lunes, 22 de febrero de 2010

Agustín Jiménez, el alcalde de Noblejas condenado por golpear a una concejal, declara mañana como imputado por un delito de prevaricación


El Juzgado de Instrucción nº 2 de Ocaña ha citado a declarar como imputado al alcalde de Noblejas (Toledo) Agustín Jiménez Crespo. Se le acusa, al menos, de un delito de prevaricación en relación con la compra, a nombre del Ayuntamiento, de 3 millones de m2 de suelo para la creación de un “parque de alta tecnología”. Los terrenos fueron comprados a 250 Pts m2 y vendidos luego a 10 €/m2 a una corporación formada por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, DESARROLLOS INDUSTRIALES GRAN EUROPA XXI y MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.
La compraventa incluía una cláusula de reversión según la cual, si pasado el plazo estipulado, los trabajos de urbanización no se habían terminado, el Ayuntamiento de Noblejas volvería a adquirir dichos terrenos al 75% de su valor de venta.
El fabuloso proyecto no se ha llevado a cabo, de los trabajos de urbanización nunca más se supo y tampoco se ha vuelto a saber nada más de la citada cláusula de reversión que Agustín Jiménez Crespo se ha olvidado o negado a ejecutar; y es lógico porque, según señalan fuentes locales, parte del dinero cobrado por el Ayuntamiento en la operación ―unos 12 Millones de €― ha sido puesto por el alcalde Jiménez a plazo fijo, utilizando los intereses en alimentar la red de servicios excepcionales que presta el consistorio, para los denunciantes, en realidad, la red clientelar del munícipe.
Es de señalar que entre las entidades que formaban la corporación compradorano sólo está la CCM que en ese momento controlaba Hernández Moltó, sino también MGB CASTILLA-LA MANCHA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, una empresa de Antonio Miguel Méndez Pozo, en su día condenado a prisión por el caso de la Construcción de Burgos y hoy día, a más de uno de los mayores deudores de CCM, amigo personal de Barreda y magnate de los medios de comunicación en Castilla-La Mancha.
Por otro lado, Agustín Jiménez fue condenado en firme por agredir y golpear a una concejal de su propio partido, hecho que no sólo no le supuso ninguna reprobación por parte de su partido (PSOE), sino que tampoco le ha impedido seguir gozando de la condición de asesor personal de Barreda, cargo por el que en 2008 el tal Agustín ya declaró unos ingresos cercanos a los 7 Millones de Pts.

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas (Toledo) condenado por agredir a una concejal, compró terrenos por 5 millones y los vendió por 37

domingo, 21 de febrero de 2010

Rafael Santamaría, dueño de Reyal e íntimo de Bono: en una empresa junto al “mafioso” Montaldo y en otra junto a Sanz Arribas, abogado del Pocero

Hasta ahora sabíamos que el “mafioso” Gianni Montaldoes imprescindible leer este artículo publicado en la Opinión de Málaga― tuvo suficiente contacto con el ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero, José Luis Martín, como para pagarle ―no se sabe aún por qué― casi un millón de Euros. De igual manera estamos enterados de que el tal Montaldo y el citado José Luis Martín comparten contable, el abogado Álvaro Cruces Navarro, del despacho malagueño Cruces & Asociados.

A más de esto, Giovanni Piero Montaldo ―imputado en los casos Malaya y Astapa― no sólo es sospechoso de pertenecer a la 'Ndrangheta y de blanquear dinero de la Mafia, sino que también tenía una estrechísima relación con el “malayo” Juan Antonio Roca Nicolás y actuaba en Marbella como parte del círculo formado por la familia Ramírez Balboteo, ―tan es así que el abogado que le asistió durante su detención fue el propio Juan Carlos Ramírez Balboteo― por Monzer Al-Kassar y por los miembros de Cosa Nostra, Gianni Meninno y Ugo Giovanni Gianino. Sin embargo, hasta ahora, el itinerario que llevó al ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, a establecer contacto ―y muy lucrativo, por cierto― con los círculos mafiosos de Marbella, se desconoce.

No obstante, hace ya tiempo que los tentáculos del caso Malaya gravitan sobre Seseña. La agenda de Roca del año 1995 demuestra que este delincuente anotó varias citas con “José Luis Sanz”, con “J.L. Sanz Arribas” y con “José Luis Sanz Arribas” y ocurre que el abogado y socio del Pocero se llama José Luis Sanz Arribas y, además de despacho en la C/ Cea Bermúdez de Madrid, también ejerce en Marbella.

Por otro lado, el letrado José Luis Sanz Arribas ha tenido relaciones profesionales con la Mafia. Fue el abogado del corleonés Giovanni Greco, a fecha de hoy huido de España y en busca y captura y, así mismo, fue abogado de Monzer Al-Kassar, recientemente condenado en Estados Unidos a 30 años de cárcel por tráfico de armas. No hace falta repetir que el círculo de relaciones de Al-Kassar en Marbella incluía a los Ramírez Balboteo, a Felice Cultrera, igualmente sospechoso de pertenecer a Cosa Nostra, a Gianni Menino y, por tanto, al propio Gianni Montaldo.

Además, aunque de esto se hablará detenidamente en otro artículo, Sanz Arribas también fue el abogado defensor de Adolfo Martos Hinojosa, uno de los principales implicados en el caso INTELHORCE, una estafa al Erario Público de más de cuatro mil millones de Pts de entonces, protagonizada por el italiano Giovanni Orefici, huido de España y muerto en extrañas circunstancias en Kenia.

