díaz de Mera, también uno de los principales accionistas del aeropuerto.

Igualmente, «alguien» tomó la decisión de acudir a una OPA parcial sobre METROVACESA, una operación Román Sanahuja ―socio de Díaz de Mera y junto a él acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte― contra Joaquín Rivero, entonces primer accionista de la empresa. La operación terminó eludiendo, por muy poco, el concurso necesario de acreedores mediante la cesión del 54% de la empresa al Santander, al BBVA, a Banesto, a la Caixa, a Caja Madrid y al Banco Popular.

Los activos de 35 de las 45 sociedades de CCM Corporación, han sufrido un deterioro, es decir, una minusvalía, de 417,2 Millones de €. El crédito concedido a las empresas participadas por la Caja era del 150% de todos sus recursos propios. Igualmente la caja entró de lleno en el fiasco de Inmobiliaria Colonial, una operación protagonizada por Luis Portillo, un personaje con documentadas relaciones con el caso Malaya, por Aurelio González Villarejo, Juan Gracia Jiménez ―propietario de Peinsa-97 y también protagonista de alguno de los hechos relacionados con la Operación Ninette― Por el ubicuo Domingo Díaz de Mera o por la no menos ubicua Esther Koplowitz, algunos de cuyos ejecutivos acabaron presos durante las distintas fases de la Operación Malaya.

La disponibilidad ad libitum de los fondos de CCM para aquellos personajes habituales del palacio de Fuensalida parece innegablemente acreditada por el pliego de cargos. Según este documento, la Caja también participaba en Global Cartera de Valores, una sociedad instrumental en la que aparecen Domingo Díaz de Mera y Luis Delso, presidente de Isolux, sociedad estrechamente ligada a la Caja por ejemplo en sus dudosas operaciones en Aranjuez, y que actualmente ha adquirido notoriedad pública después de que Luis Bárcenas, el imputado en la operación Gürtel haya afirmado ante el juez que Delso era el «Luis el Cabrón» que aparece en la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa. Además, Díaz de Mera, sus socios habituales los hermanos Barco Fernández y Miguel Antonio Méndez Pozo, todos ellos personajes cercanos a José María Barreda, habrían recibido en préstamos un total de 459 Millones de Euros.

Hay, para ir terminando ya, 125 titulares de créditos superiores a 16 Millones de € y de ellos, según el Banco de España, el 82,4 % están relacionados con la construcción. No obstante, lo que el pliego de cargos calla, oportunamente, es que en esas cantidades están los 40 Millones de € concedidos a Juan Antonio Roca el «malayo» o los 30 Millones de € prestados a Puerta Oro Toledo, compañía propiedad del «malayo» Pedro Román, de su socio y de Roca, Juan María López Alvarez, de Sacyr y, cosa no tan asombrosa como podría parecer, al distinguidísimo despacho de abogados Cuatrecasas. Ahí también están las cantidades invertidas en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero y, en definitiva, los más de 200 Millones de € con que la Caja ha financiado a detenidos e imputados en el uno de los más paradigmáticos y tentaculares casos de corrupción destapados hasta la fehca.

Operaciones de menor calado, como la del campo de golf de Carranque, no parece que sean mencionadas en el pliego de cargos aunque no por ello son menos significativas. Ahí, Hernández Moltó puso a dos hombres de su máxima confianza: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, a juzgar por los consejos de administración en los que están presentes, ambos especializados en hacer negocios con los «malayos»; y ahí también puso un crédito de 10 Millones de € que Villa Romana Golf ―la mercantil de PEYBER-CCM― ya ha consumido íntegramente hace tiempo.

Ahora, esa entidad no paga. No ha pagado las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Carranque, cuyo cobro ejecutivo fue anulado generosamente por Alejandro Pompa, el alcalde; y no está pagando los plazos vencidos de los terrenos que compró en el PAU del campo de golf.

La situación despide un intenso aroma a concurso voluntario de acreedores. Con CCM imposibilitada, por ahora y por mucho tiempo, para añadir más capital al tinglado golfista y con la amenaza pendiente de una andanada masiva de acciones de rescisión de contrato protagonizada por los vendedores de terrenos en el PAU, que ante el incumplimiento de Villa Romana Golf muy bien podrían recuperar sus fincas y quedarse con los dineros cobrados a cuenta, cabe conjeturar sólidamente que los hermanos Díaz Bermejo y el aparejador Peinado, estén contemplando el concurso de acreedores como una buena forma de blindarse contra esas acciones y de retrasar indefinidamente las obligaciones de pago contraídas, dejando con dos palmos de narices a sus acreedores, al menos por una larga temporada.

