viernes, 28 de diciembre de 2007

CUI PRODEST?

Cui prodest scelus, is fecit”. Aquel al que aprovecha el crimen, lo cometió.

El sábado 15 de julio de 2006, “El Mundo” publicaba un artículo que comenzaba así: “El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha permitido que el multimillonario promotor Francisco Hernando, conocido como Paco el Pocero, construya una nueva ciudad en el municipio de Seseña sin obligación de que ninguna vivienda sea de protección oficial

Así consta en la denuncia presentada por Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, a la cual, por cierto, se le acaba el plazo para investigar el caso Seseña sin, ni siquiera, haber llamado a declarar al tal Francisco Hernando.

A lo dicho en la denuncia de I.U. replicó el Consejero de Vivienda Alejandro Gil que la actuación de la Junta había sido “irreprochable” en todo lo concerniente al asunto de Seseña, tan irreprochable y con tanta sujeción rigurosa a la ley como lo han sido las tramitaciones, por ejemplo, del PAU del campo de golf de Carranque o del PAU de la vía férrea de Illescas, el cual deja las catorce mil viviendas del Pocero en una minucia.

Las prueba de la actuación irreprochable de la Junta, según el consejero Gil, radica en el hecho indiscutible de que la reserva del 50% de las nuevas edificaciones para vivienda de protección oficial, sólo es aplicable a municipios de más de 10.000 habitantes. Seseña, censados, no tenía, en ese momento, más de 9.200.

Esto es cierto, si por cierta y autorizada se entiende una determinada interpretación de la ley pero el Consejero Gil olvidaba, en tan estricta aplicación de la LOTAU, la ley del suelo de Castilla-La Mancha. En primer lugar que la propia Ley excepciona ese límite de 10.000 habitantes, cuando se trate de supuestos de “conurbanización”. Este neologismo de sin par esnobismo tecnocrático, hace referencia al supuesto de “varias ciudades que se integran” lo que cuadra mucho teniendo en cuenta que el “Residencial Francisco Hernando” se construye a 4 kilómetros de Seseña y con servicios propios.

Sin embargo, tampoco se puede acusar a Gil de hacer una interpretación torcida de la ley porque con una previsión muy oportuna, el Gobierno de Castilla-La Mancha introdujo en el texto refundido de la LOTAU de 28 de diciembre de 2004 una Disposición Transitoria que eximía a los proyectos que para entonces tuvieran una “aprobación inicial” (justo el caso de Residencial Francisco Hernando) Que no definitiva, de la obligación de reservar el 50% de la construcción para viviendas de protección oficial.

El resultado práctico de esta Disposición Transitoria es que ONDE 2000, la empresa de “Paco el Pocero” se ahorraba 700 millones de Euros, 116.470.200.000 de pesetas.

Cui prodest? A Francisco Hernando sin la menor duda, pero con 700 millones de Euros, hay para beneficiar a muchas personas y para ser generoso con muchos amigos. Por ejemplo, aún está por explicar qué hacían las máquinas de ONDE 2000 trabajando en el picadero del que José Bono es socio aunque, sin duda, las investigaciones del fiscal Polo, tan presto en cerrar el asunto PEYBER-CARRANQUE, darán cumplida razón de este hecho y de otros.


Las máquinas de "El Pocero" trabajando en la finca de Bono.

Es de señalar que el principal problema de “Residencial Francisco Hernando” no es el Alcalde de I.U. Manuel Fuentes, sino el suministro de agua, suministro que es competencia de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, que continúa estando presidida por Alejandro Pompa.

Es lógico que a Pompa se le hagan los dedos huéspedes y no sólo por los asuntos que tiene pendientes en los tribunales (y los que tendrá) Sino porque empieza a haber demasiada gente reclamándole agua, demasiada gente y demasiado césped en el campo de golf.

Por cierto, me ha llegado un "soplo" interesante. Bono no tiene la menor intención de volver a Madrid si no es como Presidente del Gobierno. Esto supondría la repetición de la cuchillada que propinó durante las elecciones municipales a su propio partido. Dentro de poco, sabremos si mi informante es de los buenos.


miércoles, 5 de diciembre de 2007

El largo pero lento brazo de la Justicia

Poco a poco, con lentitud pero implacablemente, los Tribunales van sacando a la luz el submundo de corrupción que parece infectar a demasiados Ayuntamientos españoles. Los últimos golpes son los de la operación “Guateque” (que, por cierto, afecta a una concejalía del Ayuntamiento de Madrid que algo tiene que ver con los problemas que le están surgiendo a la compañía CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L., inclusa en el conglomerado PEYBER; en el distrito madrileño de Villaverde) Y los del pueblo murciano de Totana.