Se da la circunstancia de que uno de los socios que entonces actuaron junto al tal Orefici: Sergio Antonio Doménico Ponzio, también es o ha sido socio, en varias empresas, del presunto miembro de la 'Ndrangheta Giovanni Piero Montaldo, por ejemplo en SUR INVERSIONES SEMA, una de las sociedades que pagó al ex alcalde de Seseña.

Hasta aquí llegaban las pistas, pero los datos que hoy pongo sobre la mesa añaden otras pocas sospechosas casualidades porque entre el letrado José Luis Sanz Arribas y el “mafioso” Gianni Montaldo existe un nexo empresarial: el dueño de la constructora REYAL-URBIS, el amigo íntimo de José Bono, el constructor Rafael Santamaría Trigo.


Iberdrola Inmobiliaria, el “mafioso” Montaldo y Rafael Santamaría

Rafael Santamaría aparece en el consejo de muchas sociedades. Una de ellas, históricamente controlada por la familia Oriol ―que ya sabemos que no pone reparos en asociarse con el “malayo” Javier Arteche Tarascón y con otros miembros de la llamada “Trama Vasca”― es IBERDROLA y, por supuesto, su filial IBERDROLA INMOBILIARIA.

En esta última entidad, Rafael Santamaría consta con el cargo de apoderado y también, apoderado o representante de la misma corporación en Marbella, lo es o lo era hasta su detención, el calabrés Giovanni Piero Montaldo, el cual actuaba bajo una de las marcas registradas de IBERDROLA INMOBILIARIA: APEX 2000.

No hay que menospreciar, en absoluto, la capacidad de movimientos de este Montaldo ―ligado por la policía al tráfico de cocaína y de armas― en APEX 2000. En el informe de la UDYCO-COSTA DEL SOL que obra en el sumario de la operación Malaya ―Tomo LIX, folio 17.304― se dice que “En la misma línea de lo hasta aquí expuesto, interesa destacar la estrategia seguida por Montaldo consistente en la solicitud a los órganos de gobierno municipal del cambio en la titularidad de las licencias de obras concedidas traspasándoselas entre las diversas mercantiles por él controladas... Los cambios de titularidad de licencias de obras dentro del grupo de empresas relacionadas con Montaldo de los que se tiene constancia son: Expte: 1342/02. Titular: APEX 2000 SAU. Cesión a SUR INVERSIONES SEMA SLuna de las empresas a través de las que se hicieron pagos a José Luis Martín―. Construcción conjunto residencial Santa María III. Acto Municipal CG de 27.11.03 ...”

Es decir, según la UDYCO-COSTA DEL SOL, Montaldo “controlaAPEX 2000 y la controla tanto que la utiliza para enmascarar las licencias obtenidas ―siempre según el citado informe de la UDYCO― ilícitamente gracias a la mediación de Roca.


El número tres de la calle Salvago de Málaga y el “narco” Marcial Dorado Baúle

Además, APEX no es el único lazo entre Gianni Montaldo e IBERDROLA INMOBILIARIA. Hay otra sociedad ya extinguida, participada por IBERDROLA INMOBILIARIA y en la que también aparecen nombres, que ya conocemos, ligados a SACYRFrancisco Manuel Moreno Torres, José Ignacio Moreno Torres, etc.― que presenta rasgos interesantísimos: SALVAGO-3.

Los accionistas de SALVAGO 3 son OLMOS 16 y ARPA 21, ambas sociedades son propietarias de PONTE TRESA, controlada por Montaldo, ―o controlada por éste hasta hace muy poco tiempo, porque tras las últimas informaciones se están produciendo apresurados movimientos en las notarías de Málaga dirigidos a ensombrecer o a eliminar de ahí la presencia de Montaldo― y en ella ya hemos visto que ejerce como auditor Alvaro Cruces Navarro, que también es contable de la sociedad del ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, mediante la cual éste recibió los 700.000 € pagados por Montaldo.

PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.

No acaban aquí las coincidencias. En Málaga existe la calle Salvago y en el número 3 de esa calle hay un considerable hacinamiento de gente significativa. Está la sede del PP en esa ciudad pero, también, están o estaban domiciliadas varias sociedades de un individuo que atiende al nombre de Antonio Font Feliu: FGV CONSULTORES Y AUDITORES o HIJOS DE EMILIANO RAMOS MEDINA EXPORTADORES, por ejemplo.

Igualmente domiciliada en la C/ Salvago, 3 de Málaga estuvo la sociedad OLIVARERA PENINSULAR en la que constan como ex consejero delegado el citado Antonio Font Feliú y como ex administradora, Sara Sánchez Rodríguez, que es un personaje que está teniendo mucha relevancia últimamente debido al Auto del Juez Grande-Marlaska que la envió a prisión el pasado mes de abril del 2009 por su implicación en la organización del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle.

Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”.

