martes, 27 de julio de 2010

La oposición de Alcobendas denuncia posible prevaricación en un intento de adjudicación de obra a la constructora Peyber

Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.

Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid.

A continuación las declaraciones del concejal Angel Sánchez y la noticia tal y como aparece en la página de la Cadena Ser:







“Los socialistas de Alcobendas afirman que los tenientes de alcalde del ayuntamiento, Mónica Sánchez y Agustín Martín y la concejala de Obras, Paloma Cano, podrían haber incurrido en una ilegalidad al proponer y votar a favor de la adjudicación de las obras del centro de salud de Valdelasfuentes a la constructora que consiguió la segunda puntuación del concurso.

Esta empresa, Peyber Hispánica, consiguió una puntación de 65,14 frente a BM3 Obras y Servicios que obtuvo 68,70 puntos. Según el concejal socialista presente en la mesa de adjudicación, Ángel Sánchez Sanguino, los ediles populares argumentaron su desconocimiento de la empresa con mayor puntuación y su miedo a encargar la obra a esta constructora.

Según el PSOE, Sánchez Sanguino, la concejal de IU, María Benito Durango, la interventora municipal y el director general de la asesoría jurídica municipal votaron en contra de la propuesta de los ediles.

Sánchez Sanguino afirma que la arbitrariedad de los concejales populares frente a una resolución clara del informe técnico podría ser constitutiva de delito.

Desde el equipo de gobierno afirman que los tres ediles presentes en la mesa de adjudicación consideraron más favorable, para los intereses del ayuntamiento y el cumplimiento de las obras, la segunda empresa mejor valorada por los técnicos. Ante esta situación, que según el gobierno municipal se produce habitualmente en la administración local, se encargó un informe jurídico cuya resolución terminó adjudicando la obra a BM3 Obras y Servicios, la empresa con mayor puntuación en el concurso.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo de gobierno insiste en que cualquier mala interpretación de este tema no es más que un afán de la oposición de encontrar algo turbio en un ayuntamiento que ha recibido el Primer Premio en Transparencia en materia de contratación.

Así mismo, se anima al grupo socialista, a que si consideran que se ha producido alguna irregularidad “acudan a la Fiscalía en lugar de tratar de empañar en los medios de comunicación la imagen de la ciudad”.

martes, 20 de julio de 2010

El Tribunal de Cuentas traslada su informe sobre Seseña a Anticorrupción y pide que se reactive el caso de las cartas de pago falsas

Hoy se ha hecho pública la noticia de que el Tribunal de Cuentas traslada sus conclusiones sobre Seseña y la urbanización de El Pocero, a la Fiscalía Anticorrupción, por considerar que lo descubierto por el organismo fiscalizador presenta indicios serios de delito.

Según informa hoy El Mundo, el Tribunal de Cuentas, además, insta a la Fiscalía Anticorrupción a que reactive la denuncia presentada por Manuel Fuentes en 2003 relativa a cinco cartas de pago presuntamente falsas, con las que ONDE 2000 pretendió acreditar que había saldado con el ayuntamiento de Seseña una deuda de 1,29 Millones de €.

El episodio de las cinco cartas de pago –presuntamente– falsas lo narran detalladamente Ruth Ugalde y Alejandra Ramón en su libro “El Pocero de Seseña”.

En 2003, cuando IU ganó a la alcaldía, las primeras pesquisas de Manuel Fuentes y su equipo de gobierno en las cuentas del Ayuntamiento, desvelaron varios apuntes contables pendientes de cobro relativos a cesiones de aprovechamientos y licencias de urbanización. Según esa documentación ONDE-2000 adeudaba al Ayuntamiento de Seseña 1.29 Millones de €.

Cuando se reclamó el dinero al Pocero, éste presentó cinco cartas de pago, supuestamente acreditativas de tener saldada esa deuda, pero firmadas por un “tesorero” que en aquella época no existía. La contabilidad del Ayuntamiento se llevaba en “Papelería Escribano”, la cual, a petición de Manuel Fuentes, certificó que “una vez revisada la contabilidad de ingresos de 2002, no aparece ninguno de los conceptos, cantidades y fechas anteriormente citadas”.