No están parando aquí las cosas. Francisco Hernando, el “Pocero de Seseña”, está a punto de ingresar en prisión. Condenado, con sentencia firme, a cuatro años de prisión y multa de otros casi cuatro millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública, ahora, según ha publicado “El País”, pide “tiempo” para reunir el dinero y dejar en suspenso la ejecución de la pena, mientras espera a ver qué pasa con su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Esto no ha impedido al constructor interponer una acción de reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Seseña, por un total de dos millones y medio de euros, debido a que sus pisos del PAU de “El Quiñón” no se están vendiendo al ritmo esperado, cosa de la que es culpable, a su juicio, el citado Ayuntamiento.

Por otro lado, Carranque sigue proporcionando noticias a los medios de comunicación. Así, el semanario “Epoca” del 23 al 29 de noviembre del año en curso, publica a dos páginas y bajo el título “un alcalde socialista, en la rueda del delito” la noticia según la cual Alejandro Pompa ha sido reconocido por testigos como el individuo que hizo entrega y encargó el envío de una remesa de cartas que bajo el membrete PIP (Partido de los Intereses Particulares) fueron remitidas a los vecinos de Carranque durante la pasada campaña electoral. El asunto, según publica la revista, sigue siendo investigado por la policía judicial y por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas.

lunes, 3 de diciembre de 2007

Fernández Vaquero y Seseña

Esta interesante noticia fue publicada por "El Mundo":

"Según un comunicado oficial emitido por el PSOE de Toledo el pasado martes (ver reproducción adjunta), a partir del 29 de marzo de 2004 «no hay concejal alguno que represente al PSOE en el Ayuntamiento de Seseña». En esa fecha, la Comisión Ejecutiva del PSOE, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, disolvió la Agrupación Municipal Socialista por causas no explicadas oficialmente. Sin embargo, las relaciones entre el PSOE y sus concejales han continuado después. El secretario de Organización del PSOE de Toledo, Jesús Fernández Vaquero, envió, por ejemplo, un año después de la disolución un fax a Felipe Sancho, uno de los principales acusados por Izquierda Unida en la trama de El Pocero, proporcionándole datos para que pusiera objeciones a los presupuestos municipales de ese año frente al alcalde Manuel Fuentes (IU).El PSOE reniega oficialmente de sus concejales de la localidad toledana de Seseña, acusados de corrupción por su relación con el constructor Francisco Hernando -Paco el Pocero-, pero en realidad les sigue dando instrucciones.

El fax, desvelado ayer por IU, supone todo un ejemplo de confusión entre los planos político e institucional. Aunque se trata de una relación entre un secretario de Organización de un partido y su grupo político, el fax es enviado desde el despacho de Fernández Vaquero en las Cortes de Castilla-La Mancha. El número de remitente (ver portada) es el suyo personal como secretario primero del Parlamento regional.

En cuanto a la documentación que envía a Sancho, se percibe que le fue enviada previamente a Fernández Vaquero desde la Presidencia de la Diputación de Toledo. Es decir, desde el despacho de José Manuel Tofiño. Éste, también socialista, pudo utilizar técnicos de la Diputación Provincial, para que el PSOE de Seseña, en la oposición, tuviera arsenal suficiente contra el alcalde Manuel Fuentes, perteneciente a Izquierda Unida. El PSOE de Toledo se negó ayer (ver información adjunta) a aclarar el contenido de ese fax. Por otra parte, fue enviado a Sancho en vez de al portavoz municipal socialista en esas fechas, Felipe Torrejón. Éste dimitió en junio de 2005 «por razones de conciencia al ver que Sancho y otros concejales defendían intereses particulares en vez de los del municipio».

Fue la coordinadora provincial de IU en Toledo, Sonsoles Arnau, la que hizo público ayer el documento de Fernández Vaquero. Según declaró ayer Arnau a este diario, en su opinión el comunicado del PSOE de Toledo del pasado martes desmarcándose de sus concejales en Seseña «es un intento de eludir responsabilidades políticas por la aprobación del Programa de Actuación Urbanística de El Quiñón». Así se denomina al espectacular proyecto urbanístico de Paco el Pocero, con 13.508 viviendas, en lo que constituye, según el multimillonario, la principal promoción privada de España en este momento. Este PAU fue aprobado por el equipo municipal socialista en el último Pleno antes de perder las elecciones de 2003. El vencedor de esos comicios, Fuentes, gobierna desde entonces en minoría y los votos conjuntos del PP y PSOE en favor de El Pocero han permitido que el proyecto siguiera avanzando. Fuentes, no obstante, presentó el pasado mes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por considerar que el constructor tiene una red que salpica también no sólo al PSOE municipal, sino a la Junta de Castilla-La Mancha, entre otros.