Pero, volviendo a CCM y para terminar: ¿Qué piensa de todo esto la Fiscalía Anticorrupción?

miércoles, 22 de julio de 2009

Los alcaldes del PP de la Sagra se sublevan contra Pompa y Tofiño

TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y portavoces del Partido Popular de los municipios integrados en la Mancomunidad de la Sagra Alta de Toledo mostraron hoy su profundo descontento ante el "uso partidista" que el PSOE está haciendo de esta institución para "tapar las vergüenzas" del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, "que no quiere invertir los recursos que le corresponden a esta comarca".

Así lo manifestaron hoy en rueda de prensa el alcalde de Yuncos, Gregorio Rodríguez, el de Cobeja, Antonio Fernández, y el vicepresidente de la Mancomunidad de La Sagra Alta, Félix Conde, que destacaron que tanto el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Pompa, como el presidente de la Diputación y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, "lo que están haciendo es sacar de la Mancomunidad los recursos que no se atreven a exigir a Barreda, y que corresponden al Gobierno regional", argumentaron.

En este sentido, Fernández destacó que la Mancomunidad está siendo "un instrumento" para los "fines políticos" del Barreda y de Tofiño, ya que está "dando servicios impropios de la misma, que corresponden a la Junta de Comunidades en unos casos y, en otros, al Ayuntamiento de Illescas, al que se está beneficiando por encima de otros Ayuntamientos, olvidando que la mancomunidad debe servir por igual a todas las localidades que la integran", según informó el PP en nota de prensa.

De este modo, el alcalde 'popular' de Cobeja recordó que los Presupuesto de la Mancomunidad de la Sagra Alta deberían aprobarse por unanimidad y, sin embargo, no ha sido así ya que los representantes del PP han tenido que votar en contra de los mismos "porque no sólo no han sido consensuados, sino que ni siquiera se ha consultado a los representantes del Partido Popular para su confección, y además son injustos y poco austeros", agregó.

"Hemos votado en contra del presupuesto porque no es austero, aumenta un 23 por ciento, incrementa el precio del agua un 13 por ciento, contrata personal exclusivamente para Illescas, incrementa la partida de altos cargos así como el sueldo del presidente en un 29,25 por ciento, incluye partidas ilógicas de gastos incrementadas en más del 350 por ciento respecto a 2008; amplia servicios como el SAMI, PRIS, OMIC y Centro de Atención Temprana de Illescas, que debería asumir la Junta, y obliga a pueblos a pagar servicios que no usan", apostilló.

En este sentido, aclaró que "hemos presentado alegaciones al Presupuesto y, en otro acto de prepotencia y totalmente antidemocrático, no han considerado ninguna de nuestras sugerencias", algo que ocurre porque "el señor Pompa se encuentra bajo la presión política de Tofiño y Barreda y de ahí que antes de los plenos todos salgan del Ayuntamiento de Illescas ya con la tarea hecha debajo del brazo", lamentó el alcalde de Cobeja.

Para los alcaldes y portavoces del Partido Popular en los municipios integrados en la Mancomunidad de la Sagra Alta "esta situación es insostenible y no estamos dispuestos a permitirla, por lo que nos estamos replanteando nuestra relación con la mancomunidad y estamos estudiando distintas alternativas sin excluir ninguna", advirtió Fernández.

BENEFICIA A UNOS PUEBLOS EN DETRIMENTO DE OTROS

Por su parte, Rodríguez recordó que la mancomunidad se creó para unos fines concretos referidos al abastecimiento de agua y saneamiento y que, con el tiempo, ha ido asumiendo cada vez más competencias y servicios que, hasta ahora iban en beneficio del conjunto de los municipios que la integran.

"En los últimos tiempos estamos viendo una serie de acuerdos que se están adoptando sin la unanimidad que sería deseable en una mancomunidad y con los que no estamos de acuerdo, porque solo benefician a algún municipio y no a los 14 mancomunados", argumentó.

El alcalde de Yuncos se refirió al caso concreto de un punto que se propone en el Orden del Día para el pleno que tendrá lugar mañana para suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Illescas que sólo beneficia a este municipio y que, "curiosamente", el Consistorio illescano ya ha aprobado en su pleno municipal, dando por hecho que la Mancomunidad va a suscribir el convenio sin antes consultar a nadie, y "esto es al gota que colma el vaso", aseguró.