De momento, no se conoce aún ningún dato, aparte de esta coincidencia entre la denominación de la mercantil SALVAGO 3 y la presencia en el número 3 de la C/ Salvago de Málaga de sociedades vinculadas a la estructura de Marcial Dorado, que permita relacionar al, todavía presunto, narcotraficante con la trama empresarial de Gianni Montaldo ―PONTE TRESA, ARPA 21, OLMOS 16, TIASTA, etc. ― salvo otro detalle que aún está por investigar: si en OLIVARERA PENINSULAR, junto a la encarcelada Sara Sánchez Rodríguez aparece Antonio Font Feliú, en la mercantil ARPA 21, que tiene participaciones en PONTE TRESA y en SALVAGO 3, aparecen el ya conocido Francisco Manuel Moreno Torres y María Isabel Font Feliú.

La identidad de apellidos entre Antonio y María Isabel no quiere decir que exista una relación familiar ―y menos mercantil, que no consta― entre estos, lo cual, por otro lado, tampoco va a ser difícil comprobar, pero las coincidencias no terminan aquí.


El fiscalista Severino Martínez Izquierdo, representante del “malayo” Pedro Román, y la trama del “narco” Marcial Dorado

El 6 de noviembre de 2003 Europa Press hacía saltar la noticia. Marcial Dorado Baúles había sido detenido en relación con un alijo de siete toneladas y media de cocaína apresadas en el carguero South Sea. Por su parte, El Mundo del día 21 de octubre de ese mismo año publicaba que un ejecutivo del Banco Popular, Gonzalo Cantarela del Castillo, había sido igualmente detenido por su participación en operaciones de blanqueo de dinero relacionado con el alijo del South Sea.

Este Gonzalo Catarela del Castillo trabajaba en la unidad de banca privada del Popular, de la que era apoderado, y resulta que entre los administradores de POPULAR BANCA PRIVADA nos encontramos a un viejo conocido de Notitia Criminis. Ni más ni menos que al mismísimo Severino Martínez Izquierdo, el mismo Severino que ocupó un alto cargo de la Inspección de Hacienda en Marbella, el mismo que en 2005 fue tiroteado por un sicario cerca de su despacho en Madrid, el mismo Severino que, en representación del “malayo” Pedro Román Zurdo, aparecía en los consejos de administración de EL ANGEL DE TEPA ―donde también estaba Montserrat Corulla en representación de Roca― y de MOLA 15, la misma sociedad en la que actúa como “secretario” otro buen conocido de Notitia Criminis: Fernando Agulló Díaz-Varela y en la que, junto a altos directivos de la cadena hotelera NH, también participaba VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN.

La mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, como es evidente, pertenece al grupo SACYR-VALLEHERMOSO y, a su vez, posee el 100% de otra sociedad del grupo: PROSACYR OCIO, cuya denominación antigua, no diré ya que sorprendentemente, era SALVAGO GOLF.

Siguiendo el hilo del letrado Fernando Agulló Díaz-Varela, hombre ligado a la fundación Hogar del Empleado y en su día primer teniente de alcalde del PSOE en Majadahonda y viejo conocido de José Bono desde los años setenta, escribí aquí lo siguiente al respecto de la vinculación entre hombres de PROSACYR OCIO y el mafioso ―presunto, faltaría más― Montaldo:

Luego si esto es así y así lo acreditan los Registros Mercantiles, se plantea una curiosa secuencia: hombres de SACYR poseen, junto a un presunto miembro de la mafia, la compañía PONTE TRESA y ésta, a su vez, es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES, cuyo consejo está formado por hombres de SACYR, pues todos ellos, incluido Fernando Agulló, ocuparon puestos, en distintas fechas, en el consejo de PROSACYR OCIO que, por otra parte, sabemos que ha hecho negocios con los “malayos” Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann y con el socio de estos, Juan María López Alvarez... Una sospechosa e imposible muñeca rusa donde lo grande contiene a lo pequeño y lo pequeño posee a la grande”.

En ese mismo artículo también escribí que “visto todo esto, supongo que ya no sorprenderá a nadie encontrar a IBERDROLA INMOBILIARIA ―la misma que tenía por apoderado en Marbella al presunto mafioso Montaldo― y a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, haciendo negocios juntas. Eso ocurre, por ejemplo en la mercantil CAMARATE GOLF SA (Cif: A83827907), donde también están AINDA GRUPO INMOBILIARIO SL, es decir el BBVA, y ACCIONA INMOBILIARIA SA; y tampoco será una sorpresa descubrir que el secretario del consejo de CAMARATE GOLF es Fernando Agulló Díaz-Varela.


Acercándonos al Pocero. La asociación de Rafael Santamaría con el letrado José Luis Sanz Arribas.

Ya publiqué hace algún tiempo que la empresa de Rafael Santamaría Trigo tiene o ha tenido negocios con el letrado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas. La mercantil ROYAL MEDITERRÁNEA está ahora controlada por Pedro Romero Aguilar ―más conocido como “el peluquero de Aznar”― y por el grupo BARCELÓ, si bien REYAL-URBIS mantiene un porcentaje indeterminado en su capital; pero a día de su constitución, el 18 de julio del 2001, esta sociedad estaba presidida por Rafael Santamaría Trigo y como consejeros aparecían, entre otros, el letrado José Luis Sanz Arribas y el citado “peluquero de Aznar” a más de la esposa de éste: Juana Fernández García.

La presencia de José Luis Sanz Arribas en el consejo de ROYAL MEDITERRÁNEA se mantuvo hasta el 11 de mayo de 2005, fecha en la que cesó como secretario no consejero de la sociedad. Esto es significativo a los efectos que aquí nos ocupan por un doble motivo.