Arnau subrayó que el secretario general del PSOE de Toledo y vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, se reunió con Fuentes y el coordinador general de IU, Cayo Lara, el 15 de junio de 2004 y les pidió que, aunque había disuelto la Agrupación Local, no hicieran escándalos ni atacaran al anterior presidente de la Junta, José Bono. También que negociaran con El Pocero para sacar adelante su proyecto y que, a cambio, Seseña tendría «trato de ayuntamiento socialista», pese a estar gobernado por IU. En esa época, esta coalición ya había detectado que El Pocero estaba haciendo obras en las instalaciones hípicas de Bono y su familia.

IU consideró ayer «de extrema gravedad» que el PSOE de Toledo reniegue en público de sus concejales pero siga manteniendo contacto con ellos en privado, y emplazó a García-Page a explicar por qué disolvió el PSOE la Agrupación Local de Seseña. Para Arnau, el PSOE «debe dejar de mentir a los ciudadanos sobre este asunto», y preguntó si es «normal» que el anterior alcalde de Seseña, José Luis Martín, el titular de Vivienda y El Pocero se reunieran el mismo día de la aprobación del PAU en el Pleno.


Omite explicar el fax a Sancho, pero pide investigar a IU

MADRID.- El PSOE de Toledo obvió ayer explicar en un comunicado por qué ha seguido teniendo relación con concejales que, oficialmente, no son ya del partido, como muestra el fax al edil Felipe Sancho; sin embargo, arremetió contra Izquierda Unida.

El PSOE de Toledo anunció, según informa Efe, que exigirá que se investigue la actuación del alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, en el PAU de El Quiñón y en cualquier otra iniciativa urbanística de la localidad y le pidió que explique el uso que se ha hecho de las «cuantiosas» plusvalías generadas por el urbanismo.

En un comunicado de prensa tras las declaraciones públicas de IU, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE acusa a Fuentes y otros dirigentes de la coalición de Gaspar Llamazares de «mentir descaradamente» en torno la situación de Seseña. En el comunicado, el PSOE insiste en que la Agrupación Socialista de Seseña está disuelta desde el 29 de marzo de 2004 y expone que la dirección provincial conoció la aprobación del PAU -que tuvo lugar en mayo de 2003, cuando el PSOE gobernaba Seseña- «seis meses después de que ésta se produjese». Además, expone que, al estar disuelta la Agrupación Local, será la dirección del PSOE de Toledo la que elija la candidatura que concurrirá a las elecciones de 2007.

Sobre el fax a Sancho y las razones de disolución de la Agrupación, el PSOE sostiene que «no se ve en la obligación de explicar a IU los pormenores de esta situación, al igual que IU no explica los pormenores de sus decisiones asamblearias de Seseña». Y afirma que el PSOE sólo ha actuado en Seseña para «garantizar la estabilidad y gobernabilidad del Ayuntamiento de este municipio a una fuerza política en minoría», en alusión a Fuentes".

sábado, 1 de diciembre de 2007

El Gobierno de Bono ignoró un informe jurídico para favorecer a 'El Pocero'

Así titula este artículo ElEconomista.es

"Un técnico municipal de Seseña dijo que era imposible declarar legal el PAU El Quiñón. El ejecutivo municipal del PSOE utilizó un estudio de medioambiente sin registrar.

Francisco Hernando, conocido como "El Pocero de Seseña", es el constructor más existoso de esta pequeña localidad toledana prácticamente desconocida para la inmensa mayoría de los españoles. La faraónica obra que está levantando "El Pocero", compuesta por más de 13.500 viviendas, le convertirá sin duda en uno de los empresarios "estrella" del sector.

Su existosa historia, sin embargo, puede verse empañada por las acusaciones que han llegado a la Fiscalía Anticorrupción de presunto favoritismo del Gobierno de Castilla-La Mancha, gobernado por José Bono en los años en los que se adjudicó el PAU (Plan de Actuación Urbanizadora) a Hernando.

Nació pobre y ahora es un millonario promotor inmobiliario, dueño del barco más grande de España, con 50 metros de eslora, y presume de conocer al Rey. Sin embargo, su sueño se ha visto empañado por la polémica construcción del Quiñón, el PAU que se está levantando en Seseña, a poco más de 30 kilómetros de Madrid.

El lunes, Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña por Izquierda Unida; Cayo Lara, representante de IU en Castilla la Mancha; y Manuel Cámara, secretario de Organización de IU Federal, presentaron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal, delito contra la Hacienda pública y presunto trato de favor de la Consejería de Obras Pública de Castilla la Mancha hacia Onde 2000, sociedad de Francisco Hernando que está urbanizando el PAU de El Quiñón.

