lunes, 21 de junio de 2010

El ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, acusa a Hernández Moltó

Entre el oficio periodístico circula habitualmente un dicho: “perro no come perro”. Falso de toda falsedad. Desde los griegos y en realidad desde mucho antes, el perro es símbolo de la incapacidad para discriminar, entre otras cosas, el alimento. Por eso Antístenes o Diógenes de Sinope se tenían por “cínicos”, es decir, por enemigos de las distinciones de la Polis y partidarios de la confusión, que más allá de los muros de la Ciudad, imperaba en la selva.

Yo no he sido, ha sido ese

Si a día de hoy algo ilustra con nitidez esta verdad: que “perro sí come perro”, es la estrategia defensiva que están utilizando Juan Pedro Hernández Moltó y los que fueran sus hombres de confianza en CCM y en CCM CORPORACIÓN.

Según informa hoy El Mundo, Ildefonso Ortega, ex director general de la Caja, ha declarado en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca que “Moltó estaba allí presente, conocía la operación y salió que sí”. Por su lado, otro testigo, el actual secretario general de la Caja corroboró esta declaración.

Ambos se referían a la concesión de un aval “irregular” de más de 10 Millones de € a la quebrada DHO, cuando la constructora ya estaba en situación preconcursal. El mencionado aval se enmascaró con la denominación de confort letter o “carta de patrocinio”, pero sus efectos, devenida finalmente la quiebra de DHO son los mismos. El crédito que esta constructora formalizó con Banco Espírito Santo gracias al aval de CCM, tendrá ahora que ser pagado por la Caja.

Frente a esto, dando una clara idea, que no hace falta calificar, del tipo de personajes de los que se han rodeando José Bono primero y Barreda después, lo que Hernández Moltó ha venido afirmando es que “su cargo no era ejecutivo” y que fue víctima de “engaños” de sus directivos que son los que cometieron las “irregularidades”. Curiosamente, esta misma argumentación fue la esgrimida por el propio Barreda y por su Consejera de economía tras la intervención de la Caja, sólo que ellos cargaban el engaño sobre el propio Hernández Moltó, cuya actuación al frente de CCM, decían, permaneció desconocida por el Gobierno manchego.

El revelador silencio sobre la financiación a las tramas delictivas de Marbella

Tal y como afirma El Mundo, y así consta en el pliego de cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM, una de las operaciones “más turbias” de las ejecutadas por Moltó y su equipo directivo fue la concesión del mencionado aval a DHO. Sin embargo, las hay más turbias, más sospechosas y más inquietantes.

Voy a citar sólo algunas de las ya mencionadas aquí: 1.- Crédito a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo, de 30 Millones de € (no de 10, como en el caso DHO) renovado por Moltó días antes de la intervención. 2.- Crédito a la trama empresarial del malayo Juan Antonio Roca para la adquisición del palacio de Villa Gonzalo, en Madrid. 3.- Participación y financiación a una de las empresas del malayo Enrique Ventero, en Los Alcázares, Murcia. 4.- Financiación con, al menos, 40 millones de € a las empresas de Roca, ONE PROPERTIES y MASDEVALLIA...

Sobre estas operaciones de Hernández Moltó y sus consejeros no consta ni una sola palabra en el pliego de cargos del Banco de España; no consta, tampoco, que exista la menor actividad judicial o fiscal, a parte de la iniciada, tras recibir cierta información, por el Juzgado nº 5 de Marbella el cual, por otro lado, carece de jurisdicción en Castilla-La Mancha; y no consta, tampoco, que exista el menor propósito de investigar esta financiación, que según El Economista, alcanza una cuantía no inferior a 200 Millones de €, financiación concedida a una trama calificada por el Juez instructor del caso Malaya, como “organización criminal”.

¿Por qué no se investiga esto? ¿Tampoco hay aquí suficientes indicios de relevancia penal? ¿Quizás, por el contrario, es que hay indicios de demasiada relevancia penal?

jueves, 17 de junio de 2010

Pompa, alcalde de Carranque, se equipara con Garzón e insinúa acusaciones contra Manuel Fuentes, alcalde de Seseña

El pasado 11 de junio, Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque, y Gregorio Fernández Vaquero comparecieron en una rueda de prensa. Fernández Vaquero reconoció la existencia de negociaciones “discretas” sobre un nuevo aeropuerto en Casarrubios del Monte (Toledo), pero el tema central fue Pompa y el Auto de sobreseimiento provisional de la querella que tenía interpuesta en el Juzgado nº 2 de Illescas, ahora pendiente de recurso en la Audiencia Provincial.

Al respecto, según publica Castilla-La Mancha Digital, Pompa dijo lo siguiente: “Tejieron una supuesta trama de corrupción “implicándonos al secretario municipal, a un ex funcionario del Ayuntamiento y a mí”. Entonces comenzaba un rosario de querellas “habrán interpuesto 12 ó 14”, comenta, antes de empezar a explicar que los denunciantes eran el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, el Partido Popular e Izquierda Unida”.

Por su parte, Fernández Vaquero aseguró que “Manos Limpias y el PP ―el PP no ha puesto ninguna querella ni denuncia contra Pompa― acusaron de forma mimética en sus escritos, ¿es casualidad?”, pregunta, a la vez que recuerda que hace poco ha ocurrido algo “muy parecido” con el juez Baltasar Garzón”.

Es decir, que Pompa no sólo se pone a la altura del Juez Garzón, sino que, además se declara víctima de una conjura en la que peligrosos bolcheviques y siniestros fascistas, con la colaboración necesaria del PP, acordaron fraguar su desastre político en beneficio de Jesús Terrón, un ex alcalde de Carranque expulsado del consistorio hace 20 años con la ayuda de un tránsfuga, episodio que abrió las puertas del Ayuntamiento al mencionado Pompa y que, desde entonces, se ha convertido en su sostenida monomanía.

En esta línea, Pompa sacó a relucir los nombres de José Esteban Chozas y Sonsoles Arnau, ambos dirigentes de IU, que en 2007 hicieron pública la denuncia de la coalición contra él y contra José Manuel Tofiño, por presuntos delitos de corrupción relacionados con el campo de golf de Carranque y con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo.