Esta fue la causa de que IU solicitara la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento al Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha. Pese a la gravedad del hecho, la Sidicatura de Cuentas, dependiente del Gobierno de Bono, dio carpetazo al asunto. Este organismo no vio “ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Ante la situación, Manuel Fuentes llevó el caso ante los juzgados: “Dos semanas después –continua el libro citado– el 27 de octubre de 2003, Fuentes llevó ante la justicia a Francisco Hernando del Saz, hijo del Pocero y administrador de ONDE 2000, a Felipe Sancho Ricoy, concejal de Hacienda del ayuntamiento de Seseña entre 1999 y 2003, y a Fermín Martín Carrillo, ex secretario-interventor del consistorio, por impago y por un posible delito de falsificación de documento público. Ese mismo día, el portavoz de la corporación municipal socialista, Carlos Aguilar Sandoval, presentó su renuncia como concejal alegando 'razones personales y de conciencia', y fue sustituido, precisamente, por Felipe Sancho Ricoy, el hombre que mandó al secretario-interventor del ayuntamiento elaborar las cinco cartas de pago falsas y rubricarlas con un garabato donde debería aparecer la firma del tesorero. Al menos, eso fue lo que confesó Fermín Martín Carrillo a Fuentes, según aparece en la denuncia presentada en Anticorrupción”.

Ante esa denuncia Francisco Hernando respondió, según su acostumbrada rutina, asegurando que denunciaría a Fuentas como autor de un delito de denuncia falsa. No obstante, las pruebas eran irrefutables: “Esta vez, las amenazas de Hernando cayeron en saco roto –escriben Alejandra Ramón y Ruth Ugalde– Fuentes le había ganado la mano, tras constatar que no existía registro alguno del pago en la contabilidad municipal, el empresario terminó reconociendo la deuda, a cambio de que el alcalde retirase la denuncia contra su hijo. Un movimiento que, de facto, significaba reconocer que las cartas de pago presentadas ante el ayuntamiento eran falsas. Sin embargo, en el escrito donde se comprometía a saldar la deuda, Francisco Hernando del Saz apuntaba hacia errores contables como fuente de todo el conflicto”.

Llegados a este acuerdo y hecho el pago, Manuel Fuentes retiró la denuncia y la fiscalía tampoco acusó, de modo que sin acusación, ni pública ni privada, el Juzgado de Illescas tuvo que archivar las diligencias.

Pues bien, este episodio de la larga batalla de Seseña, es el que ahora resucita el Tribunal de Cuentas al remitir su informe a la Fiscalía Anticorrupción y advertirla que los delitos denunciados entonces, especialmente los de malversación de fondos públicos y de falsedad de documento público, son delitos perseguibles de oficio, de modo que llegada la notitia criminis a los órganos obligados a actuar, estos deben dar cumplimiento a esa obligación con independencia de que el denunciante mantenga o retire su denuncia.

El hecho tiene una importancia trascendental y la primera consecuencia, salvo que la Fiscalía Anticorrupción persista en su teoría de que Francisco Hernando es ajeno al caso, podría ser la inmediata imputación del famoso constructor, conocido por todo lo descubierto como El Pocero.

lunes, 19 de julio de 2010

El Banco de España denuncia a Hernández Moltó ante la Fiscalía

La institución que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez aprecia indicios de delito en la actuación de Juan Pedro Hernánde Moltó al frente de CCM y trasladará a la Fiscalía el tanto de culpa. La noticia la hace pública hoy El Mundo.

Lo que, en atención al contenido del Pliego de Cargos redactado por el Banco de España, parecía inevitable o, al menos, legalmente exigible, se ha producido, pero 16 meses después de aquella intervención. Esto no es cosa vana puesto que en ese casi año y medio los presuntos responsables de los delitos detectados han contado con un tiempo inestimable para alterar pruebas, para difuminarlas o para dificultar en extremo la investigación judicial. A pesar de ello, el material recopilado por los Inspectores y el aportado por investigaciones periodísticas no deja de ser abrumador.

Al hilo de esto, hay que recordar que el 24 de octubre de 2008, bastante antes de la intervención, El Confidencial publicó un artículo titulado “Los Agujeros de Caja Castilla la Mancha”. Ahí se decía lo siguiente:

“Entre sus actuaciones –las de CCM– se incluyen el aeropuerto de Ciudad Real, necesitado de socios financieros a una semana de su inauguración, a proyectos inmobiliarios con conocidos imputados en operaciones contra la corrupción como Malaya”.

A esas afirmaciones, “un portavoz de la entidad”, contestó diciendo: “Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida... Nadie de esta casa está imputado... Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

Ese “portavoz” también recordará –permítaseme la pedantería– un comentario hecho ese día a la periodista que le había telefoneado: eso son calumnias esparcidas por un blog, pero “ya le hemos denunciado”.