Entre los documentos que ha presentado ante la Fiscalía destaca el informejurídico elaborado por un técnico del Ayuntamiento en contra del proyecto, al que ha tenido acceso elEconomista. El documento tiene fecha del 6 de mayo de 2003, es decir, dos días antes de que el Ayuntamiento de Seseña, entonces gobernado por el PSOE, aprobara la adjudicación del PAU El Quiñón a Onde 2000. Quince días después, el Partido Socialista perdió las elecciones municipales en favor de Izquierda Unida, que siempre se había opuesto a esta adjudicación.

El informejurídico señala que "para poder realizar un pronunciamiento sobre la adecuación a la legalidad de la propuesta realizada por Onde 2000 y el procedimiento adecuado para llevarla a efecto sería necesario realizar un estudio más profundo y detallado de la misma, donde se complemente o aporte mayor documentación que permita concretar el cumplimiento de los requisitos legales".

A pesar de este informe desfavorable, el Pleno de Ayuntamiento de Seseña aprobó el PAU con seis votos a favor del PSOE, cuatro en contra (dos del PP y dos de IU) y la abstención del PIE (Plataforma Independiente de España). La votación, celebrada el 8 de mayo, se hizo en un pleno extraordinario pocas horas antes de comenzar la campaña electoral y este punto estaba fuera del orden del día.

La Comisión Provincial de Urbanismo había dado luz verde al proyecto dos días antes, y quedó sellado en el registro de salida de la Consejería de Obras Públicas el 8 de mayo, pero su llegada oficial al Ayuntamiento de Seseña no no fue registrada hasta el 21 de mayo, es decir, 13 días después de aprobarse el PAU El Quiñón, según la denuncia presentada en Anticorrupción.

lrregularidades y recursos
En su querella sobre las irregularidades cometidas en la adjudicación, los representantes de IU también señalan las dudosas circunstancias en que se obtuvo un informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente favorable al proyecto, que la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo exigía previamente para dar luz verde al PAU.

Con fecha 8 de mayo, el delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente puso su rúbrica a un informe favorable al PAU El Quiñón. Es decir, un día después del visto bueno emitido por la Comisión Provincial de Urbanismo. Sin embargo, este documento, al que ha tenido acceso elEconomista, no tiene el sello de registro de entrada o salida de ninguna administración pública.

Tras ganar las elecciones municipales el 25 de mayo de 2003, el nuevo alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, presentó un recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación del PAU El Quiñón. El recurso, que Fuentes basó en las "graves irregularidades detectadas" recibió el visto bueno de todos los grupos que, sin embargo, volvieron a votar en favor de la adjudicación el 9 de octubre. Sólo IU se manifestó en contra del PAU".

jueves, 22 de noviembre de 2007

Paralizan la escombrera de PEYBER

Según "El País":

"Unos doscientos vecinos del barrio de Perales del Río, en la localidad de Getafe, paralizaron ayer las obras de una planta de tratamiento de residuos inertes (escombros) que se está construyendo en el término municipal de Madrid, pero muy cerca de sus viviendas. A la protesta se sumó el alcalde getafense, Pedro Castro (PSOE).

Los vecinos irrumpieron en las obras al mediodía con pancartas con el lema Madrid contamina a Perales del Río y con su presencia impidieron el paso de los camiones. "La construcción de esa planta es una barbaridad. Han iniciado las obras sin avisar al ayuntamiento, sin contar con los vecinos y sin informe de impacto ambiental", afirmó Pedro Castro.

"No es ni una escombrera ni un vertedero. Es una planta de residuos no contaminantes", aseguró un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente. La planta es un proyecto de iniciativa privada a cargo de la empresa Centro de Tratamiento de Inertes, S. L.. "La empresa nos solicitó una declaración de impacto ambiental y la dimos positiva. La declaración fue sometida a información pública y ni el Ayuntamiento de Getafe ni la Consejería de Medio Ambiente presentaron alegaciones", agregó dicho portavoz. Las obras están en pleno movimiento de tierras y la consejería desconoce cuándo empezará a funcionar la planta, que ocupa 75.000 metros cuadrados.

El alcalde de Getafe ha pedido a la consejería que paralice las obras y los vecinos aseguran que piensan volver a la zona "las veces que haga falta". "Si es preciso, acamparemos", concluyeron".

miércoles, 21 de noviembre de 2007

La escombrera de PEYBER en Villaverde

Estos son algunos datos, que reproducimos por su evidente interés, publicados por MADRIDIARIO.ES.

En Perales del Río, una pedanía de la llamada "capital del sur", Getafe, y de la que dista unos seis kilómetros, viven más de 7.000 vecinos. Y todos ellos se quejan de lo mismo: "Toda la mierda de Madrid viene a parar aquí", afirma rotundo Nicanor Briceño, presidente de la Asociación de Vecinos de Perales del Río. Y continúa diciendo que "aquí están jugando con la salud de los vecinos del barrio, con la salud de los vecinos de Getafe".