Sobre ellos, ―a los que Fernández Vaquero, con motivo de aquella denuncia, ya tachó de «bandoleros» ― el alcalde de Carranque, según cita La Tribuna de Toledo, dijo lo siguiente: “El regidor descalificó a Chozas como defensor de la legalidad urbanística en La Sagra preguntándose si sería capaz de explicar «el chiringuito que se montó en Seseña con la empresa municipal de la vivienda, que le reportó importantes emolumentos para suplementar (sic) su sueldo de conserje»”.

A Pompa, que con “suplementar”, que no existe, se ve que tenía intención de decir “suplir”, que sí existe; la frase anterior le debe parecer ingeniosa y contundente, y se entiende porque el hijo del que fuera cartero de Carranque, es decir Pompa, se ha asignado como sueldo por su actividad de alcalde en un municipio con la deuda por habitante más alta de la provincia de Toledo y en situación de suspensión de pagos, 40.549 € anuales ―6.746.872 Pts― a lo que hay que sumar el que le corresponda por ocupar la presidencia de la Mancomunidad de la Sagra Alta, un seguro médico privado, y las dietas y suplidos de que, en su caso, se beneficie.

Con estas cantidades y no otras, ya se entiende que este alto dignatario haya olvidado las muchas estrecheces y privaciones de su infancia y juventud y que tenga por bajo y despreciable el oficio y sueldo de “conserje”, a la par que, sin traza de rubor, declare ―lo hizo a la Cope en marzo de 2009― que “aquí, en el Ayuntamiento de Carranque, se entiende, de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos”.

Pero lo más inaudito de todo esto es la ubérrima desvergüenza de Pompa cuando insinúa actos delictivos cometidos por Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, en relación con la contratación de José Esteban Chozas.

Insólita es la cosa porque Manuel Fuentes, y los que con él sostienen las trincheras en la batalla de Seseña, tienen sobradamente acreditada con hechos, una decencia cuya dimensión y calidad, probablemente, esté más allá de las capacidades de estimación que adornan a Pompa y, también, porque Manuel Fuentes gobierna en Seseña en minoría, con los votos del PSOE y por lo tanto bajo su inmediata vigilancia y sañudo control.

Pero además de impertinentes, las declaraciones del próspero alcalde de Carranque son significativas porque vienen a demostrar, otra vez, que los hombres fuertes del PSOE toledano sangran por la herida de Seseña.

No es para menos. Demasiadas cosas están saliendo a la luz, incluida la participación de la Mafia en los hechos que confluyen en el caso de la urbanización de El Quiñón, aprobada por el que entonces era cofrade de Pompa, el ex taxista y ahora millonario José Luis Martín.

La realidad de la situación jurídica de Pompa

Pompa aseguró en la rueda de prensa del pasado día 11 que el contubernio formado por IU, Manos Límpias y el PP, ha llegado a presentar contra él 12 o 14 denuncias y querellas. Pues bien, o Pompa había estado celebrando la resolución del Juzgado nº 2 de Illescas y se encontraba confuso o los problemas se le agigantan últimamente o, simplemente, estaba cultivando su imagen de víctima.

Contra el alcalde de Carranque se han presentado las siguientes denuncias: En diciembre de 2006, la primera de todas, relativa a la permuta de parcelas entre el ayuntamiento y el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. A principios de 2007, se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo la denuncia de IU, contra José Manuel Tofiño, presidente de la Diputación de Toledo y contra Pompa y otros concejales de Carranque, relativa a la concesión a una empresa del grupo PEYBER, del mantenimiento de la Zona 2 de las carreteras de Toledo y a la tramitación del PAU del campo de golf de Carranque. Finalmente, Manos Límpias presentó en el Juzgado nº 4 de Illescas querella, también, por los hechos que concurrieron en la tramitación y aprobación de ese mismo campo de Golf.

Hay una querella más, que sigue pendiente de resolución. Durante las elecciones de 2007 se distribuyó en Carranque un anónimo: la llamada “Carta PIP” en la que se hacía alusiones sobre ciertos concejales del PP y varios de sus familiares. Algunos de estos presentaron denuncia y de las diligencias de investigación puestas en marcha por la Guardia Civil, resultó que dos testigos de la empresa que realizó el envío, identificaron a Pompa, sin lugar a dudas, como el individuo que hizo el encargo y lo pagó en efectivo.

De forma que no son catorce, sino cuatro y, además, esas cuatro son relativas a tres asuntos: El campo de golf, la permuta con el funcionario Ernesto Rodríguez y el anónimo PIP, y de esas cuatro, dos siguen con actuaciones abiertas en los Juzgados.

Así, salvo que Pompa conozca más de lo que se ha hecho público o salvo que haya recibido garantías que los demás ignoramos, este hombre se precipita al considerar definitivamente archivadas todas sus causas pendientes con la Justicia.

La Fiscalía Anticorrupción de Toledo y el principio de intervención mínima

Fernández Vaquero, en la rueda de prensa citada arriba, equipara a Alejandro Pompa con Baltasar Garzón. Al margen de lo risible de la ocurrencia, si lo que hay que buscar es un término de comparación apropiado para Pompa éste, desde luego, no es el Juez Garzón, sino otro personaje no menos famoso: José Bono.

Recientemente, la Fiscalía General dio respuesta a la petición del PP de que se investigara el origen del multimillonario patrimonio de Bono. Esa respuesta incluía los siguientes argumentos: Investigar el patrimonio de Bono equivaldría a abrir “un procedimiento inquisitorial” contra él y, hasta ahora, las acusaciones sufren de “vaguedad y nula concreción”.

Al margen de que no veo qué tienen de vagos los datos documentados que acreditan las dádivas recibidas por Bono de manos de Rafael Santamaría y los fabulosos intereses económicos de este constructor en Castilla-La Mancha; la resolución de la Fiscalía General se parece, como una gota de agua a otra, a la nota hecha pública por el Fiscal Jefe de la Audiencia provincial de Toledo en la que, en vísperas de las elecciones de 2007, hacía pública su intención de archivar la denuncia presentada por IU contra Tofiño y Pompa.

