miércoles, 27 de mayo de 2009

El hijo de Méndez Pozo: “volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal”

Ayer, Periodista Digital, publicaba que el Grupo Promecal, es decir, el buen amigo de Bono y Barreda, «Michel» Méndez Pozo (en la foto) cerraba sus cabeceras de La Tribuna de Cuenca y Guadalajara y ponía en la calle, de momento, a 90 trabajadores.

Con esta medida, Méndez Pozo dice que «intenta consolidar la actividad y el compromiso adquirido con Castilla-La Mancha ―l'État c'est moi, que dirían Bono o Barreda― manteniendo el mayor número posible de puestos de trabajo en esta Comunidad Autónoma».

Miguel Antonio Méndez Pozo, es un conocido empresario de la construcción en las dos Castillas desde que, condenado en 1992 ―un auténtico pionero, en esto― por el «caso de la construcción» de Burgos, ingresó en prisión.

En los últimos tiempos, tras resurgir espectacularmente de las cenizas del presidio, ha adquirido notoriedad en Castilla-La Mancha, no sólo por su estrecha relación con Barreda y con el propio José Bono, quien llegó a decir, según publicó El Semanal Digital, «que le hubiese gustado conocerle de niño para jugar a las canicas con él», sino por su presencia en los negocios del aeropuerto de Ciudad Real y de «El Reino de Don Quijote» y por dominar, junto a sus socios Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo, buena parte de los medios regionales de información.

Sin embargo, desde aquel 1992, sus actuaciones han venido rayando lo discutible, lo muy discutible e, incluso, los sospechoso. Con los pies firmemente apoyados en las dos orillas de la política española, en Burgos, bajo la autoridad regional del PP, ha resultado adjudicatario de la concesión de televisión digital de Castilla y León asociado con José Luis Ulibarri (en la foto) el imputado en la Operación Gürtel.

En Castilla-La Mancha, con un gobierno de aparente signo contrario, a más de optar también a la concesión de una televisión digital y de mantener, como vengo diciendo, una pública y notoria cercanía a José María Barreda, se acaba de ver favorecido por una modificación ad hoc de la Ley del Suelo regional que le permitirá convertir ―a él y a sus socios― el «Proyecto de Singular Interés» del aeropuerto de Ciudad Real en un saneado negocio de venta de parcelas industriales, previamente expropiadas a los labradores del lugar al atractivo precio de 54 céntimos el metro cuadrado.

Ahora, la recesión y el fiasco inmobiliario están poniendo en peligro la buena fortuna conseguida por Méndez Pozo tras su salida de prisión. Sin embargo no hay que confiar mucho en el efecto profiláctico de la crisis. El favor político puede, muy bien, invertir el proceso de «selección natural» que desde los tiempos de Adam Smith se atribuyen a aquélla, pues no tienen por qué sobrevivir los más aptos, sino lo más protegidos y Méndez Pozo sabe cómo buscar el cobijo necesario o, al menos, eso parece desprenderse de los siguientes hechos.

El 6 de agosto de 2006 El Semanal Digital se hacía eco de unas declaraciones de Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Méndez Pozo. Durante la inauguración de un tramo de la circuvalación de Burgos adjudicado a una UTE en la que participaba una de las empresas de su padre, el hijo tomó la palabra y declaró:

«El próximo año yo calculo que por el mes de marzo o mes de abril nueve amigos de esta ciudad y empresarios nos volveremos a marchar de viaje aprovechando como disculpa una Feria de Construcción, un algo de Urbanismo, alguna cosa, y si Dios quiere volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal y honestidad hasta... hasta el infinito, porque además las empresas que participamos en estas UTES no sabemos agradecerles su dedicación de otra forma».

Dos meses antes, eso mismo, «agradecerles su dedicación» es lo que este grupo de empresarios, incluido Miguel Méndez Pozo, había hecho al invitar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle, y a los técnicos de su departamento a pasar, gratia et amore, tres días en la Riviera francesa.

Inmediatamente después de este viaje, los generosos empresarios tuvieron la suerte de resultar adjudicatarios de la construcción de un túnel en la calle Islas Baleares, de Burgos. La oferta, aún siendo la más cara, fue informada favorablemente en tanto que incluía una alternativa de tráfico durante la construcción. No obstante, concedida ya la obra, los adjudicatarios presentaron una modificación del proyecto, que les fue aprobada, en la que esta ventaja, decisiva para la adjudicación, fue suprimida.

lunes, 25 de mayo de 2009

Hernández Moltó acusa a los directivos de CCM de "engaño" y "falsedad contable" y amenaza con una querella criminal

Cosas veredes, amigo Sancho, que harán fablar las piedras, pero esta les hace clamar. Según informa hoy El Mundo, Juan Pedro Hernández Moltó, no sólo encabeza el recurso que los consejeros han presentado ante el Ministerio de Economía asegurando que son inocentes de todo y que el equipo directivo de CCM les engañó falseando sostenidamente la contabilidad de la Caja, sino que prepara contra ellos una querella criminal.