Pues bien, señor “Portavoz” de la ahora desaparecida CCM, hasta aquí hemos llegado y ya veremos hasta dónde llegamos en el futuro.

viernes, 16 de julio de 2010

El PP presenta denuncia contra Hernández Moltó por estafa, falsedad mercantil y delito societario

Según informa hoy El Mundo, el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, en nombre y representación de seis de los representantes del PP en Caja Castilla-La Mancha, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca una denuncia por estafa, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito societario, contra Juan Pedro Hernández Moltó y contra otras personas que puedan aparecer como responsables en el curso de la investigación, lo que podría acabar enredando en el caso a José Bono y a José María Barreda, al menos, por el incumplimiento de las obligaciones de control, inspección y sanción que competen al Gobierno manchego.

Aunque a esta hora, desconozco si en esa denuncia se hace mención de la participación de CCM en en las mercantiles LAS LOMAS DEL POZUELO y PROMOCIONES MIRALSUR, donde la Caja presidida por Moltó se asoció con el detenido y procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira; o si se hace referencia a los créditos –40 Millones de €, según informaciones aparecidas hasta ahora– concedidos por esa misma Caja a empresas de la cabeza más visible del caso Malaya, Juan Antonio Roca; o si entre los presuntos delitos imputados a Moltó por el PP se incluyen datos sobre el asombroso crédito de 30.000.000 € –novado por dos veces, la última en vísperas de la intervención– concedido a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO –propiedad del procesado en el caso Malaya, Pedro Román Zurdo y del investigado en esas mismas actuaciones Juan María López Alvarez– para una promoción, declarada “inviable”, en la finca Alcalvín de Bargas... Aunque desconozco esto, decía, puede que la denuncia presentada ayer por el PP tenga la virtud de dar acceso a sótano en el que Barreda custodia ferozmente la realidad de lo sucedido en CCM.

La presión del PP, no sin motivo, se ha centrado en el caso del aeropuerto de Ciudad Real y los multimillonarios créditos dados a CR AEROPUERTOS, propiedad de Domingo Díaz de Mera, de Aurelio González Villarejo y de Antonio Miguel Méndez Pozo, entre algunos otros; pero las zonas oscuras de CCM no terminan ahí, como acabo de decir, y no deja de ser muy preocupante que el PP ignore, si así es el caso, que la Caja presidida por Moltó se convirtió en una generosa fuente de financiación para la trama –presuntamente, que no se me olvide– delictiva de Roca.

De todas maneras, la investigación está ahora en manos del Juzgado nº 2 de Cuenca y, por supuesto, de la Fiscalía. En consecuencia, ya veremos si lo sucedido alcanza relevancia penal o si, por el contrario, no se ve en ello otra cosa que no sean infracciones administrativas más o menos graves.

jueves, 8 de julio de 2010

Socios del constructor Aurelio González Villarejo implicados en las últimas operaciones anticorrupción de Alicante y Murcia

El pasado 29 de junio el alcalde de San Javier (Murcia) José Hernández fue detenido por agentes de la UCO, junto a los constructores Santiago Martínez Esparza (URDEMASA) Jaime Navarro Aparicio (GRIMANGA) y Antonio Javier Sánchez Reyes (LADERA DOS MARES).

Según ha informado El País, estas detenciones traen cuenta de las investigaciones iniciadas en 2008 en relación con el presunto trato de favor dispensado por el alcalde Hernández a dos empresarios: Santiago Martínez Esparza, uno de los ahora detenidos, y Juan Gracia Jiménez.

Ocho días después, este martes día 6 de julio, la policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y al constructor Enrique Ortiz Selfa, y ha realizado registros en el ayuntamiento de Orihuela y en la sede de la empresa ORTIZ E HIJOS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, propiedad del citado Ortiz.

La Fiscalía investiga el Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero del año 2008. La aprobación –según el diario Público– “se produjo por unanimidad por los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll y que recayó en la UTE CESPA-ORTIZ.

La empresa CESPA, asociada con Ortiz en este caso, es muy conocida. Se dedica al negocio de la basura, pertenece en un 99,99 % a FERROVIAL SERVICIOS y tiene participación, entre otras muchas sociedades, en GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE TOLEDO. También, según el “plan de saneamiento financiero” propuesto por el Ayuntamiento de Aranjuez el 22 de julio de 2009, esta entidad es una de las principales acreedoras de esa Corporación (la deuda, en esa fecha, ascendía a 5.237.520,96 €) y, además, aparece mencionada en los Tomos VI, VII y XI del sumario del caso Astapa, relativo a la operación contra la corrupción en Estepona.