En en la nota de la Fiscalía de Toledo se reprochaba la vaguedad de las imputaciones: “se trata de imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal (sic)” y, luego, respecto a las investigación solicitada del patrimonio de Tofiño, también se decía, textualmente, que el Fiscal se opone a esas diligencias de indagación “mientras no se especifique una finalidad concreta a efectos de investigación delictiva pues las inquisiciones genéricas son contrarias a nuestro Estado de Derecho”.

También, al igual que ahora en el caso Bono, donde la Fiscalía General desprecia los “meros comentarios y valoraciones de medios de comunicación”, aunque esas informaciones estén acreditadas con documentos de los Registros públicos; la fiscalía de Toledo, en el caso denunciado por IU, afirmó que algunas de las personas cuyos nombres figuraban ahí, habían sido “simplemente tomadas de los datos registrales de las empresas, incluso entidades bancarias como la Caja Castilla-La Mancha”.

Hay una cosa más. Cuando IU interpuso la denuncia que se viene comentando, Gregorio Fernández Vaquero aseguró en rueda de prensa que ésta nunca iría más allá de la Fiscalía; una afirmación asombrosamente profética, sobre todo teniendo en cuenta que el Sr. Fernández Vaquero es maestro y no jurista.

En cualquier caso, la Fiscalía de Toledo ha seguido, desde entonces, manteniendo estos criterios los cuales, además, han resultado decisivos para el archivo de las diligencias del caso del campo de golf de Carranque ―donde la propia Fiscalía reconoce que existen ilegalidades, pero a las cuales niega la relevancia penal― y ahora, del caso de la permuta con la empresa del funcionario Rodríguez Cubas.

¿Por qué el Juzgado nº 2 de Illescas archiva las diligencias previas contra Pompa y los demás imputados?

En primer lugar porque así lo ha pedido el Fiscal. De hecho, el Juzgado de instrucción de Illescas ya había dictado Auto de continuación del Procedimiento Abreviado. Lo hizo con fecha de 25 de enero de 2010 y, para entendernos, esto significaba que Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas (en la foto) y los demás iban a sentarse en el baquillo, ya no como imputados, sino como acusados.

Lógicamente, la defensa de Pompa recurrió esa resolución y a dicho recurso se unió la Fiscalía de Toledo argumentando, según el Auto del Juzgado nº 2 de Illescas, que «de las actuaciones practicadas no se desprenden claramente hechos delictivos cometidos por los imputados... no pudiendo acreditar el elemento subjetivo de los tipos penales que imputan pues todo se basa en cuestiones plenarias del Ayuntamiento de Carranque».

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Fiscalía considera que no se ha acreditado el dolo, es decir, la intención y voluntad de violar la Ley, en los hechos cometidos por los imputados, cuya realidad, por otra parte, no discute. A tal conclusión llega el Ministerio Público debido a que las decisiones de Pompa fueron votadas por los concejales de su grupo en el Pleno del Ayuntamiento.

Con este hallazgo jurídico, que añade una nueva eximente ―la de aprobar en Pleno las resoluciones presuntamente delictivas― inédita hasta la fecha, a la lista contenida en el Código Penal, el Juzgado resuelve que ni Pompa de Mingo, ni ninguno de los otros imputados, han «cometido, conscientemente y aceptando su resultado ―esto es, dolosamente― ninguno de los delitos tipificados con carácter principal por la acusación popular como de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos del art. 439 del Código Penal, ni de Prevaricación del art. 404 del Mismo Texto Legal, ni tampoco de Tráfico de Influencias previsto en el art. 428 del Texto Penal Sustantivo... Los imputados ―continúa el Auto― no fueron conscientes en ningún momento de la antijuridicidad de sus actos».

Así que, partiendo de que el Auto reconoce la existencia de actos antijurídicos, habrá que decir que el dolo, como bien apunta el Auto comentado, supone cometer el hecho delictivo con conciencia y voluntad de su resultado, pero también, en su modalidad de dolo eventual, representándose la probable lesión del bien jurídico protegido por el tipo penal y aún sin buscarla o quererla, despreciar esa probabilidad y continuar con la acción que, finalmente, provoca la lesión del bien que la norma penal quiere proteger.

Representarse la probable lesión del bien jurídico supone que, para un hombre de entendimiento medio, apreciar ese probable daño es algo asequible, bien porque él conoce las circunstancias o bien porque se las han dado a conocer.

Pompa conocía desde hacía años al funcionario Ernesto Rodríguez Cubas y mantenía y mantiene con él pública amistad; conocía la situación de incompatibilidad en que el tal Rodríguez estaba incurriendo, su actuación como secretario eventual y encargado de urbanismo en el Ayuntamiento y su participación en, al menos, una de las seis mercantiles dedicadas al negocio inmobiliario en Carranque propiedad de ese funcionario y consta ese conocimiento porque el hecho fue denunciado por la oposición del Ayuntamiento en el Pleno del 16 de octubre de 2003, que aprobó la permuta, como así está recogido en el acta correspondiente.

La posibilidad de la conducta ilícita, por tanto, había sido dada a conocer a Pompa, que ni siquiera esperó a recibir informe jurídico oportuno o a hacer las consultas necesarias, sino que con manifiesto y arrogante desprecio de la probable lesión del bien jurídico protegido, de la que había sido advertido, contestó ―así se refleja en el acta del Pleno― «que el funcionario mencionado, fuera de su horario de trabajo en el Ayuntamiento podía dedicarse a lo que le pareciera. Que dicho funcionario no tenía información privilegiada a pesar de lo que se dijera en la calle. Que el convenio estaba bastante bien redactado... y que no obstante, si alguien tenía dudas sobre la legalidad de la actuación, podía acudir a los Tribunales de Justicia».

Por consiguiente resulta realmente difícil considerar que Pompa, al que se le ha de presumir un entendimiento medio, aunque diga ser “ingeniero naval privado no homologado”, no tuviera presente, como mínimo, la probabilidad de la ilicitud de sus actos; pero más difícil es concluir que el funcionario Rodríguez Cubas, que había actuado como secretario y como interventor del Ayuntamiento y que, además, había estado encargado del área de urbanismo de esa Corporación, no estuviera perfectamente al tanto de su situación de incompatibilidad y de la prohibición de las negociaciones en las que participaba; y aún si no lo hubiera estado hasta el Pleno del 16 de octubre de 2010, sí tenía un deber imperioso de conocer las obligaciones que le competen como funcionario público.