Y es que esta pedanía, que está pegada a Villaverde Bajo, está rodeada de infraestructuras dedicadas al tratamiento de residuos de todo tipo: la incineradora de Valdemingómez, tres depuradoras y una planta de secado de lodos. Además, en breve, tendrán también una escombrera. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la construcción de una planta de tratamiento de residuos inertes que aunque estará en el término municipal de Madrid, se situará a unos 200 metros de las viviendas de Perales del Río y a 150 metros de un colegio de monjas y una guardería.

Colegio Santa Teresa"Estamos hablando de muchas infraestructuras que hacen que se vaya degradando la zona. Es de hecho, la zona de Europa que concentra más instalaciones de este tipo", dice Miguel Ángel Romero, concejal del barrio de Perales. El presidente de la asociación de vecinos opina igual y asegura que "todo está alrededor de las casas, y en muchos casos, ni se cumple la distancia mínima que marca la ley". Según la legislación de la Comunidad de Madrid sobre actividades nocivas, molestas, insalubres y peligrosas, las infraestructuras destinadas al tratamiento de residuos tienen que estar como mínimo a 2000 metros de las viviendas. Sin embargo, en Perales del Río no se cumple.

De hecho, la evaluación de impacto medioambiental que realizó la Comunidad de Madrid en 2005 corroboraba que en algunos casos sólo hay 100 metros de distancia entre la escombrera y la población urbana. Además, en esa misma evaluación medioambiental se reconocía que los animales y la flora podían tener problemas de salud. En cambio, "en ningún párrafo se refiere a la salud de las personas", señala el presidente de la asociación de vecinos. Sin embargo, la Comunidad de Madrid dio el visto bueno a la nueva planta de inertes.

Aunque no existe un informe concreto sobre cómo podría afectar a la salud de los vecinos, los médicos del centro de salud del barrio advierten de que "el establecimiento de una planta de residuos inertes en la zona básica de Perales del Río, dado la existencia de otros posibles contaminantes no nos parece adecuada, ya que puede añadir otra fuente de contaminación ambiental". A pesar de que no hay ningún informe que lo corrobore, según los vecinos, Perales del Río está por encima de la media en la detección de cánceres.

César García, vecino de El Ventorro de la Apuñalá Pero los getafenses no son los únicos afectados. Y es que a tan sólo 20 metros de la futura escombrera y en frente de la depuradora de Butarque, se levanta el poblado chabolista El Ventorro de la Puñalá, donde malviven unas 200 familias en condiciones infrahumanas, sin agua corriente y sin electricidad, y con el añadido de los malos olores y la suciedad de la zona. "Aquí se vive muy mal. Con esos olores tan fuertes parece que te vas a ahogar, y por las noches es mucho peor", dice César García, uno de los vecinos de El Ventorro, quien añade "además, aquí los mosquitos parecen que te van a comer de lo grandes que son".

Historia de una escombrera
La escombrera Los trámites para la concesión de las licencias y los permisos se iniciaron en el año 2002. Posteriormente, en 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pero al contrario de lo que suele ser el procedimiento habitual, "el Ayuntamiento de Madrid no informó al Ayuntamiento de Getafe, como administración afectada, por lo que no se pudo alegar", argumenta el concejal. De lo mismo se queja Nicanor Briceño. "No nos hemos enterado del tema hasta este mismo año, ya que en el BOCAM sólo decía licencia de construcción de una planta de inertes en tal sector, pero nosotros no conocemos el Plan General de Ordenación Urbana, como para saber que se refería a esta zona".

El día después de las elecciones la empresa constructora empezó las obras. "Ha habido una ocultación permanente de lo que se iba a hacer en esos terrenos. Ni han puesto vallas, ni carteles que anuncien que se iba a hacer ahí", critica Moreno. Desde el primer momento, los vecinos de Perales han paralizado en varias ocasiones el comienzo de las obras, y han llevado a cabo diversas movilizaciones para impedir su construcción.

La futura planta de tratamiento de residuos inertes acogerá unas 12.000 toneladas de residuos y polvo, y generará unos niveles de ruido de unos 90 decibelios. A eso se le suma, que habrá un trasiego de camiones por la zona de entre 200 y 300 vehículos pesados. Además de la eliminación de escombros, la planta podrá tratar hasta 10 toneladas de residuos peligrosos, "a tan sólo 250 metros del río Manzanares", según el concejal.