El Mundo entrecomilla varios párrafos del recurso presentado por Moltó y los demás consejeros que merecen ser resaltados aquí:

Los directivos «engañaron y falsearon las cuentas de la caja».

«El Banco de España ha procedido con la resolución impugnada a premiar a los directivos expertos en engañar y falsear las cuentas de CCM, a sabiendas del propio Banco de España de la comisión de ese engaño o fraude contable a lo largo de de todo el ejercicio 2008»

«La lógica del Banco de España para la sociedad es clara. Si usted es un directivo de una caja de ahorros y falsea la contabilidad y engaña a su consejo de administración, no se preocupe... pues aunque el Banco de España esté supervisando la caja y las actas de los órganos de gobierno y por tanto sea consciente de esa falsedad documental, el supervisor cesará al consejo engañado y les mantendrá en sus puestos de trabajo y dirección, e incluso les confirmará en ellos».

En esta línea, los consejeros de CCM, con Hernández Moltó a la cabeza, preparan una querella criminal que, dicen, presentarán ante los tribunales próximamente, aunque advierten ―esto no es una amenaza― que antes tratarán que la ministra de Economía «conozca su versión de los hechos».

Finalmente responsabilizan del «engaño» y la «falsedad contable» al equipo directivo capitaneado por el destituido Ildefonso Ortega, señalando especialmente a:

  1. José Luis Rodríguez Romo.
  2. Juan Tomás Vidal.
  3. Francisco Hernánz Manzano.
  4. Alejandro López Hernández.
  5. Francisco Javier Saiz.
  6. Miguel Angel Martínez.
  7. Juan Manuel Díaz Crespo.

Independientemente de que es incomprensible, si no intolerable, que todas esas personas y algunas otras que faltan en la lista, como José Luis Rodríguez Holgado, José Miguel Físico Cabañas o Florencio Fernández Gutiérrez, continúen en sus puestos y no hayan sido fulminantemente cesados, ya que no denunciados inmediatamente ante la Fiscalía; resulta realmente sarcástico que el consejo de administración en pleno y el propio presidente de la entidad, Hernández Moltó ―que ahora dice que era «presidente no ejecutivo»― pretendan haber vivido engañados durante más de una año.

¿No leían estos señores la prensa? ¿No les habían llegado noticias de que el desastre se estaba precipitando? ¿No se habían enterado de que la Caja estaba «haciendo negocios» con gente poco recomendable y muy sospechosa como varios imputados en la Operación Malaya e, incluso, con el propio Juan Antonio Roca?

Bueno, admitamos que en los despachos de CCM no se leen los periódicos, pero ―permítaseme la vanidad― lo que me consta que sí se lee asidua y atentamente, es Notitia Criminis. Demasiada atención han prestado a mi modesta persona estos honorables caballeros, legos en contabilidad financiera, para vivir tan engañados como dicen que vivían.

Y la Fiscalía Anticorrupción ¿qué opina de todo esto?

viernes, 22 de mayo de 2009

La oposición exigirá en el Senado que Fernández Ordóñez explique por qué ha prohibido a CCM ejecutar los créditos vencidos de CR Aeropuertos

Pese a la dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS de Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y los Barco Fernández ―según manifestaciones del propio Díaz de Mera, para que su presencia no perjudique el proyecto― la modificación de la LOTAU aprobada por Barreda y su partido para posibilitar la venta de los suelos del Aeropuerto de Ciudad Real, sigue atrayendo la atención sobre Castilla-La Mancha.

Mientras, como se puede comprobar en la siguiente grabación, Domingo Díaz de Mera continúa manteniendo su tesis, coincidente con la de Barreda, de que tras las noticias que están apareciendo sobre el aeropuerto de Ciudad Real sólo hay una campaña orquestada por Dolores de Cospedal, por El Mundo y por una de sus periodistas en particular, Cristina Caballero, a la que sutilmente advierte que sabe que es natural de Albacete.





Sin embargo, a pesar de las explicaciones dadas por el importante empresario manchego, el senador del PP Agustín Conde ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia del gobernador del Banco de España para que explique por qué se ha dado orden a la nueva dirección de CCM de no ejecutar los créditos vencidos que le adeudan los socios del aeropuerto.

Ahora bien, puestos a exigir explicaciones, el grupo popular del Senado también debería exigir a Miguel Angel Fernández Ordóñez que haga pública, de una vez por todas, la lista de créditos de riesgo concedidos por Hernández Moltó y su equipo.

Debería exigirle que explique en qué situación se encuentra el crédito de 30.000.000 € concedido a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del «malayo» Pedro Román Zurdo y del socio de Roca, Juan María López Alvarez, que la Caja renovó dos días antes de su vencimiento y apenas una semana antes de la intervención.

Debería pedir explicaciones al gobernador del Banco de España sobre la cantidad exacta de dinero prestado a imputados en la trama de corrupción marbellí y que la prensa ha cifrado en 200 Millones de Euros. Debería pedir explicaciones sobre la situación de las sociedades que CCM comparte con detenidos e imputados en la Operación Malaya o con personajes cercanos y asociados a estos, como es el caso de Enrique Ventero o Juan María López Alvarez, sobre el dinero invertido en esas sociedades y, expecialmente, debería exigir explicaciones de por qué continúan en su puesto directivos como Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, que han compartido y comparten asiento en distintos consejos de administración con estos personajes.