En consecuencia, el Auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas parece bastante discutible y, aunque Castilla-La Mancha sea tierra de prodigios jurídicos, no es en modo alguno descabellado esperar que la Audiencia Provincial de Toledo lo anule y ordene la continuidad al procedimiento contra Pompa y los demás.

¿Quién es el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas?

Ernesto Rodriguez Cubas es, desde hace décadas, auxiliar administrativo del ayuntamiento de Carranque, ahora en excedencia voluntaria.

En el momento en que se iniciaron las acciones judiciales contra él y contra Pompa, era socio y administrador, al menos, de seis empresas inmobiliarias: PRICASA CARRANQUE, con CIF B45560794; DESARROLLOS URBANOS DE ILLESCAS, con CIF: B82233370; CONSTRUCCIONES SIERRA DOS, con CIF: B83948398; PROSPECCIONES E INVESTIGACIONES URBANÍSTICAS CARRANQUE, con CIF: B83080937, PROYECTOS URBANIZABLES LA SAGRA, con CIF: B84790211; y MAXISUELO, con CIF: B83853432.

Su situación en el Ayuntamiento puede engañar si se atiende únicamente al grado de auxiliar administrativo. La importancia de Rodríguez Cubas durante años en esa Corporación ha sido decisiva y prueba de ello es su actuación como encargado de urbanismo y como Secretario eventual.

Paralelamente, desplegó una frenética actividad empresarial en el gremio de la construcción que se centró, esencialmente, en Carranque. Fruto de esa actividad fue un insólito enriquecimiento que se fraguó, en su práctica totalidad, durante los años 2003 y 2004.

Según las notas registrales a las que ha tenido acceso Notitia Criminis (cuyo listado se puede descargar pulsando sobre la imagen anterior) el patrimonio inmobiliario de las empresas del funcionario, en el momento en que se están produciendo los hechos que aquí se comentan y tasado prudentemente a los precios que entonces regían en el mercado, alcanzaba la cifra de unos 10.480.000 €, es decir más de 1.700.000.000 de Pts.

En otras palabras, que en tres años el valor del patrimonio adquirido por las sociedades de un auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, sin más fortuna que la nómina que le correspondía por ese puesto, se aproxima notablemente a los dos mil millones de Pts. La crisis habrá diezmado esa cantidad, sin duda, pero esto no desvirtúa este descomunal enriquecimiento, tan rápidamente atesorado.

No obstante tanta riqueza y en tan poco tiempo acumulada, mayor que la hasta ahora descubierta a José Bono, no llama la atención de la Fiscalía. Ni siguiera cuando ella misma reconoce que está acompañada de ilícitos, ya que tales ilegalidades, piensan el Fiscal y el Juez de instrucción, fueron cometidas sin «consciencia y voluntad».

Entre tanto, fuentes del lugar cuentan que estos días atrás, mientras Pompa estaba en una de las varias cantinas de Carranque, recibió una llamada en el móvil. Cuando colgó dijo: «era Bono, para felicitarme porque me han cerrado todo». Todo menos la boca, estará pensando Bono, que aún solícito con los suyos, conoce muy bien lo que vale la discreción.

jueves, 10 de junio de 2010

Barreda se sirve de una treta para poner 140 Millones de € públicos a disposición de los socios del quebrado aeropuerto de Ciudad Real

¿Qué debe José María Barreda a Domingo Díaz de Mera, a Aurelio González Villarejo y a Antonio Miguel Méndez Pozo? ¿Qué vasallaje le obliga hacia esos hombres?.

No diré que sea insólito, porque la maniobra se esperaba, pero la desvergüenza es de tal enormidad, tan soberbio es el desparpajo con el que ya actúa el Gobierno de Castilla-La Mancha, que el asombro es inevitable.

Finalmente, a pesar de la declaración de quiebra, a pesar de la escandalosa trayectoria del negocio fraguado entorno al aeropuerto de Ciudad Real, Barreda, valiéndose de una treta de buhonero con malas mañas, va a poner a disposición de los socios ―suspendidos por el Juzgado de sus facultades de administración y disposición― de ese fracasado aeropuerto 140.000.000 de € sacados de los fondos públicos.

La martingala se ha consumado de la siguiente forma: Hoy el parlamento regional ha aprobado la creación de una empresa pública que se hará cargo de la “gestión” ―no de la propiedad― de las “infraestructuras aeroportuarias”. Dicha empresa pública será la que ponga a disposición del mencionado aeropuerto, es decir, a disposición de Domingo Díaz de Mera y de sus socios, el aval de 140.000.000 de €.

Lo que no se atrevió a hacer directamente, tres días antes de que se conociera el Auto que declaraba la quiebra de CR AEROPUERTOS, Barreda lo hace hoy interponiendo una pantalla societaria que sólo puede ocultar la realidad a los necios o a los cómplices.

La situación creada hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha ha permitido a los parlamentarios del PP hablar de Mafia y de prácticas mafiosas y les ha permitido también denunciar que distintos medios de comunicación han sido amenazados con la retirada de fondos provistos por el Gobierno Manchego.

No importa, Barreda estará tranquilo porque en Castilla-La Mancha impera el principio de intervención ínfima del Derecho penal, según el cual principio, sólo algunos pobres diablos, cuando por su propia ignorancia y descuido, son pescados con las manos en la masa, pueden temer acabar en manos del brazo secular.

Pongo a continuación la crónica publicada por Europa Press de lo sucedido hoy en el Parlamento de Castilla-La Mancha:

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

«El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves, con los únicos votos del PSOE y la ausencia del Partido Popular, que abandonó la Cámara regional, la creación de una empresa pública de gestión de infraestructuras aeroportuarias, con el debate de la concesión de 140 millones de euros a la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real como fondo.