Según explicó Rodríguez, se trata de un programa de acceso a la vivienda en Illescas que se incluye dentro de un Convenio del Ayuntamiento con la Junta, en el que el Consistorio quiere que el mediador necesario para este proyecto de acceso a la vivienda corra a cargo de la Mancomunidad, transmitiendo una cuestión meramente municipal para que se haga a través de esta institución y con los medios de la misma.

"El asumir esas competencias que son de la Junta y que se financian con recursos de la mancomunidad esta haciendo que los ayuntamientos seamos cada vez más deficitarios en esas partidas del agua, lo que nos obliga a subir la presión fiscal por el consumo a todos nuestros vecinos", resaltó Rodríguez, quien criticó la "irresponsabilidad" que exhibe el Partido Socialista con estas actitudes, que no hacen más que agravar la ya difícil situación de los municipios de esta comarca a causa de la crisis económica.

PREPOTENCIA

Por último, el vicepresidente de la Mancomunidad de La Sagra Alta, Félix Conde, criticó la actitud "prepotente y chulesca" que mantiene el presidente de la Mancomunidad, Alejandro Pompa, que "no consulta ni pide opinión para ninguna de las actuaciones que se llevan a cabo desde esta institución, ni siquiera para la elaboración de los presupuestos, cuando en una mancomunidad las cosas deberían consensuarse entre todos", afirmó.

"No se debate nada, se imponen las cosas y en esas condiciones estamos siempre en un tira y afloja que no conduce a ningún sitio", lamentó Conde, quien se mostró muy descontento por la marcha de la Mancomunidad y pidió al PSOE que recapacite, porque lo que hay que hacer es "sentarnos, hablar y consensuar las cosas como debe hacerse en una mancomunidad", concluyó.

miércoles, 8 de julio de 2009

¿Por qué "La Tribuna de Toledo" publica informaciones sobre la vida privada de la concejal agredida por Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas?

Haciéndose eco de la agresión perpetrada por Agustín Jiménez Crespo (en la foto) a una concejal de su grupo en el Ayuntamiento de Noblejas, La Tribuna de Toledo, en un artículo titulado «El PP reclama al PSOE que actúe contra el alcalde si no dimite» daba datos sobre aspectos privados de la vida de dicha concejal y de una de sus amigas, la cual fue inmediatamente despedida por el tal Jiménez tras ocurrir los hechos que le han llevado a ser condenado.

Esos datos, que carecen absolutamente de ninguna relevancia respecto a la información publicada, parecen ocultar, tras una aparente redacción aséptica, un tortuoso intento de desprestigiar públicamente a la víctima de la agresión y una no menos tortuosa pretensión de sostener al agresor, resaltando que si bien ha sido condenado, no lo ha sido por violencia de género, sino por lesiones.

Independientemente de que la concejal agredida muy bien podría emprender acciones legales contra La Tribuna de Toledo y de que el alcalde Agustín Jiménez Crespo no haya sido condenado por un delito de violencia de género porque ahí falta la convivencia familiar o la relación afectiva, lo cierto es que la maniobra de La Tribuna es reveladora.

Como es sobradamente conocido, La Tribuna es una cabecera perteneciente a Antonio Miguel Méndez Pozo. También es sobradamente conocida la pública amistad que une a este constructor, encarcelado en su día por el caso de “la construción de Burgos”, con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

Por otro lado, Méndez Pozo es uno de los mayores deudores de la intervenida CAJA CASTILLA-LA MANCHA y uno de los principales “inversores” ―con dinero de CCM― en los ruinosos proyectos del Aeropuerto de Ciudad Real y del Reino de Don Quijote, por no citar ahora otros negocios inmobiliarios que este importante empresario tiene en la región.

Pues bien, Méndez Pozo también tiene señalados intereses en la localidad toledana de Noblejas, escenario de la agresión del alcalde Agustín Jiménez, intereses que penden de un hilo el cual, a su vez, pende de la “voluntad” del alcalde Jiménez.