Primero, porque ese periodo cubre los hechos que relacionan a la mercantil ROYAL MEDITERRÁNEA con el caso Terra Míntica sobre el que se siguen actuaciones por presuntos delitos de fraude fiscal, estafa, falsificación de documento público y alteración contable, y en el que se llegó a implicar al propio Eduardo Zaplana, quien mantiene o mantenía estrecha amistad con José Bono y con Paco el Pocero, a quien concedió, siendo ministro del ramo, la medalla al mérito en el trabajo.

En este sentido, el 25 de enero de 2005, el diario El País se hacía eco de una noticia que afectaba ROYAL MEDITERRÁNEA. Según este periódico, la Sindicatura de Comptes, es decir, el “tribunal de cuentas” de la Generalitat Valenciana, denunció en 2001 “irregularidades” en la adjudicación de terrenos en Terra Mítica a la empresa ROYAL MEDITERRÁNEA.

El informe de la Sindicatura señalaba que la oferta de la empresa de Pedro Romero Aguilar, Rafael Santamaría Trigo y José Luis Sanz Cid, “contenía un canon más bajo por el derecho de superficie que el de la otra aspirante, Hoteles Costa Blanca”. Se trataba de la adjudicación de 394.000 metros cuadrados previamente expropiados por la Generalitat Valenciana a pequeños propietarios de la zona.

La empresa PARQUE TEMÁTICO DE ALICANTE, propiedad de la Generalitat Valenciana valoró la oferta económica de los licitadores con un 10% cuando en el resto de sus adjudicaciones, ese capítulo venía ponderándose, siempre, en un 30%.

Existen, también, algunos asuntos poco claros en la actuación de otra empresa del “peluquero de Aznar” en la que aparece o aparecía José Luis Sanz Arribas: PLAY GOLF GESTIÓN SA. Esos hechos se desarrollaron en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y de ellos dio noticia El Mundo, pero como del caso ya nos hemos ocupado aquí, será mejor seguir otro hilo interesante que parte de Rafael Santamaría y que nos lleva hasta nuevos nombres famosos o que están adquiriendo cierta fama.


El abogado del Pocero, Rafael Santamaría, José Ramón Carabante, los Alonso Conesa y Miguel Boyer Salvador, el padrino de Petra Mateos

La constructora REYAL-URBIS está participada en un 4,9% por CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS, dominada por José Ramón Carabante que recientemente ha adquirido la finca murciana de La Zerrichera, ligada a la Kutxa, a la trama vasco-malaya y a Trinitario Casanova, contra el que recientemente se dictó orden de detención.

La mercantil CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS tiene como administrador único a José Ramón Carabante de la Plaza, pero hasta hace muy poco ―septiembre del 2008― el presidente de esta entidad era Miguel Boyer Salvador ―el mismo a cuyos pechos fue criada, política y empresarialmente hablando, Petra Mateos Aparicio-Morales― y como consejero aparecía, también hasta septiembre del 2008, otro conocido en Notitia Criminis: Eduardo Alonso Conesa.

Del papel de los hermanos Alonso Conesa en el entramado societario que parece monopolizar las actuaciones urbanísticas de Aranjuez, me he ocupado con detalle en un texto dedicado a la empresa, sin actividad aparente, ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, en cuyo consejo de administración se sientan José Antonio Alonso Conesa y Petra Mateos Aparicio junto a personajes demasiado cercanos a los más señalados protagonistas de la operación Malaya.

Ese es el caso de Alfonso Vegara Gómez ―de la Fundación Metrópoli― estrechamente relacionado empresarialmente con Arteche y otros miembros de la trama vasco-malaya; y de Juan María López Alvarez y José Benito Soto Losa, ambos asociados al “malayo” Pedro Román ―representado por el tiroteado Severino Martínez Izquierdo― y a José Antonio Roca en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15 y también asociados al mencionado Pedro Román en PUERTA ORO TOLEDO, la mercantil propietaria de la finca Alcalvín, en Bargas (Toledo) que recibió de la CCM controlada por Hernández Moltó un crédito de 30 millones de €, renovado por dos veces, la última días antes de la intervención de la Caja.

Pues bien, volviendo a Eduardo Alonso Conesa ―hermano de José Antonio, el consejero de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE― hay que decir que además de pertenecer al consejo de CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS hasta septiembre de 2008, también fue consejero de IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA ―la división catalana de la misma empresa en que el “mafioso” Montaldo era apoderado en Marbella― hasta mayo del 2005, y es consejero, salvo cambios de última hora, de LOLA 2000, una empresa presidida por José Ramón Carabante y, lo que ahora más importa, en la que también es consejero José Luis Sanz Arribas, el abogado y socio del Pocero.


María Teresa Alvarellos Bermejo, la proveedora de empresas del Pocero

Cerremos este largo texto, repleto de coincidencias, con una última casualidad. Como he dicho, Miguel Boyer, el mentor de Petra Mateos, acompañó a Carabante y a Alonso Conesa en la cúpula de CORPORACIÓN FINANCIERA ISSOS, sin embargo, actualmente la única empresa en la que aparece es INVERSIONES DELOS SL donde tiene el cargo de administrador único desde el 2 de abril del 2009.