Durante el debate, que centró tres puntos de la sesión plenaria, el diputado del PP, Leandro Esteban, insistió en pedir la retirada de la Proposición de Ley, rechazando que se dé dinero a una empresa pública cuando "no hay un solo informe que diga que esta propuesta es viable", y avanzando que su grupo va a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre los efectos que puedan originar la aprobación de la iniciativa.

Desde el PSOE, el diputado José Manuel Caballero, insistió en que esta es "la mejor propuesta" para el aeropuerto de Ciudad Real, y señaló que los socialistas no están "en contra" de las auditorias que sean necesarias ―"no tres sino 33"― en este caso, aunque defendió que primero hay que crear la empresa pública, pues "no tiene lógica empezar la casa por el tejado".

Antes de la votación, el presidente regional, José María Barreda, tomó la palabra ―mientras los diputados del PP abandonaban el salón de plenos― con la intención de preguntarle a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, su opinión sobre este tema, algo que no pudo hacer estando ella ya ausente, lo que Barreda calificó como una "falta de cortesía parlamentaria" y un "déficit democrático grave".

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Decisiones en el marco de la ley

Aseguró que el aval de 140 millones de euros que se concederá a la sociedad del aeropuerto ―empresa "cuyo riesgo de solvencia ha sido declarado por un juez"― "significa que cada ciudadano tendría que poner 70 euros", convencido de que en este tema "casi todo huele a podrido" y por eso en el PP "no vamos a pasar por ese aro" pues "alguien tiene que tener la dignidad de hacer que se esclarezca la verdad y señalar a los culpables".

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"Están protegiendo a sus amigos, no al aeropuerto, sólo a sus amigos", aseveró Leandro Esteban a continuación, para rechazar que sea "el señor Díaz de Mera" ―"el que domina medios de comunicación"― quien tiene que dar explicaciones por recibir 140 millones de euros y, sin embargo, es "el que manda que nos callemos todos los demás".

La trilogía del mal

Una vez aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley, con los votos en contra del PP, se procedió al debate de la misma ―tras tramitarse por el procedimiento de lectura única―, pidiendo nuevamente el diputado del PP que en vez de cometer "este disparate", el PSOE accediera a su retirada.

Advirtió en este punto Leandro Esteban de la relación entre el aeropuerto, Caja Castilla La Mancha (CCM) y el auto del concurso de acreedores, donde se detalla "que se han renegociado y ampliado operaciones vencidas que deberían haber sido ejecutadas y eso no se ha hecho".

Acto seguido, agregó que el aeropuerto "no se va a deslocalizar" pues los administradores judiciales "han asegurado que el aeropuerto va a seguir funcionando de manera perfecta", preguntándose "qué temen sus señorías que suceda si se conoce la verdad de este agujero" y consciente de que hoy "escribimos el tercer volumen de la trilogía del mal", el formado por CCM, la Fundación Virtus y el aeropuerto de Ciudad Real.

"Lo que se pretende aquí es echar toneladas de tierra encima para que no se sepa qué ha ocurrido, y no estamos dispuesto a asumirlo, pero hay que tener la suficiente gallardía para ponerse enfrente y decir basta. Hasta aquí hemos llegado", subrayó el parlamentario del PP, que defendió un informe de auditoría que calcule "el alcance de la deuda real".

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Amenazas

En un momento de su intervención en el debate, Leandro Esteban reprochó a Caballero que tuviera "mucha cara" para justificar determinadas cosas cuando es el que "amenaza" a "algunos medios diciendo que les va a retirar fondos que son de la Junta de Comunidades". "Mafia", le espetó, advirtiendo de que "si me obliga a dar nombres de medios, los daré", acusando tanto al parlamentario socialista como "de paso" también al presidente regional, José María Barreda, "que consiente esas prácticas mafiosas".

Caballero, en un turno posterior, apremió a Esteban a que "demuestre que yo amenazo a medios de comunicación" y a acudir a los juzgados, algo que --auguró-- no va a hacer "porque son especialistas de acusar sin pruebas" y "tiene que ir al juzgado y presentar pruebas".

"Si su señoría no reconoce lo que ha hecho con los medios, me voy a ver obligado a decir quién", aclaró en respuesta el diputado del PP, al subir de nuevo a la tribuna, y señaló que uno de los medios "amenazados" ha sido la revista Ecos y, en concreto, su directora, Mar G. Illán. Caballero volvió a señalar que sin pruebas no se puede acusar e instó al PP o a la persona mencionada a ir a los tribunales».

miércoles, 9 de junio de 2010

El Ayuntamiento de Toledo recalifica la hípica de Bono y le genera más de 17 millones de euros en plusvalías

Hay hombres encadenados a la calamidad. Bono es uno de ellos pues está visto que no puede evitar que Fortuna, imperatrix mundi, ampute sus pretensiones de alcanzar la presidencia del Gobierno de España, mediante un constante y sostenido diluvio de millones de Euros.

La última noticia apareció ayer en El Munto Televisión. El Ayuntamiento de Toledo, hoy presidido por Emiliano García Paje, criado a los pechos de Bono y del que éste ha dicho que es “como un hijo”, ha aprobado una ampliación del polígono industrial de Benquerencia, en Toledo, que absorbe los terrenos de Hípica Almenara. Esta recalificación proporcionará a Bono, según los precios manejados por la Empresa Regional del Suelo y la Vivienda, unas plusvalías no inferiores a 17.000.000 de €.

Es cierto que la iniciativa de la recalificación de suelos no ha partido de Emiliano García, sino que fue solicitada en 2004 por la Cámara de Comercio de Toledo, cuando al frente del Ayuntamiento de la ciudad se encontraba José Manuel Molina, militante del PP, pero eso no disminuye las dudas que se ciernen sobre la operación, sino que las acrecienta.

La Cámara de Comercio de Toledo está presidida por Fernando Jerez Alonso, propietario de numerosas empresas ―que, por cierto, están pisando peligrosamente, el borde de la quiebra― unido a Bono por una notoria y manifiesta amistad, tan notoria y manifiesta como la que une al propio Bono con José Manuel Molina.