"Lo único que pedimos es que no se construya la escombrera, que el secado en planta de lodos sea térmico y no al aire libre, y que las depuradoras funcionen mejor", advierte Briceño. Por su parte, el concejal de Perales del Río concluye que "seguiremos luchando para evitar que se construya la planta de inertes u otras infraestructuras similares en la zona. Además, hemos llevado el tema a Europa, y estamos elaborando un informe jurídico y técnico para emprender todas las acciones que fueran pertinentes para que no se construya la escombrera".

martes, 20 de noviembre de 2007

Algunas curiosidades de la corrupción en Madrid

Algunos de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid implicados en la 'operación Guateque' a los que se investiga por la concesión de licencias a cambio de comisiones, son propietarios de viviendas protegidas (VPO), según se desprende del Registro de la Propiedad que ha sido consultado por la Cadena SER. El juez Torres está investigando el patrimonio de estos funcionarios

Llama la atención especialmente el patrimonio de dos de estos funcionarios. Joaquín Fernández Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid tiene tres viviendas. Un Chalet en Villanueva de la Cañada, un piso en Majadahonda, ambos municipios en la provincia de Madrid, y una tercera vivienda en Chiclana, Cádiz, de 113 m2, además de fincas rústicas en Torrejón de Ardoz que suman más de 17.000 metros cuadrados.

El inmueble de Majadahonda, una de las localidades más caras de Madrid, tiene 205 m2 más plaza de garaje. Fernández de Castro lo adquirió a finales de 2006 y sobre él pesa una hipoteca de 528.000 euros, 90 millones de las antiguas pesetas. Según el Registro de la Propiedad, esta vivienda está clasificada como VPO.

Otro funcionario agraciado por las viviendas de protección oficial ha sido Fernando Ruiz Torrejón que trabaja en Gerencia de Urbanismo. Su mujer, con quien está casado en régimen de gananciales, cuenta con una VPO de 106 m2 más plaza de garaje en el Pinar de Chamartín. A ese inmueble hay que sumar un chalet en Benicassim de 341 m2 sobre una parcela de casi 400 m2 y que el matrimonio adquirió en 2005. Sobre esta vivienda no pesa ninguna hipoteca, según el Registro de la Propiedad. Ruiz Torrejón tiene otra vivienda en Madrid: un piso de 71 m2.

No hay dos sin tres. Adrián Luengo, también funcionario de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid cuenta con una vivienda de Protección Oficial en la capital de 77 m2.

viernes, 16 de noviembre de 2007

Tras la pausa el retorno

El caso no ha terminado. La causa no está archivada. Los hechos no han sido negados y la investigación, junto con las acciones judiciales, continúa.
Aquí está, de nuevo, NOTITIA CRIMINIS, difícil de sumergir y más difícil de callar.

martes, 6 de noviembre de 2007

"Un juez investiga al alcalde de Carranque por corrupción urbanística"

Ya hace un año que Eldigitalcastillalamancha.es publicó esta noticia. El procedimiento judicial continúa su curso.

"Un juez de Illescas ha aceptado la denuncia contra el alcalde de Carranque, el socialista Alejandro Pompa Mingo, y dos funcionarios. No hay un solo día sin nuevos casos de corrupción.


5 de diciembre de 2006. Según publica en su edición de este martes ABC, el juzgado número 2 de Illescas ha aceptado una denuncia contra el alcalde de la localidad toledana de Carranque, Alejandro Pompa Mingo (PSOE), y dos funcionarios municipales, Juan Francisco Bravo Collantes y Ernesto Rodríguez Cubas.

Se les acusa de numerosos delitos: tráfico de influencias, prevaricación de funcionarios públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, así como de malversación, delito contra la ordenación del territorio, fraude y exacción ilegal, estafa y cohecho. Esta misma denuncia ya está también presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.

Permuta de parcelas muy valiosas por otra rústica
A los tres implicados se les acusa de «permutar parcelas enormemente valiosas, es decir, parcelas urbanizadas, propiedad del Ayuntamiento, por otra rústica de precio inferior, propiedad de la sociedad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas». «Esto -continúa la denuncia de Manos Limpias, a la que ha tenido acceso ABC- lo llevaron a cabo por mayoría del Grupo controlado por Pompa en el Ayuntamiento de Carranque».

Estos hechos, por los que acaban de abrirse diligencias previas en el juzgado, tuvieron lugar el 18 de febrero de 2003. Para aquel día se convocó un pleno extraordinario y urgente en cuyo orden del día sólo se trataron cuatro puntos de urbanismo. Uno de ellos es el que viene a colación: convenio urbanístico para suelo dotacional público.

Información privilegiada
Se da la circunstancia de que, según consta en la denuncia, uno de los titulares de la permuta, Ernesto Rodríguez Cubas, «había desempeñado en ocasiones el cargo de secretario accidental» del Ayuntamiento, tarea que «viene compaginando con trabajos en una inmobiliaria que opera en el mismo lugar donde éste ejerce de funcionario». Por ello, la acusación considera que «dispone de información privilegiada que utiliza en beneficio propio», además de «conocer e incluso participar en situaciones de modificaciones urbanísticas que se están produciendo o que van a producirse.