Antes de esa fecha, en INVERSIONES DELOS, junto a Boyer, también tenía puesto de administrador el citado José Ramón Carabante y, aún antes, hasta el 12 de abril del 2007, consta como administradora de la sociedad María Teresa Alvarellos Bermejo.

Pues bien, da la casualidad que la citada María Teresa Alvarellos Bermejo ―cuyo negocio principal es la venta de sociedades preconstituídas a gente que las necesita con urgencia― está en el origen de un buen número de empresas pertenecientes al Pocero o en las que aparece como administrador José Luis Sanz Cid, el hijo de José Luis Sanz Arribas, que desde hace algún tiempo viene haciéndose cargo de las actividades y de la cartera de clientes de su padre. Así ocurre con las siguientes:

PROYECTOS INMOBILIARIOS SELLA TRES SL.

FINANCIAL & BUSINESS CORPORATE SL

EDIFICACIONES LAGOON DOS SL

LOS RODEOS WEST SL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUINEA ECUATORIAL SL.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUANDA SL.

GOBAL SUNZAL SPAIN SL.

La misma Teresa Alvarellos también aparece en el origen de COMERCIAL ORISTAN DOS, ahora administrada por José Casado Lacort, director de personal del Pocero, letrado perteneciente al Bufete Marín ―del que habrá que hablar en el futuro― y que fue administrador de FISA SYSTEMS SL, una empresa en la que ahora consta como administrador único Adrián de la Joya Ruiz de Velasco, un hombre ligado al felipismo que alcanzó considerable fama en los noventa.

Como ya escribí aquí, en enero de 1995 El Mundo publicó que se acusaba a Virgilio Cano "de dar contratos a la empresa de un amigo y de un ex consejero del PSOE". Ese amigo y ese consejero eran, respectivamente, Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco y Rafael Martín Sanz, cuyos nombres ya habían salido a relucir en relación con el "Caso Atocha" y, en concreto, respecto a las adjudicaciones dadas a la mercantil DEFENSAS HIDRÁULICAS, de la que tanto Adrián de la Joya como Martín Sanz eran consejeros.

En la actualidad Rafael Martín Sanz consta como Administrador de PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. ―otra empresa de CCM relacionada con personajes vinculados al caso Malaya y, directamente con Guillermo García Mauriño Ruiz-Verdejo, directivo de VEMUSA, la empresa del “malayo” Enrique Ventero Terleira,― donde el quebrado GRUPO LABARO tiene el 12% del capital, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN ―en cuyo Consejo de Administración está Petra Mateos― el 9,37% y CAJA CASTILLA-LA MANCHA el 4%.

¿He dicho ya que, según El Pocero, las obras que le hizo a José Bono en HIPICA ALMENARA las pagaron los “patrocinadores” de ese hipódromo y que uno de esos patrocinadores es IBERDROLA?

martes, 16 de febrero de 2010

Pompa, el alcalde de Carranque, dice ahora que la residencia de ancianos del cementerio también tendrá un tanatorio con horno crematorio

Cuando Pompa Mingo, el alcalde de Carranque (Toledo) parece insuperable, no es verdad, se supera. Hay lugares que tienen una “Ciudad de la Justicia”, otros que tienen una “Ciudad del Deporte”, hay alguno que, incluso, tiene una “Ciudad de las Ciencias y las Artes”, pero Pompa, para que Carranque no sea menos, quiere que este pueblo tenga una “Ciudad de los Muertos”.

Hoy se ha sabido que Pompa no sólo se propone levantar una residencia de ancianos en el solar contiguo al cementerio municipal, sino que, además, pretende construir en el recinto de esa misma residencia un tanatorio con horno crematorio incluido.

Un servidor se había hecho el firme propósito de no volver a perder tiempo con esta majadería mientras no hubiera datos fiables que revelaran quién está detrás del luctuoso negocio, a duras penas enmascarado de iniciativa social, pero he de reconocer que este individuo ha conseguido asombrarme otra vez.

Cualquier persona normal y en sus cabales que tenga noticia de semejante bachillería, tan macabra como grotesca, pensará que el tal Pompa está bajo los efectos de algún delirium tremens especialmente virulento y que cuando pasen tales efectos, algo de cordura volverá a reinar. Pues si espera eso, que no lo espere, que desespere.

El Ayuntamiento presidido por Alejandro Pompa no es un lugar en el que se den puntadas sin hilo y el proyecto de este “paquete” completo de servicios pre mortem y post mortem apunta a un hilo largo y grueso como amarra de buque carguero, porque la residencia de ancianos del cementerio, lejos de estar concebida por una mente enajenada, pretende ser un buen negocio privado teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cederá el terreno y que el concesionario de la explotación del asilo cobrará, según las primeras estimaciones barajadas por el alcalde, del orden de 1.250 € (más de 200.000 Pts) por una habitación individual, y unos 1.850 € (algo más de 300.000 Pts) por una habitación doble, cantidades muy asequibles ―lo digo irónicamente― para cualquier jubilado adscrito al Régimen Especial Agrario, y eso aunque el traslado del finado y el horno crematorio no están incluidos en el precio.


De todas formas, esto es lo que Pompa ha declarado a la Cope de Toledo hoy. Púlsese sobre la flecha del icono para escuyar la entrevista y, sobre todo, póngase atención en la referencia al Reglamento de Policía Mortuoria de Castilla-La Mancha, muy interesante en atención al procedimiento que Pompa tiene abierto en el Juzgado nº 2 de Illescas por cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc.