Una de las ocasiones donde más a la vista ciencia y paciencia del público se hizo alarde de esta relación fue el 17 de octubre de 2009. Ese día, la hija de José Manuel Molina se casó en el monasterio de San Juan de los Reyes, sitio que iba a ser la tumba toledana de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Allí estaban Bono acompañado de su próspera esposa y de la nieta de Romanones; el destituido muñidor de la quiebra de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó; el propio Emiliano García Paje; el presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Jerez Alonso; y como no podía ser de otra manera, también, Rafael Santamaría.

La implicación de Fernando Jerez con empresas de la trama Gürtel

Pero, al margen de celebraciones, hay otro hecho más significativo. El 4 de enero de 2006, el diario Cinco Días titulaba: “Toledo asiste a un polémico concurso de 238 millones para la gestión del agua”. Horas antes de que el Ayuntamiento de Toledo hiciera pública cuál de las licitadoras había resultado adjudicataria de esa contrata, este periódico informaba que varios de los licitadores había elevado alegaciones al Ayuntamiento ante “la impresión” de que la concesión fuera a parar a la UTE formada por GRAVESA, propiedad de Fernando Jerez, y por FACSA.

Según esas alegaciones, las empresas que se preveían ganadoras carecían de la solvencia y experiencia exigidas por el pliego de condiciones y, además, su oferta presumía un crecimiento del consumo en la ciudad del 6% que, de no cumplirse, repercutiría el lucro cesante de la UTE Gravesa-Facsa, en el Ayuntamiento.

Ni que decir tiene que la concesión, con o sin alegaciones, recayó en esa misma Unión Temporal de Empresas y que la previsión del aumento de consumo ha resultado “erronea”, produciéndose, no su aumento, sino su descenso en un 0,1%.

Ahora se sabe que FACSA es una de las empresas valencianas directamente implicadas en la trama Gürtel. FACSA aparece entre los clientes de EASY CONCEPT y simultáneamente llegó a pagar a ORANGE MARKET hasta 200.000 € por conceptos que aún están por determinar. En sentido contrario FACSA facturó a la Generalitat valenciana más de 13 millones de €.

De modo que lo que tenemos aquí es una concesión del Ayuntamiento de Toledo presidido por José Manuel Molina, sospechosa desde antes de que se hiciera pública su resolución, que recae en una UTE formada por la empresa de un amigo personal del tal Molina, Fernando JerezGRAVESA― y por otra sociedad ―FACSA― que ha resultado estar implicada en la trama de corrupción y blanqueo de capitales de Francisco Correa.

También tenemos que José Bono, hasta el 2004 presidente de Castilla-La Mancha y aún hoy, presidente del PSOE de esa misma región ―a más de persona que mantiene estrecha relación tanto con José Manuel Molina como con Fernando Jerez― se beneficia de una recalificación, pedida a Molina por el mencionado Jerez; que le reportará, como mínimo, unas ganancias de no menos de 17 millones de Euros.

Y por si esto no fuera suficiente para empañar el escenario, como ya puse de manifiesto aquí y como ha subrayado el reportaje de El Munto Televisión, Fernando Jerez Alonso, también es uno de los patrocinadores, a través de su empresa CERATRES, de la hípica de Bono, la cual en lugar de denominarse Almenara, debería llamarse “Midas”, tan grandes y desorbitados son los beneficios que arroja.

Horas después de que se levantara el secreto del sumario del caso Gürtel, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, tan hombre fuerte del bonismo toledano, como personaje incontinente en sus declaraciones, no se pudo contener y dijo que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”.

Alguien, más astuto y enterado que él, se debió apresurar a cerrarle la boca con una orden tajante porque esos ocho folios eran los relativos a FACSA y, por tanto, llevaban implícitos los nombres de José Manuel Molina, de Fernando Jerez Alonso y, por sindéresis, también el de José Bono.


Algunos asistentes a la boda de la hija de José Manuel Molina, ex alcalde de Toledo






miércoles, 2 de junio de 2010

Quiebra del aeropuerto de Ciudad Real ¿la consumación de un fiasco o un golpe bien planeado que ha salido mal?

Llamemos a las cosas por su nombre. El negocio del aeropuerto de Ciudad Real y el de su anexo inmobiliario: El Reino de Don Quijote, ha despedido desde sus inicios un vapor irrespirable, ha inducido a vehementes sospechas.

El Gobierno de Barreda declaró el proyecto “de singular interés” y desde sus inicios vertió en él importantes cantidades de fondos públicos, sin contar con la participación suicida de CCM, a las órdenes de Hernández Moltó.

La declaración de singular interés tuvo la virtud de facilitar y acelerar las expropiaciones de los terrenos, que se pagaron a 54 céntimos el secano y a 1 € y 20 céntimos el regadío; y de justificar las citadas inversiones públicas en el busisness o, mejor dicho, en favor de sus principales beneficiarios: Domingo Díaz de Mera y su sombra societaria, los hermanos Barco Fernández, vinateros venidos a la crianza de hormigones; Antonio Miguel Méndez Pozo, como ya he señalado aquí, un ex presidiario plenamente reinsertado en la sociedad, sobre todo en la de Castilla-La Mancha; el ahora quebrado Ramón Sanahuja; y el inevitable Aurelio González Villarejo, que igual que construye casitas de poliespam ―esto es real, no irónico― en Carranque, asfalta pistas de aterrizaje en las tierras de la Orden de Calatrava.

Todos estos son hombres de manifiesta amistad con José Bono y con José María Barreda y digo que estos fueron los principales beneficiarios porque la operación se diseñó de la siguiente manera: CCM, por sí o a través de CCM CORPORACIÓN, participó directamente en el proyecto con un 36,43% del capital pero, además, financió la inversión de sus otros socios en una cuantía que según el informe emitido por el Banco de España tras la intervención de la Caja, llegó a los 204 Millones de € una vez descontadas las pérdidas por los deterioros de los activos.

Juicio ÍNTEGRO de concurso de acreedores contra el Aeropuerto de Ciudad Real from miciudadreal_es on Vimeo.


A cambio, Díaz de Mera y los demás garantizaron esos créditos, no con activos tangibles o intangibles de su propiedad, sino con las acciones de la misma cosa financiada por la caja acreedora, es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y, a cambio, entregaron unas estampitas rotuladas como «acciones al portador» que bien podían haber sido impresas en la librería-papelería de la esquina.