En Noblejas, el ahora condenado en firme Agustín Jiménez Crespo, impulsó un proyecto que pretendía alcanzar la condición de polígono dedicado a la alta tecnología. Su denominación: Parque Tecnológico Lineal. Para ello el Ayuntamiento de Noblejas presidido por Jiménez compró unos tres millones de metros cuadrados al precio de 250 Pts/m2.. Esos terrenos fueron vendidos, posteriormente, a un consorcio formado por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, DESARROLLOS INDUSTRIALES GRAN EUROPA XXI y MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. El precio de venta fue de 10 €/m2.

En esta compraventa el Ayuntamiento incluyó una cláusula de reversión. Si pasado determinado plazo las obras de urbanización no se habían terminado, los terrenos debería revertir al Ayuntamiento. La corporación, de darse este caso, pagaría dichos terrenos al 75% del precio inicial, es decir, a 7,50 €/m2.

En la actualidad, el fabuloso parque de alta tecnología es otro de los muchos fiascos en los que CCM fue embarcada por Juan Pedro Hernández Moltó y su equipo de dirección. La previsión inicial de que BMW se instalara en Noblejas fracasó y los trabajos de urbanización han sido abandonados, lo que pone en vigor la cláusula de reversión de esos terrenos al Ayuntamiento, cosa que el alcalde Jiménez se ha guardado de exigir hasta el momento.

Las razones de esa pasividad muy bien podrían obedecer a la presencia de CCM CORPORACIÓN, pero no sólo a eso porque resulta que la mercantil MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, es una empresa de Antonio Miguel Méndez Pozo, que tiene por administrador único a su hijo Miguel Méndez Ordóñez y cuyas participaciones pertenecen un el 100% a la sociedad GRUPO RIO VENA GESTIÓN DE CARTERA que, a su vez, pertenece a RIO DE LOS AUSINES, por supuesto, también propiedad de Méndez Pozo.

No acaban aquí las cosas interesantes que están sucediendo en Noblejas (Toledo) ni la presencia de interesantes empresas y no menos interesantes apellidos en el asunto del puntero, a la par que fracasado, parque de alta tecnología, pero de momento baste con señalar esto para dar una plausible explicación al equilibradamente maligno artículo que La Tribuna de Toledo ha dedicado a la agresión que sufrió la concejal Belén Gutierrez a manos del alcalde Jiménez.

Entre tanto, según informan vecinos de Noblejas, Agustín Jiménez se ha dedicado estos días ha hacer varias visitas al Congreso de los Diputados, lo cual es lógico porque durante las “jornadas de puertas abiertas” el lugar está muy masificado y no se puede apreciar bien la belleza de sus dependencias.

viernes, 3 de julio de 2009

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas (Toledo) condenado por agredir a una concejal, compró terrenos por 5 millones y los vendió por 37

Según Interviu ―el artículo completo se puede descargar desde aquí o pulsando sobre las imágenes― la concejal del ayuntamiento de Noblejas (Toledo) Belén Gutierrez «acudió... Al ayuntamiento para hacer una gestión sin demasiada importancia, pero salió de allí con un brazo retorcido y un puñetazo en el rostro» como resultado de la agresión del alcalde Agustín Jiménez.

Lo cierto es que la reacción del individuo que está al frente del ayuntamiento de Noblejas desde 1983, el tal Agustín Jiménez, no refuerza la teoría de que la gestión careciera de importancia. Siempre según los hechos declarados probados por la sentencia, Belén Gutierrez pretendía fotocopiar unos documentos relacionados con una subvención a una ONG. La funcionaria encargada consultó con el secretario que exigió que se hiciera la petición por escrito. La concejal insistió en que como edil podía obtener copias de los documentos sin más formalismos. A partir de ahí, tanto la funcionaria como la concejal, se dirigen al despacho del alcalde, que salió a su encuentro prohibiendo a Belén Gutierrez acceder a la documentación.

En ese punto, continúa el relato de los hechos de la sentencia, la concejal «le arrebata el documento a la administrativa y de manera inmediata Agustín Jiménez Crespo acorrala literalmente a María Belén Gutiérrez Zamorano contra una pared, le retuerce la mano y le da un puñetazo, quitándole de manera violenta los documentos... Que la actitud del mencionado Agustín Jiménez fue violenta resulta del parte de lesiones que consta en las actuaciones».