Para resumir la mucha y detallada información que obra en el sumario Astapa sobre la mercantil CESPA, puede citarse lo dicho en el informe de la UDEF CENTRAL incluido en el Tomo VII de las diligencias, folio 3.126:

“Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007, se producen comunicaciones telefónicas entre algunos funcionarios con gran poder decisorio dentro del Ayuntamiento de Estepona, como es el caso de José FLORES SIMÓN, Jefe de Gabinete de Alcaldía, y responsables de la mercantil CESPA, representada en las conversaciones por Antonio LÓPEZ SOTO (Delegado de Andalucía Oriental) y Manuel MEDINA MURILLO, con el objeto de obtener, por parte de estos últimos, la adjudicación del servicio de limpieza del municipio. Las conversaciones telefónicas pusieron de manifiesto que CESPA habría pagado alguna deuda municipal y que personas como Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, Concejal de Hacienda y Personal, habría podido exigir algún tipo de contraprestación económica a los responsables de la mercantil concursante, a cambio de favorecer la concesión del servicio.

El día siete de abril de dos mil ocho, la empresa CESPA, filial del GRUPO FERROVIAL, resultó concesionaria de la gestión de los servicios de recogida y transporte de los residuos urbanos, suministro, colocación, mantenimiento y lavado de los contenedores para dichos residuos y limpieza viaria de Estepona... La aprobación de la concesión del servicio de limpieza se habría producido en una Junta de Gobierno extraordinaria, precedida por una Comisión Informativa, presidida por Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ, concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Estepona y en la que habrían figurado como vocales y otros, personas como Rafael Antonio DUARTE MARTÍNEZ, Manuel REINA CONTRERAS, Ricardo GALEOTE QUECEDO o María Luisa RODRÍGUEZ PINO SÁNCHEZ”.

Estas últimas detenciones practicadas en San Javier (Murcia) y en Alicante –en este caso, en relación con la llamada “mafia de las basuras”– podrían acabar teniendo ramificaciones en Castilla-La Mancha y, concretamente, salpicando a Aurelio González Villarejo, asociado con algunos de los detenidos e investigados.


Aurelio González Villarejo y Juan Gracia Jiménez

Ya se dijo en Notitia Criminis hace tiempo. Aurelio González Villarejo es socio, tanto de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-07, como de Enrique Ortiz Selfa.

El primero, Juan Gracia Jiménez aparecía vinculado –en el ámbito del Plan Parcial Torre del Rame de los Alcázares (Murcia)– con un grupo de empresarios, todos también del gremio de la construcción, investigados o imputados en el curso de la Operación Ninette; así como al arquitecto municipal de esa localidad, Mariano Ayuso, detenido durante la citada operación; y a Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya.

El mismo Juan Gracia Jiménez es uno de los constructores que acompañaron, junto al propio Aurelio González Villarejo, a Luis Portillo –también socio del imputado en Malaya, Enrique Ventero– en la OPA que permitió a éste hacerse con el control de COLONIAL, luego llevada a la quiebra en uno de los primeros episodios del fiasco inmobiliario español

Por otro lado, este empresario levantino ya se ha visto implicado en varios casos de presunta corrupción. Como ya dije aquí, la Fiscalía del TSJ de Murcia abrió diligencias contra el alcalde de San Javier, José Hernández por posibles tratos de favor a los constructores Santiago Martinez Esparza y Juan Gracia Jiménez, de los cuales, además, es socio en la mercantil NUEVA VALENCIA AL MAR S.L.

En la misma localidad, la Fiscalía también abrió investigaciones sobre PEINSA-97 a causa de la urbanización denominada “Señorío de Roda” que, según denuncia presentada por el Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y si que estuviera aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos.

Lo mismo ocurre en el caso del Plan Parcial “Roda Golf” que supone la recalificación de un millón de metros cuadrados de suelo rústico de interés agrícola, a favor de URDEMASA, la empresa de Martínez Esparza, socio del alcalde de San Javier y de Juan Gracia Jiménez.

PEINSA-97, también está relacionada con el caso del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar. Se da la circunstancia de que aquí, PEINSA-97 participa junto a la empresa de Félix Marín García, INVERSIONES HIPOTECARIAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.