De paso, estos importantes empresarios, «constructores áulicos de Castilla-La Mancha», ya que dominaban el consejo de administración de CR AEROPUERTOS y ya que eran expertos constructores, devinieron en contratistas y proveedores de sí mismos en el aeropuerto, de modo que la inversión cuyo dinero partió de las arcas de CCM fue dirigida, con un flujo constante de facturas, hacia las otras empresas de esos mismos consejeros, contratadas, por supuesto, al margen de cualesquiera garantías administrativas puesto que el aeropuerto de Ciudad Real era un negocio privado y al Derecho privado había que estarse. Tal fue el caso, como luego veremos, de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA, controlada por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES.

No es posible concebir que Barreda o los otros pudieran creer, por muy esponjados que estuvieran en Moët & Chandon ese día, que un aeropuerto en medio del páramo ciudadrealeño, donde ni las abubillas demuestran interés por aterrizar, fuera un negocio; y como no lo creían ―posiblemente inspirándose en el gángster Bugsy Siegel, el hampón visionario que con el hotel Flamingo dio origen a lo que hoy son Las Vegas― unieron el destino del aeropuerto a un complejo de tugurios de lujo donde organizar timbas internacionales, de zonas residenciales, de parques de atracciones y del obsesivo y patético campo de golf, emblema del esnobismo de la década ominosa de la corrupción inmobiliaria española; cosa a la que llamaron «El Reino de Don Quijote».

La idea debía funcionar porque el apoyo político de Barreda estaba garantizado y el financiero, a través de Hernández Moltó, también parecía inagotable, pero si Bugsy Siegel cayó asesinado por orden de Lucky Luciano, Caja Castilla-La Mancha fue llevada a la quiebra por Hernández Moltó y sus generosos préstamos, no sólo hacia los socios del aeropuerto o hacia los propios consejeros de la Caja, sino también, por ejemplo, hacia otro hampón más castizo, pero no menos ambicioso: Juan Antonio Roca Nicolás, titular junto con alguno más de sus socios «malayos» de créditos ―que se sepa― por cuantía no inferior a los 200.000.000 de €.

Los intentos de Barreda por resucitar al difunto han sido tan desvergonzados como patéticos, incluida la modificación in privos lata de la LOTAU, hecha para que los amigos en apuros ―en atención a la importancia de su proyecto para la región, por supuesto― pudieran fragmentar los suelos expropiados a 54 céntimos el metro cuadrado y venderlos a 600; o también, el último intento de proveer a CR AEROPUERTOS con un aval de 140.000.000 de €, retirado del orden del día en el mismo Pleno de las cortes regionales del 27 de mayo de este año, donde estaba prevista su aprobación.

Esa decisión de Barreda sorprendió a propios y ajenos, sobre todo a los ajenos al Auto que tres días después ha evacuado el Juez Amalio de Juan Casero declarando el concurso necesario de acreedores de la mercantil CR AEROPUERTOS.

Sin embargo, la postura del presidente de Castilla-La Mancha no podía ser otra. No albergo dudas de que el día del Pleno Barreda tenía ciencia del contenido del mencionado Auto. Haber comprometido 140.000.000 de € en favor de Díaz de Mera y sus socios horas antes de que el beneficiario de ese aval fuera declarado en quiebra, con el Estado y el sistema financiero español no menos quebrado y días después de que Rodríguez Zapatero hiciera saltar por los aires, con su decreto de medidas de reducción del déficit, el Preámbulo y medio Título Primero de la Constitución; hubiera sido algo peligroso incluso para unos maestros de la impostura política como son el discípulo de Bono y sus consejeros.

Pero con la declaración de quiebra llegamos al punto más truculento de toda la turbia historia de ese aeropuerto, en el que sólo opera una línea aérea y eso por que ha sido convencida para ello mediante una subvención pública.

La primera demanda de concurso de acreedores fue presentada por José Angel González Tausz, en nombre y representación de la mercantil MONTREAL PROYECTOS Y REALIZACIONES SA. No obstante, como he dicho, esa empresa está controlada mayoritariamente por Domingo Díaz de Mera a través de RUTESO APLICACIONES ―51% del capital social, frente al 49 % que tenía González Tausz― de forma y manera que, en realidad, el concurso lo reclamaba Díaz de Mera acreedor, contra Díaz de Mera deudor, pero sólo aparentemente, porque para esas fechas, CCM estaba intervenida y sumando a su participación en el capital, los créditos incobrables comprometidos en el aeropuerto, el único propietario de ese fiasco, era CCM, es decir, el Banco de España, es decir, la res publica española o, para entendernos aún mejor, los presupuestos del Estado que se nutren con los impuestos de los ciudadanos que no pueden constituir SICAVs, las cuales tributan por el capital eludido en ellas al 1 % y no al 24, 28 o 53 % como los mortales comunes que sólo hacen declaración de IRPF.

A fechas de presentación de la demanda de concurso, el aeropuerto adeudaba a Montreal unos 17 millones de €. Si el concurso prosperaba, Díaz de Mera cargaba, en su condición de socio del aeropuerto, no con pérdidas, sino con lucro cesante, pero a cambio obligaba a CCM-Banco de España, propietaria de facto del engendro aeroportuario, a seguir volcando billetes de curso legal en las fauces de ese perro ―me refiero a la empresa, no al empresario― de vientre dos veces insaciable.

Había, además, otra ventaja. Ante la situación de emergencia, Barreda tenía la oportunidad, como así ha sucedido o habría sucedido si los acontecimientos no se hubieran precipitado, de justificar la entrega de otra subvención multimillonaria; 140.000.000 de €.

También pudiera ser que González Tausz, harto de los enjuagues que han rodeado la vida del aeropuerto y en previsión de que la CCM intervenida no fuera tan dócil como lo había sido Hernández Moltó, no quisiera esperar más por la parte de esos 17 millones que le correspondía; sin embargo hay indicios que hacen que me incline más por la posibilidad de que estemos ante un plan al que sólo los imponderables han hecho fracasar, suponiendo que haya fracasado, cosa que habrá que ver aún.