Ahora sólo falta que Pompa denomine al complejo funerario “El Abedular” que es palabra que no existe en castellano, pero sí en alemán, idioma en el que a un bosquecillo de abedules se le llama Birkenau, y que a la residencia la denomine “Hogar de Mayores Dr. Mengele”.

En fin... “¿de dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena?”

viernes, 12 de febrero de 2010

Notitia Criminis en Tercera Información

Desde hoy NOTITIA CRIMINIS pasa a formar parte del proyecto de TERCERA INFORMACIÓ. Las ediciones de este blog en Wordpress y Blogger se mantendrán en tanto se realizan los correspondientes direccionamientos a la nueva URL.

NOTITIA CRIMINIS EN 3i

jueves, 11 de febrero de 2010

Según Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, el Ayuntamiento utiliza el dinero ajeno para “destinarlo a lo que considera oportuno”

En realidad las declaraciones de Pompa han sido algo más tangenciales. Según publica hoy ABC, citando despachos de agencia, Pompa manifestó a preguntas de los periodistas que «el Ayuntamiento emplea su dinero para destinarlo a lo que considera oportuno y ha recordado que parte de los terrenos donde se construyen esas viviendas eran municipales y fueron adjudicados a la cooperativa». A esto, refiriéndose al asunto de la residencia de ancianos junto al cementerio, ha añadido, zambulléndose definitivamente en lo grotesco bien aderezado con lo macabro, que «duda de que desde la futura residencia... se pueda ver el cementerio, puesto que en medio hay unos chalets».

Hay que reconocer que en estas declaraciones del «ingeniero naval privado no homologado» ―que así es como se titula Pompa― no hay ni una sola palabra contraria a la verdad. Es cierto que los terrenos de la cooperativa Villa de Carranque le fueron vendidos a ésta por el Ayuntamiento y también es cierto que Pompa se gasta el dinero de la Corporación en lo que «le parece oportuno», pero precisamente en esas verdades es donde radica el problema.

La venta del suelo municipal a la cooperativa se hizo, como toda compraventa, sometida a condiciones contractuales, en este caso las contenidas en el convenio suscrito entre Ayuntamiento y Cooperativa. Una de esas condiciones era la que dejaba en suspenso, hasta la formalización de las escrituras, el pago del dinero del que se ha apropiado Pompa sin autorización y sin conocimiento de los cooperativistas.

En consecuencia, cuando Pompa, en su condición privada de presidente de la sociedad cooperativa de viviendas, se adueña de 125.000 € de esa entidad para ingresarlos en la cuenta del Ayuntamiento, antes de que estuvieran firmadas las mencionadas escrituras, lo que está haciendo es disponer de lo que no es suyo y de lo que tampoco puede disponer como administrador de una sociedad privada y, además, lo hace, al menos indirectamente, en su propio beneficio pues en su calidad pública de alcalde, le hubiera resultado muy perjudicial no cobrar su nómina ―el salario que se ha asignado como alcalde de Carranque asciende a 6.746.872 Pts. anuales― ese mes y, aún más, en términos electorales, dejar al pueblo sin las fiestas de septiembre.

Pero es más, siendo verdad que el alcalde de Carranque se gasta el dinero del Ayuntamiento «en lo que le parece oportuno» no es menos verdad que esto es ilícito y no lo puede hacer. En este caso, Pompa está obligado a gastar el dinero de la compraventa de los terrenos adjudicados a la Cooperativa, en infraestructuras o inversiones para lo localidad porque así lo establece el convenio mencionado antes y, también, porque así se lo exige la Ley.

Pompa no desconoce ―a pesar de que, aún siendo versado en «ingeniería naval privada no homologada», sea lego en Derecho― el artículo 76.2 de la LOTAU, y no lo desconoce porque constan dos informes del Secretario-Interventor del Ayuntamiento que, en términos comprensibles y pedagógicos, se lo hacen saber.

No obstante y por si acaso lo hubiera olvidado le diremos aquí que dicha norma prohíbe que los Ayuntamientos dediquen el dinero proveniente de enajenaciones de suelo municipal a «gastos corrientes», que para que lo entienda, son los gastos habituales y necesarios para el funcionamiento diario de la Corporación, tales como luz, nóminas, agua, festejos, etc.

En concreto, el citado artículo 76.2 dice que «Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos incluidos en los patrimonios públicos de suelo o sustitución por su equivalente económico de la cesión relativa a la parte de aprovechamiento urbanístico perteneciente a la Administración deberán aplicarse a la conservación y ampliación de dichos patrimonios».

Por su parte, el artículo 79, también de la LOTAU, establece el catálogo de destinos que se podrán dar a los «bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo» y entre esos destinos ―tales como obras de urbanización y ejecución de sistemas generales, construcción de equipamientos colectivos, rehabilitación de viviendas o de renovación urbana, etc.― no están ni los sueldos del alcalde y los concejales, ni las fiestas del pueblo, ni las subvenciones al equipo de fútbol, ni los recibos de luz, ni el pago de los intereses de la exorbitante deuda que atenaza al Ayuntamiento de Carranque, ni nada que remotamente se le parezca.