Al referido Agustín Jiménez le sirvieron de poco los testigos aportados a la causa. Todos ellos declararon que no hubo agresión. Sin embargo la sentencia, dando primacía a la contundencia probatoria de las imágenes de la cámara de seguridad y al parte médico de lesiones, afirma que «todos los testigos que han declarado en el acto del juicio son empleados del Ayuntamiento de Noblejas, y por tanto, trabajan para el Alcalde»

Según declaraciones recogidas por Interviu, el dicho Jiménez, tiene una ecléctica trayectoria política. Primero probó suerte en las juventudes de Falange y pasando por el PCE para terminar bajo la buena sombra del PSOE de Castilla-La Mancha, el cual usó como plataforma para ganar la alcaldía. A partir de ese momento «aquí el que quier algo, ya sea trabajo para un hijo o una licencia de obra, tiene que ir al ayuntamiento y pedírselo al alcalde como si fuera un favor. Ha creado una red clientelar que le permite seguir ganando elecciones porque todo el mundo le debe algo. Tiene a los empleados del ayuntamiento con contratos eventuales para poder hacer lo que quiera con ellos».

Los tentáculos de Caja Castilla-La Mancha dirigida por Hernández Moltó, como cabía esperar, tampoco están muy lejos de Noblejas. Los recursos con los que el agresor de la concejal Belén Gutierrez mantiene una red de servicios municipales que, según Interviu, le sirven para favorecer su reelección como alcalde, derivan de la venta por 30 Millones de €, de unos terrenos de uso industrial a un conglomerado de empresas encabezado por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN.

La revista no precisa qué otras empresas participaron en esa compraventa, pero como el dato parece relevante y también parece probable encontrar allí nombres conocidos, en Noblejas pueden dar por seguro, que Notitia Criminis ofrecerá pronto y con detalle esa información.

Entre tanto, y con el PSOE de Toledo silente como de costumbre, el citado Jiménez ya se enfrenta a cuatro denuncias por prevaricación y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ocaña (Toledo) le investiga por una venta de terrenos que Jiménez compró por cinco millones y medio de € y vendió por 37 millones, a todas luces un negocio bastante redondo.


jueves, 2 de julio de 2009

La precipitada “dimisión” de Saiz deja al frente del CNI a otro hombre cercano a José Bono

Ya es pública la «dimisión» de Alberto Saiz, el hombre puesto al frente del CNI por su primo putativo y padrino político, José Bono. Con el cese de este perito agrónomo, estoqueado por un pez espada y rematado por una granizada de patatas gallegas, el Estado recupera la normalidad, pero es más dudoso que en Moncloa se comprenda el alcance del acontecimiento o, mejor dicho, el alcance de lo que el acontecimiento enseña.

Esta es la tercera vez que el Gobierno de España tropieza en la piedra toledana. En la primera de ellas, Rodríguez Zapatero tuvo que «dimitir» a Bono poco después de haberle nombrado Ministro de Defensa. Sus lazos con el Pocero eran ya demasiado manifiestos, igual que manifiesto era el fumus malus iuris que desprendía el escándalo de Seseña, un asunto que se disputa el título de paradigma de la corrupción política, con el caso Malaya.

Cuando aún no habían terminado, ni mucho menos, las consecuencias de la aparición del Pocero en Seseña ―donde hay un imputado por corrupto y ninguno por corruptor― otro de los hombres de confianza de José Bono y consejero de sus gobiernos manchegos, Juan Pedro Hernández Moltó, llevaba a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha y se descubría que en ese fiasco tenían un considerable papel la financiación de CCM a sociedades y personajes del hampa marbellí.

Ahora, lejos aún de que los asuntos de Seseña y de CCM estén resueltos, el grotesco episodio de Alberto Saiz tiene que liquidarse a mano airada sin poder esperar, ni siquiera, a agosto como esta misma mañana decía un medio de comunicación que iba a ocurrir.

Sin embargo este apresuramiento es delator y huele a componenda. El País publica esta tarde que el sustituto de Saiz, el general Sanz Roldán, es un «hombre de Bono y del respeto de Zapatero» lo cual es decir mucho sin decir nada.

Otra vez, como ya ocurrió tras la primera dimisión de Bono, Zapatero se ve obligado a suministrar oxígeno a su enemigo. El leal Saiz «dimite» antes de lo previsto pero, a cambio, José Bono no se queda completamente «sordo», no pierde por completo su influencia en los servicios secretos. La ve debilitada ―porque no me imagino al general Sanz asumiendo la servicial actitud del primo político― pero no destruida.