Cuando González Tausz presentó la demanda de concurso, los socios mayoritarios de Montreal reaccionaron airadamente y denunciaron al citado por coacciones y por realización arbitraria del propio derecho, pero tal denuncia no podía ni puede prosperar, porque interponer una demanda no es coaccionar a nadie, sino ejercer un derecho; y porque el tipo incluido en el artículo 455 del Código Penal, el de la realización arbitraria del propio derecho, exige que se actúe «fuera de las vías legales» y demandar en los Tribunales no está fuera de las vías legales; y que, además, se emplee «violencia, intimidación o fuerza en las cosas» y no me imagino al Sr. Tausz intimidándose a sí mismo con un cuchillo cebollero o con una Walter 99, para obligarse a ir al Juzgado.

Como Díaz de Mera, no solamente tiene un hermano letrado de reconocido prestigio en Marbella, sino que se gasta sus buenos cuartos en picapleitos de trajes de alpaca y despachos en la milla de oro de Madrid, esto lo sabía y, por tanto, también sabía que estaba tirando con salvas.

Es cierto que RUTESO APLICACIONES, la sociedad de Díaz de Mera que controlaba MONTREAL, quitó la presidencia a González Tausz, socio minoritario, y lo sacó del consejo sin contemplaciones, pero no es menos cierto que, ya sin las «coacciones» del destituido y, por tanto, completamente en manos de Díaz de Mera, MONTREAL no desistió de su demanda.

También es verdad que el hombre propone y Dios dispone y que, en este caso, Dios a través de una de las entidades financieras de su Iglesia, Cajasur, a la que el aeropuerto adeuda unos 18 millones de €, dispuso por su cuenta, y la Caja andaluza ―ahora también intervenida― se sumó a la demanda de concurso, liando la madeja considerablemente.

Es lo que tienen los planes, aún los minuciosos, que siempre están sujetos a imponderables, en este caso al de Cajasur y al de la indecisión de Barreda que le ha hecho perder un tiempo precioso en la tramitación de los 140.000.000 de € que pretendía poner a disposición de los socios del aeropuerto.

Por otro lado, para acabar de nublar el escenario, a pesar de que la letrada que representaba al aeropuerto, se dedicó el día de la vista a lanzar airados ataques contra Cajasur y Montreal, dicha defensa no se planteó nunca en términos económicos.

La joven letrada contratada por Díaz de Mera para actuar contra sí mismo, alegó el apoyo político brindado al aeropuerto, pero de forma absurda, según el Auto del Juez Amalio de Juan, pretendió hacer valer la solvencia de la empresa sin presentar «prueba documental de la contabilidad oficial... No aporta ―dice el Juez― los libros contables cuya llevanza se impone imperativamente para todo empresario viniendo además a admitir tácitamente que con anterioridad al inicio de su actividad en diciembre de 2008 sus resultados eran negativos con pérdidas que ascienden a la cifra de 2.737.990 € en 2005, 9.204.209 € en 2006 y 1.785.449 € en 2007».

En fin, que algo huele a podrido en Castilla-La Mancha con mucha más intensidad que en Dinamarca, pero en lo que a esta región concierne, está visto que la Fiscalía Anticorrupción sigue fiel al principio de intervención mínima del Derecho penal, aunque se me antoja que lo suyo más parece fidelidad al principio de intervención nula.

martes, 1 de junio de 2010

Quiebra el aeropuerto de Ciudad Real

Por Agencia EFE – hace 46 minutos

Ciudad Real, 1 jun (EFE).- Un juzgado de Ciudad Real ordenó hoy la suspensión de CR Aeropuertos S.L. en sus "facultades de administración y disposición sobre su patrimonio" y decretó el inicio de un concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el impago de sus deudas.

Los actuales administradores del primer aeropuerto privado de España quedan sustituidos en su ejercicio por tres administradores concursales: un abogado, un auditor-economista y un acreedor que, en este último caso, es la Caja de Ahorros de Córdoba, CajaSur.

La decisión judicial ha sido adoptada por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero.

La decisión judicial se ha conocido oficialmente en el mismo momento en que PSOE y PP celebraban una reunión a puerta cerrada en las Cortes regionales, en Toledo, para decidir sobre el futuro del aeropuerto, que atraviesa una grave crisis financiera.

El auto judicial decreta la "suspensión del deudor (CR Aeropuertos) en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en su ejercicio por los administradores concursales".

El concurso necesario de acreedores fue solicitado inicialmente por Montreal Montajes y Realizaciones S.A., a la que se sumó luego CajaSur, que declararon el "estado de insolvencia" de la sociedad propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos S.L., "al no poder cumplir regularmente sus obligaciones".

Montreal Montajes reclama una deuda de 16,9 millones de euros que CR Aeropuertos se comprometió a abonar en dos pagarés "con vencimientos sucesivos y que a la postre no se entregaron", dice el auto.

CajaSur se sumó a la demanda en marzo pasado, al reclamar una póliza de crédito vencida en cuenta corriente con fecha 1 de septiembre de 2009 por un saldo de 18,8 millones de euros, que fue reclamado "extrajudicialmente y no satisfecho", según el auto del juez de lo Mercantil.

Los demandantes aportaron como prueba "deudas exigibles e impagadas" de otros acreedores "suficientemente significativas" para respaldar la petición de concurso necesario de acreedores.

En este sentido, el auto cita la deuda que CR Aeropuertos mantiene con Caja Castilla-La Mancha por un importe de 50,6 millones de euros y 33,9 millones de euros como consecuencia de la ejecución de avales por parte de Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E. y Credit Suisse Internacional, respectivamente.

Igualmente, la deuda que mantiene con Isolux Wat, S.A.-Sacyr S.A. U.T.E., que asciende a 20,7 millones de euros; el débito que presenta con Caixa Catalunya por importe de 2 millones de euros y los debitos reclamados por los acreedores Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y Airon Consultores S.L.P. personados en el mismo procedimiento concursal que ascienden a 48.720 euros y 24.669 euros, respectivamente, dice el auto del juez.