Tal como publica ABC, «el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas mantiene unas relaciones -con el alcalde- que van más allá de lo que puede considerarse normal», obra en el escrito legal. Y añade: «El problema se plantea en cuanto a que el Ministerio de Administraciones Públicas no puede intervenir para investigar o expedientar al denunciado Rodríguez Cubas, habida cuenta de que éste es un funcionario no de habilitación nacional, sino local, y su jefe y máximo responsable es quien tolera y aun presuntamente participa en sus negocios urbanísticos; esto es, Alejandro Pompa Mingo». Estos hechos están también denunciados ante el Ministerio de Administraciones Públicas.

Acceso a todo tipo de documentos

La operación urbanística quedó aprobada y, según la acusación, «los denunciados diseñan una operación para, presuntamente, salvar su responsabilidad»: Rodríguez Cubas pide la excedencia a Pompa, que se la concede. «Don Ernesto», como se le conoce en la zona, parece ser que «entra, sale, consulta planos, tiene acceso a todo tipo de documentos que a la oposición niega».

En cuanto al tercer protagonista de la supuesta trama, Bravo Collantes, es quien ejerció de secretario en el mencionado pleno, y se le supone la tercera pata del entramado.

Asimismo, se considera que el alcalde Pompa Mingo y Ernesto Rodríguez Cubas «han multiplicado sus ingresos hasta tener fuertes incrementos patrimoniales y formas de vida suntuaria»".


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lunes, 23 de abril de 2007

Sepan cuántos esta carta de fe vieren, como yo, Tofiño Pérez, no soy ladrón, ni lo fuera si pudiere como es que lo puedo y mucho