En la localidad de Mula, el Fiscal Jefe, abrió diligencias contra el concejal de urbanismo Leandro Pérez Cobos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, relacionados con la compra, por parte del tal Leandro junto con otros socios, de casi dos millones de metros cuadrados al precio de 55.000 € que después vendió, siendo concejal, en 2004 por 1.162 millones de Euros a las empresas ARTECONS MAR MENOR S.L., URBICOSTA S.L. y GALBA INVERSIONES S.L., todas propiedad de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97.

En La Unión, PEINSA-97 ha estado implicada en el caso de “La Casa del Piñón”, edificio que fue objeto de un convenio denunciado en su día por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

El caso de Pilar de la Horadada tiene, si cabe, mayor importancia. En esta localidad el alcalde Ignacio Ramos fue depuesto mediante moción de censura y con la ayuda de una concejal trásfuga, debido a su oposición al Plan de Actuación Integrada (PAI) de Pinar de lo Romero en el que está prevista la construcción de 5.200 viviendas y el imprescindible campo de golf. El proyecto urbanístico había sido presentado por las mercantiles METROPOL DESARROLLOS URBANÍSTICOS S.L y PEINSA-97 S.L.

Precisamente, la mercantil METROPOL es una de las que Juan Gracia Jiménez comparte con Aurelio González Villarejo. Su capital está repartido entre PEINSA 97, CONSTRUCCIONES VILLAREJO y PROMOCIONES GONZÁLEZ, las dos últimas del citado Aurelio González Villarejo.

Otra de las sociedades que González Villarejo comparte con Juan Gracia es NUEVOS ENTORNOS URBANOS, en cuyo consejo de administración, aparecen el citado Juan Gracia, Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González y Román Conde Alonso, este último también presente en URBAPLANING, la empresa del grupo de González Villarejo que actúa en el PAU de las 20.000 viviendas de Illescas (Toledo) y en los PAUs de las Montanillas en Carranque (Toledo).


Aurelio González Villarejo y Enrique Ortiz Selfa

González Villarejo, promotor en Bargas de uno de los chalets adquiridos últimamente por las empresas de la familia Bono, también es socio de Enrique Ortiz Selfa en la mercantil VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO. Esa asociación provocó que Aurelio González tuviera que declarar como testigo en las diligencias seguidas en Alicante contra el citado Enrique Ortiz por el “Caso de los Aparcamientos”, un enrevesado asunto en el que también estuvieron implicados el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Los detalles del caso se pueden consultar aquí, pero de cualquier forma, tanto Ortiz como González Villarejo salieron bien librados de este asunto, archivado, finalmente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Otro de los asuntos importantes en el que se vio implicado Enrique Ortiz, y que aún colea, fue el del Plan Rabasa (15.000 viviendas sobre un suelo de 4,2 millones de m2) El País del día 30 de marzo de 2008 titulaba: “Un dictamen concluye que Alperi ―el alcalde de Alicante en esas fechas― benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabasa”. En ese dictamen se decía que “la mercantil seleccionada ―VIVIENDAS SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO SL― ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia… El propio ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor”. Por supuesto, como acabamos de decir, en esa empresa también participa Aurelio González Villarejo.

Sin embargo, hasta ahora, el caso de corrupción de mayor alcance que salpica a Enrique Ortiz es en la Operación Gürtel.

Como ya dije, el pasado día 25 de septiembre de 2009, El Mundo titulaba: «El PP de Valencia montó su “Filesa”», por su parte, el 22 de septiembre El País habría su primera página con este otro titular: «Seis constructoras financiaron al PP valenciano a través de la red “Gürtel”». La información procedía de un dossier elaborado por la Brigada de Blanqueo de la policía judicial. En él se analizaban conversaciones grabadas a los imputados y una extensa documentación intervenida en los distintos registros.

Según esa investigación, la Brigada de Blanqueo considera una de las empresas que habría participado de pleno en la trama de corrupción valenciana es ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTAS DE OBRAS, propiedad de Enrique Ortiz Selfa. Así, por ejemplo, según el diario Público, “varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market… constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora… en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos”.

lunes, 5 de julio de 2010

Caso del Pocero: “O grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

La información que publica hoy El Mundo –que se puede descargar íntegramente pulsando sobre la imagen– hace entrar el caso del Pocero de Seseña en un nuevo estado, cualitativamente distinto y de alcance aún difícil de calcular.

El citado periódico desvela un “informe confidencial” fechado el 11 de mayo de 2007 y remitido por la Intervención General del Estado a la teniente fiscal Belén González Patín, quien actúa ahora como acusación pública contra José Luis Martín, alcalde de Seseña durante la aprobación del PAU del Pocero.