Dicho lo mismo de forma que Pompa lo entienda: que él, encarnación del Ayuntamiento que representa, no se puede gastar el dinero en lo que «considere oportuno» porque se lo prohíbe la Ley y, mucho menos se puede gastar en lo que «considere oportuno» lo que no le pertenece.

Es cierto, no obstante, que hasta la fecha, la experiencia personal de Pompa parece demostrar otra cosa. Parece mostrar que la Ley, en lo que al Ayuntamiento de Carranque respecta, está en suspenso como si de un peculiar estado de excepción se tratara, porque en el ámbito jurisdiccional de Castilla-La Mancha las ilicitudes administrativas nunca alcanzan el limes de la relevancia penal, pero una reciente sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, la 1127/2009 de 27 de noviembre, ha desmantelado uno de los más habituales argumentos defensivos de los corruptos llevados a juicio: «no es un delito, Señoría, como mucho es una infracción administrativa».

«Mas la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa ―dice la citada Sentencia― se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal, como Ultima Ratio».

Así pues, que Pompa porfíe en su hábito de «hacer lo que le parezca oportuno» y de llevar el cántaro a la bodega día tras día, que otros porfiaremos en nuestro terco empeño de vivir bajo un razonable imperio de la Ley, incluso en Carranque.

lunes, 8 de febrero de 2010

La oposición denuncia que Pompa, alcalde de Carranque, se apropió de 125.000€ de una cooperativa de viviendas para cubrir gastos del Ayuntamiento

Según el boletín de los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Carranque, el pasado mes de Junio, Alejandro Pompa, que compatibiliza su cargo de alcalde de obediencia bonista con su condición de presidente, a título particular, de la cooperativa de viviendas “Villa de Carranque”, reunió a los cooperativistas para comunicarles que si querían que continuaran las obras, cada uno de ellos debería realizar una aportación extraordinaria de 3.000 € para la compra de material.

Hechas estas aportaciones, el 17 de julio de 2009, a su propio riesgo y ventura, Pompa dispuso de 125.000 € (21 millones de Pts.) propiedad de la mencionada cooperativa, e ingresó dicha cantidad en la cuenta del Ayuntamiento, destinándola «al pago de sus nóminas y de los festejos de septiembre», es decir, a fines prohibidos por el propio convenio suscrito entre Ayuntamiento y Cooperativa, extremo que le consta a Pompa porque existen no uno, sino dos informes emitidos en ese sentido por el entonces Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

La operación, tal y como consta en documentación a la que ha tenido acceso Notitia Criminis, está registrada con los siguientes datos:


  • Ingreso de Sociedad Cooperativa de Viviendas Villa de Carranque.
  • Número de operación: 20091002130
  • Clave de operación: 100814
  • Fecha: Día 17 de julio de 2009
  • C.C. Cuenta 2100 1201
  • IBAN ORD: ES4321001201110201360781
  • Concepto: Entrega a cuenta, segunda parte de la venta de parcelas integradas en la manzana R-25 del Plan Parcial PAU Las Montanillas.
  • Importe: 125.000 €

Según fuentes de los cooperativistas, la apropiación de esa cantidad ni era conocida, ni estaba autorizada y pese a que la Cooperativa “Villa de Carranque” tenía pendiente una deuda con el Ayuntamiento a causa de los terrenos adquiridos a éste, el pago en cuestión estaba en suspenso ―por mandato del convenio suscrito con el Ayuntamiento― hasta la firma de las escrituras de tales terrenos, de modo que cuando Pompa dispone de esa cantidad como «pago a cuenta», la deuda era determinada pero no exigible y los cooperativistas fueron inducidos, con engaño según la denuncia de la oposición, a hacer frente a unos pagos a los que aún no estaban obligados.

Esto se produce mientras las obras de las viviendas estaban paralizadas, los proveedores sin cobrar y un número considerable de los cooperativistas en situación de desempleo y mientras, por otro lado, la deuda de la corporación municipal se acerca ya a los 1.500 Millones de Pts. y mientras ésta debe más de 10 Millones de Pts. de recogida de basura o unos 22 Millones de Pts. de agua.

No obstante, las remuneraciones ―a más de dietas, desplazamientos y otros suplidos― que a sí mismos se han adjudicado los principales miembros del equipo de gobierno de Pompa y que sí cobran puntualmente, son las siguientes:

Alejandro Pompa Mingo: 6.746.872 Pts.
Antonio Fernández Retana: 7.147.590 Pts.
Mª José Martínez Aboín: 4.927.808 Pts.

En esta misma línea, se desvela un dato curioso que ya hace frontera con el esperpento, el Ayuntamiento, además de cargar con las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, le paga al tal Alejandro Pompa un seguro médico privado ―ADESLAS― cuya cuota mensual asciende a 23.000 Pts.

Y no haciendo frontera, sino adentrándose temerariamente en ese esperpento como si se tratara de un novado «callejón del Gato» que por añadidura acogiera la regia sede del mismísimo «tirano Banderas», a todo lo anterior se suma la última pretensión de Pompa: construir una residencia de ancianos junto al cementerio del pueblo.