“Sepan cuántos esta carta de fe vieren, como yo, Tofiño, no Arrogante, sino Pérez, vecino del lugar de Illescas, jurisdicción desta ciudad de Toledo, otorgo y conozco que doy y otorgo mi testimonio cumplido, bastante, según que lo sé y de derecho se requiere y más puede y debe valer, de que no soy ladrón, ni lo fuera si pudiere como es que lo puedo y mucho.
En firmeza de lo cual, otorgué esta carta ante el escribano público y testigos de yuso escritos, que fue fecha y otorgada en el dicho lugar de Illescas, veinte y uno días del mes de marzo de dos mil y siete años.
Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre, al cual yo el presente escribano doy fe que conozco”.
Así de solemne o quizás más podía haber sido el certificado con el que Tofiño, no sólo pretende que quede probada su inocencia y excluida su responsabilidad por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros delitos varios del catálogo de los que pueden cometer los alcaldes y gente con mando en plaza, sino fundamentar su anunciada —y de la que no se tienen noticias— Acción por injurias y calumnias contra José Esteban Chozas y contra Sonsoles Arnau, ambos de Izquierda Unida de Toledo; y por tan solemne o más que hubiera sido, no por ello tendría más valor ni sería menos inútil
El caso es que, durante el Pleno del Ayuntamiento de Illescas de 28 de marzo del corriente, José Manuel Tofiño Pérez dijo: “Yo te puedo demostrar, y de hecho hay una (palabra ininteligible) Palpable y es que cuatro certificados de este Ayuntamiento, firmados por el señor secretario, han sido enviados al juzgado de Toledo para demostrar que, ni José Manuel Tofiño Pérez, ni José Manuel Tofiño Arrogante, han tenido nunca nada que ver, por ahora, desde el año 95, que yo soy Alcalde, con ninguna empresa de ningún tipo, ni urbanística, ni de ningún otro tipo… Que te quede claro (voces: Peyber, Peyber…)”.
Como ese Pleno fue grabado y como constan que estas palabras fueron las literales de Tofiño, no faltamos a la verdad ni la ofendemos, sino que la honramos, al decir que este hombre parece, al menos en esta materia, un fementido muy desenvuelto.
En su día ya demostramos, con documentos públicos, que Tofiño Arrogante sí que tenía “algo que ver” con una empresa “urbanística” y con un grupo empresarial inmobiliario, es decir, con SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L. y con el Grupo PEYBER. No hace falta darle más vueltas a eso.
Sin embargo, rodando por diversos vericuetos, ha venido a caer en manos de NOTITIA CRIMINIS el texto de esos certificados a los que se refería Tofiño y que, en realidad, no parecen cuatro, sino uno con cuatro puntos.
Ahí, lo que el Secretario del Ayuntamiento de Illescas Francisco Campos Colina“certifica” a petición de Tofiño, es que SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS etc., “no ha sido adjudicataria de ningún procedimiento de contratación promovido por el Ayuntamiento de Illescas”. También que “PEYBER HISPÁNICA S.L. no ha sido adjudicataria de ningún procedimiento de contratación promovido por el Ayuntamiento de Illescas”. Que, en relación con el Convenio Urbanístico de Soterramiento de la Vía Férrea “la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS etc., no ha participado ni suscrito el convenio de referencia”. Por fin que, en relación con el citado Convenio “la mercantil PEYBER HISPÁNICA S.L no ha participado ni suscrito el convenio de referencia”.
En definitiva, que el “escribano público” de Illescas certifica lo que a nadie interesa que certifique, ni siquiera a Tofiño, porque lo que él dijo en el Pleno del 28 de marzo fue que el Tal Secretario había dado fe de que ni su señora esposa, ni su señora o señorita hija, ni su señor hijo, habían tenido “nunca nada que ver, por ahora, desde el año 95, que yo soy Alcalde, con ninguna empresa de ningún tipo, ni urbanística, ni de ningún otro tipo” y eso el Secretario Interventor de Illescas, ni puede certificarlo porque es mentira, ni tampoco lo puede certificar porque no es competencia de ningún Secretario de Ayuntamiento dar fe de a qué se dedica o no se dedica el hijo del Alcalde.
Mejor hubiera sido, para la causa de la salud pública, que el Secretario Camposhubiera tenido la diligencia de advertir que, si bien es cierto que PEYBER u otra sociedad de la nutrida lista de “marcas” que forman el Grupo PEYBER, no ha sido adjudicataria de ningún procedimiento de contratación promovido por el Ayuntamiento de Illescas, ni ha firmado el Convenio de la vía férrea, sí que ha resultado adjudicataria de un procedimiento de contratación promovido por la Diputación Provincial de Toledo, de la que es Presidente Tofiño Pérez, padre de Tofiño Arrogante, Administrador mancomunado de SISTEMAS etc. y socio del Grupo PEYBER y que ese “procedimiento de contratación” ha supuesto unos 27 millones de Euros, bien corridos, para CONCESIONARIA BERVIA S.A., que sí es una mercantil participada al 50% por PEYBER y que se ha quedado con la reparación y mantenimiento de las carreteras de la Zona 2 de la provincia de Toledo.
También hubiera sido de agradecer, en pro de la causa pública, que el Secretario Campos hubiera recordado que el yacimiento arqueológico, el enterramiento visigodo descubierto en Illescas, en las proximidades del Arroyo de Boadilla, en un terreno que están urbanizando CARVIER S.A. —la empresa del amigo Carlos Durán— y PEYBER, ha sido destruido —aún no se sabe en qué grado o si total o parcialmente— Por esas empresas, una de las cuales, PEYBER, es parte del grupo inmobiliario en el que está incluida la mercantil —SISTEMAS etc.— Que los Peinado y los Bermejole crearon, según declaró a “La Tribuna de Toledo” el propio Ricardo Díaz Bermejo, al hijo de Tofiño para que empezara a trabajar tras finalizar sus estudios.
En cualquier caso, estas cosas tampoco son competencia del Secretario de un Ayuntamiento. Lo que aquí resulta grotesco, no es lo dicho o lo dejado de decir por el “escribano público”, sino la utilización falaz, que Tofiño hace y el Secretario consiente, de una institución pública para encubrir y enturbiar lo que son claros indicios de criminalidad.
Por otro lado, con esta práctica Tofiño no hace más que volver a demostrar lo juntas y paralelas que andan su vida y la de Pompa —quién, por cierto, no sale de un embrollo, cuando ya está metido en otro— Porque eso mismo fue lo que hizo Pompa cuando a su quejumbrosa carta a los vecinos de Carranque adjuntó una certificación del Secretario Bravo Collantes en la que se incluía el texto mutilado del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Carranque de fecha 16 de octubre de 2003, texto que recogía el Convenio de Permuta de solares entre el Ayuntamiento y una de las empresas del funcionario de confianza Ernesto Rodríguez Cubas.
En este caso, con la misma aparente intención de exculpar a su Alcalde, Bravo Collantes no certificaba mentira, sino verdad parcial, igual que el Secretario Campos no certifica lo falso, sino cosas que no son las que están en entredicho y que a nadie interesan porque no son objeto de disputa.
En fin, todos los documentos citados aquí, incluido el texto íntegro del certificado de Tofiño, están disponibles para su descarga en la “Caja de Documentos” de la columna lateral del blog. Basta buscarlos con la barra lateral de la “caja” y pinchar sobre el que interese descargar. Que quien pueda juzgar, juzgue y quien pueda condenar, condene. Desde Notitia Criminis lo que hacemos es denunciar y, además, convenir en que Conan Doyle tenía razón cuando dijo que, frecuentemente, lo grotesco enmascara el crimen.