El miedo, una vez más, ha hecho temblar la mano de Zapatero frente a Bono y con ese temor y temblor incuba gravísimos problemas; lo mismo que hace María Dolores de Cospedal, a quien el sentido común le está pidiendo a gritos que depure urgentemente su partido en Castilla-La Mancha mientras el temor o la prudencia la tienen paralizada.

Los dos, Zapatero y Cospedal tienen un trabajo pendiente en Toledo. Allá ellos si se empeñan en dilatar lo inevitable. De momento el Tomo VI del sumario del Caso Astapa, el primero del que se levanta el secreto, parece traer interesantes revelaciones. Estudiaremos ese sumario con detenimiento.

miércoles, 1 de julio de 2009

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas, Toledo, fue grabado mientras agredía a una de las concejales de su equipo de gobierno

Esta semana la revista Interviú pone al día la noticia de unos hechos ocurridos en diciembre de 2008, los cuales pasaron desapercibidos en Castilla-La Mancha y no sin la inapreciable ayuda del gobierno de Barreda y del propio PSOE regional, que cada día que pasa demuestra más tener sus propias reglas.

Como digo, en diciembre de 2008 un individuo que atiende al nombre de Agustín Jiménez Crespo, alcalde de la localidad toledana de Noblejas desde 1983 hasta la fecha y que, además, ha desempeñado diversos cargos en la Administración regional bajo los gobiernos de José Bono y del propio Barreda; empujó, retorció un brazo y propinó un puñetazo en la cara ―según informa Interviú― a la concejal de su propio partido Belén Gutiérrez.

La agresión, miserable añado yo, fue recogida por las cámaras de seguridad del Ayuntamiento y, a pesar de la mala calidad del video (es aconsejable descargar el archivo para poder reproducirlo en un formato mayor) ésta se puede apreciar claramente. Sucede al fondo de la imagen, hacia la mitad de la grabación, junto a la columna amarilla que se aprecia en la sala. En principio el tal Agustín Jiménez entra, con camisa blanca, seguido de varias personas, entre ellas Belén Gutierrez. En un momento dado, el alcalde se vuelve, empuja violentamente a la concejal hasta arrinconarla y allí consuma la agresión.



Poco después, durante un acto celebrado en la localidad, la propia Belén Gutierrez puso los hechos en conocimiento del consejero del gobierno de Barreda, Fernando Lamata. Lamata, a quien también se le conoce en Carranque por respaldar públicamente al imputado por corrupción Alejandro Pompa, continuó el acto junto al alcalde Agustín Jiménez reiterando “el compromiso del gobierno de Barreda” con los pueblos de la región.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Noblejas tiene cierta tradición en organizar actos contra la violencia de género. Así, por ejemplo, en noviembre de 2006, este pueblo toledano acogió los actos del Día Internacional Contra la Violencia de Género. En esos actos intervinieron José María Barreda y el propio Agustín Jiménez.

Barreda, fiel a su estilo pastoril, dijo que “es inaceptable que un hombre abuse de una mujer”, que “un maltratador es un tirano y hay que censurarlo cuando utiliza la fuerza desde su posición superior” o que los malos tratos “no son un asunto privado. Nos incumbe a todos. No podemos dejar indefensa a la víctima”.

A continuación tomó la palabra Agustín Jiménez, el ahora condenado por agredir a Belén Gutiérrez, y mostró su satisfacción “porque hoy esta localidad sea referencia de igualdad entre hombre y mujeres y de lucha contra los malos tratos”.

Con este, que se sepa, ya son dos los alcaldes de Toledo condenados por agredir a personas indefensas o en situación de inferioridad. Agustín Jiménez Crespo, que según sentencia de primera instancia es culpable por golpear a una mujer, y Alejandro Pompa, condenado en firme ―la noticia se puede descargar desde aquí― por abofetear a un anciano de 82 años.

Sin duda, el gobierno de Barreda parece estar muy comprometido en “censurar” a aquellos individuos que utilizan la fuerza “desde su posición superior” y a los que el propio Barreda tacha de “tiranos”, pero como las cosas de este mundo tienen que ser consistentes, podemos apostar a que en Noblejas hay importantes intereses que, a la vista de los responsables del PSOE toledano y del presidente Barreda, justifican sobradamente que individuos como Agustín Jiménez o Alejandro Pompa no hayan sido “censurados”, sino que por el contrario, sigan disfrutando de la protección del partido, de sus responsables y del propio Gobierno de Castilla-La Mancha.