Ni apostaré por quién será el contratista a quien la fortuna sonría si eso se lleva a término, ni diré que la cosa no resulte práctica y que no ahorre desplazamientos al difunto y a sus deudos, ni que tanta cercanía a la fosa no favorezca la reflexión en las vanidades del mundo y en lo fugaz del tiempo, pero se me hace que la alcaldada resulta un poco luctuosa y aunque Pompa en esto es reincidente, porque ya venía siendo habitual que al lado de ese mismo cementerio se instalara la plaza de toros, columbro que para compensar con la comodidad del sepelio la falta de cirujano; poner a un viejecillo tan vecino a la sepultura, es como poner a ciertos calandrajos a contemplar, pero no catar, un azumbre de buen vino, acto inclemente que aprovecha poco e irrita mucho. Mas así es Carranque, muy hecho a la calamidad por haber tenido siempre más de orza que de pueblo.

martes, 2 de febrero de 2010

Se confirma la maniobra para instalar una base militar americana en el aeropuerto de Ciudad Real. La operación pendiente de las dudas de Defensa

Pese al “rotundo”, como no podía ser de otra forma, desmentido lanzado ayer por CR AEROPUERTOS, la edición de hoy de ABC da por hecho la existencia de la operación mediante la cual se pretende vender el aeropuerto de Ciudad Real para la instalación de una base ligada a las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio: “El Ministerio de Defensa ―dice ABC― que encabeza Carme Chacón estudia con recelo dar luz verde a la venta del aeropuerto de Ciudad Real a un fondo de pensiones ligado al Ejército norteamericano... Defensa teme que la venta pueda transformar al aeropuerto de Ciudad Real en una base logística del Ejército norteamericano en la que pueda llegar a repetirse un escándalo similar al de los vuelos de la CIA”.

La noticia publicada el pasado día 31 fue acogida con sorpresa y escepticismo. La enormidad que supondría la cesión, de facto, del territorio español para la instalación de una base militar al margen del Parlamento y del tratado bilateral que ampara la existencia de las instalaciones militares americanas de Torrejón, Rota y Morón; restaba credibilidad a la información.

A más de esto, los rumores de una inminente venta del aeropuerto ya había sido propalados en anteriores ocasiones por los propios implicados en el negocio, probablemente como intento de presionar a algún potencial comprador y hacerle temer que se le escapara de las manos un “chollo” de semejante envergadura, lo cual hacía sospechar que en esta ocasión estuviéramos ante una maniobra similar.

Sin embargo, ayer un responsable de SPANISH AMERICAN STRATEGIC ALLIANCE (SASA) en declaraciones hechas a algún medio de comunicación, reconocía la celebración de la reunión el el Hotel Intercontinental, la presencia de periodistas a los que se les negó la entrada porque se trataba de “una reunión privada” y que Hernández Moltó ―que, por cierto, el pasado domingo estaba de cacería con los hermanos Cutillas en una finca propiedad de estos― había sido “invitado”a participar en el proyecto.

Por otra parte, también ayer, la compañía del aeropuerto, en la que están implicados Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Aurelio González Villarejo, CCM y algún otro constructor áulico de Castilla-La Mancha, aseguraba que las informaciones sobre la operación del aeropuerto eran falsas pero añadía, no sé si dándose cuenta o no de la contradicción en que estaba incurriendo, que CR AEROPUERTOSsiempre ha tenido entre sus objetivos el incorporar nuevos socios del ámbito internacional”.

Hoy ABC confirma la existencia de la operación, a la que sólo le faltaría la determinación final del precio, sin que nada se oponga a ella salvo las reticencias del Ministerio de Defensa y lo cierto es que una maniobra de esta naturaleza tiene la suficiente consistencia como para que se la tome muy en serio.

El papel de las bases españolas en las guerras emprendidas por Estados Unidos en Oriente Medio ha sido vital en todas las ocasiones, por no hablar del uso del territorio español como lugar de escala para los vuelos que transportaban prisioneros hacia el campo de concentración de Guantánamo.

La política americana, sobre todo durante la invasión de Irak, ha venido entregando a empresas privadas aspectos relativos a la logística y el suministro de las tropas, pero también concernientes a las propias operaciones armadas, como es el caso de lo sucedido con la compañía BLACKWATER, un auténtico ejército privado del que se ha publicado que dispone, al menos, de 20 aviones de guerra y unos 20.000 mercenarios en nómina y cuya presencia en Irak sólo salió a la luz después de que cuatro de sus hombres fueran linchados en una emboscada en Faluya en marzo del 2004.

Tampoco ofrece muchas dudas, que en esta línea de “privatización” de la guerra, el Pentágono tenga interés en la libertad de movimientos que le ofrecería actuar a través de la tapadera de una compañía privada, propietaria de un aeropuerto situado en un punto estratégico y sometido al derecho civil, ajeno por tanto, a las restricciones y controles a que están sujetas sus bases militares en España.

Finalmente ¿para qué, si no es para una maniobra de esta naturaleza, podría tener utilidad un aeropuerto situado en medio de un páramo desierto, en el que ni los grajos muestran interés por tomar tierra y que se ha demostrado un fiasco desde sus inicios?

El hecho es sumamente preocupante y extraordinariamente grave y si llega a materializarse, independientemente de que Hernández Moltó haya desplegado sus habilidades de muñidor o no en el asunto e independientemente de que haya cobrado o no una comisión de 70 u 80 Millones de Euros por ello, el fraude de ley, la burla al Derecho español y a la soberanía del Estado, alcanzaría tal magnitud que superaría con mucho lo tolerable a este Gobierno o a cualquier otro.