Para la Intervención General del Estado, la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo puede explicarse como “grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos” y eso sitúa al que entonces era Consejero del ramo, Alejandro Gil al borde del precipicio y a punto de dar un gran paso al frente; pero no sólo a Gil, sino también a quienes, por encima de él presidían el Gobierno regional del que formaba parte: José Bono y José María Barreda sucesivamente.

Únase a esta información, un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– detenido durante la operación Malaya y también imputado en la operación Astapa, pagando al ex alcalde José Luis Martín 700.000 € por razones que todavía se desconocen.

Únase a ambas cosas, que ese presunto mafioso actuaba en Marbella como apoderado de APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria) en cuyo consejo de administración aparece Rafael Santamaría Trigo, gran amigo de Bono y benefactor, según las últimas informaciones de prensa, de aquél y su familia con diversas dádivas de muy considerable cuantía.

Añádase que el mismo Rafael Santamaría compartió sociedad (Royal Mediterránea) con con el abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Finalmente, téngase muy presente el artículo que Enrique Gimbernat –un penalista sobresaliente y, sin duda, un sabio de rango europeo en materia de dogmática penal– publica hoy, también en El Mundo, sobre el cohecho impropio.

domingo, 4 de julio de 2010

El Tribunal de Cuentas desmonta la estrategia de Bono y Barreda en el caso del Pocero

Hace ya tiempo que la estrategia seguida por el PSOE toledano en el caso del Pocero pasó del manifiesto apoyo a un aparente repudio.

En 2004 la Ejecutiva Federal del PSOE, para entendernos, Ferráz, no Toledo, forzó la disolución de la agrupación socialista de Seseña, a todas luces ya entonces, demasiado sospechosa.

En noviembre de 2007 Hernández Moltó, refiriéndose a la retirada del crédito que CCM venía proveyendo al Pocero, hizo unas notablemente indiscretas declaraciones recogidas por el diario Las Provincias: “el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, la ostentación es un mal aliado del empresario”.

Esto no siempre ha sido así. En julio de 2006, apenas unas horas antes de que se hiciera pública que la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación sobre el asunto del Pocero, Barreda aseguró en rueda de prensa que El Quiñón era “transparente, legal e impecable”.

Ahora, en 2010 parece que ya no está dispuesto a repetir esas declaraciones, pero hay un incidente en la ya larga historia del PAU del Pocero que hace sospechar seriamente sobre la sinceridad de Barreda en aquel momento.

Según describen detalladamente Alejandra Ramón y Ruth Ugalde en “El Pocero de Seseña”, corriendo el otoño de 2003, con el ahora imputado José Luis Martín de alcalde, “Ante la gravedad de los acontecimientos IU decidió convocar un pleno para solicitar una fiscalización de las cuentas del consistorio desde el año 1990. El grupo municipal del PSOE... votó a favor, mientras que el PP se abstuvo. La decisión socialista sorprendió a todos los presentes y entre los militantes de IU empezaron a temer que los socialistas hubiesen actuado así porque tenían la seguridad de que la Junta rechazaría la petición. Y los malos augurios se cumplieron. Pasados unos meses, el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha dio carpetazo al asunto tras alegar que “no ve ningún ningún motivo para realizar la fiscalización”.

Siete años después, el Tribunal de Cuentas, una de las pocas instituciones españolas en las que aún se puede confiar, desmiente al Síndico de CASTILLA-LA MANCHA, desmiente a Barreda e, igualmente, desmiente a Bono, todos los cuales han insistido e insisten en la absoluta legalidad de la tramitación del PAU del Pocero o, en todo caso, en la absoluta legalidad de su propia actuación.

Pero, además, ese mismo informe, que pone de manifiesto la evidente omisión de las obligaciones de inspección y control que la Ley imponía a los gobiernos de Bono y Barreda y que, dependiendo de hasta dónde lleguen las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, bien podría hacer entrar en juego al artículo 11 del Código Penal; desmiente la fatigosa estrategia defensiva de José Bono, él sí, incansable a la hora de denunciar la “campaña de difamación de que es víctima”.

Si alguien difama a Bono, son los hechos y lo malo para él, es que son sus hechos y los hechos de su sucesor, Barreda. En fin, léase con atención el artículo que publica hoy Carlos Segovia en El Mundo. Se puede descargar pulsando sobre la imagen.