Tampoco estaría de más preguntar qué sabía de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, el alcalde de Bargas (Toledo) que, además, es vicepresidente de la Diputación Provincial, Gustavo Figueroa Cid; y si en el «campo de golf de Layos (Toledo) donde han aparecido el «malayo» Javier Arteche Tarascón y el letrado detenido e imputado en la Operación Astapa, Luis Fernando Linares Torres, están o han estado comprometidos préstamos o inversiones de CCM.

A dos meses de la intervención de la Caja, la oscuridad sigue reinando sobre todas estas cuestiones y todo apunta a que el Bando de España no tiene ninguna intención de encender la luz.


TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP, Agustín Conde, anunció hoy que su grupo va a pedir la comparencia en la Cámara Alta del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «ante la sorpresa inaudita de que los nuevos gestores de CCM han decidido no ejecutar los préstamos impagados que tienen en relación con el aeropuerto de Ciudad Real, para permitir que sus propietarios puedan venderlo y terminar de hacer negocio».

Así lo adelantó el senador 'popular' en la rueda de prensa que ofreció hoy en Toledo, en la que se preguntó si la nueva dirección de Caja Castilla La Mancha «va a tener esta actitud con todo el mundo, o es que hay ciudadanos de primera y de segunda».

Según defendió Conde, «hay empresarios que deben cientos de millones de euros a CCM, y que probablemente han causado el mayor quebranto patrimonial que ha tenido la caja y su falta de solvencia, que no ejecutan los préstamos. Pero la caja sí que embarga a pequeños ahorradores y clientes», criticó.

Aludió en su comparecencia a los cientos de pequeños propietarios a los que se les expropiaron sus tierras «pagándoles medio euro por metro para construir un aeropuerto, cuyos dueños, ahora, lo van a revender haciéndose multimillonarios a costa de las tierras que por cuatro duros obtuvieron de los pequeños agricultores de la comarca», algo que calificó de «intolerable».

Dicho esto, el portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP aseveró que lo natural es que los pequeños propietarios que fueron expropiados empiecen a agruparse como afectados e inicien el procedimiento de reversión de terrenos contra la Junta, apostillando que con este tipo de actitud, «se está creando una inseguridad jurídica tremenda en relación con el aeropuerto, porque ¿quién va a correr el riesgo de comprarlo sabiendo que cientos de propietarios pueden reclamar su parte?».

Asimismo, Agustín Conde defendió que el PP «ha sido un gran defensor del aeropuerto, pues desde su inicio, hemos creído que esta infraestructuras en Ciudad Real contribuiría al desarrollo de la provincia y de la región. Pero nos duele ver que aquello que fue una buena idea y un proyecto ilusionante, se va a convertir en un pelotazo que van a pegar unos cuantos con la inestimable ayuda que la Junta».

Por último, el senador toledano recordó que acompañó al presidente regional, José María Barrera y a los consejeros del ramo, cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, para que desbloqueara determinados aspectos de ese aeropuerto, «pero jamás pude imaginar que iba a convertirme en pretexto para que unos cuantos amigos del poder dieran el pelotazo de su vida».

Por ello, apuntó que la administración pública ha de atender los intereses generales, «y no facilitar negocios particulares para que algunos salven de la quema de su ruina algunos de los activos que tienen gracias a la actuación del poder público», finalizó.

sábado, 16 de mayo de 2009

Plusvalías multimillonarias para los socios del aeropuerto de Ciudad Real tras la modificación de la LOTAU impulsada por Barreda

El pasado 14 de mayo de este singular 2009, el parlamento regional de Castilla-La Mancha votó y aprobó, con los exclusivos votos del partido del presidente Barreda, la modificación de la ley del suelo regional (LOTAU). El día 15 “El Mundo” titulaba la noticia de la siguiente forma: «La Junta manchega remata el “pelotazo” del aeropuerto».

Este titular se refiere a las sospechas de lex in privos lata (ley promulgada a favor de determinado o determinados individuos) que pesan sobre esta modificación legal. Ella fue solicitada por los promotores del Aeropuerto de Ciudad Real ―entre los que brillan con capital propio Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo, los hermanos Barco Fernández y CCM― y apoyada inmediatamente por Barreda, unido a estos empresarios o a algunos de ellos por una conocida y pública amistad.

La situación ha hecho que se levante el tono por parte de la oposición en Castilla-La Mancha. En este sentido el diputado regional Leandro Esteban aseguró el pasado 15 de mayo que «no todo el PSOE de la región piensa como sus dirigentes y no todo el PSOE está de acuerdo con la actitud de golfería y chulería política que ayer protagonizaron sus dirigentes en las Cortes» y acusó a Barreda también de mantener una actitud «favorecedora de un interés y para unas personas muy concretas».

Naturalmente, los protagonistas del negocio del Aeropuerto de Ciudad Real, inevitablemente ligado a la otra gran actuación urbanística en la provincia, tanto por su dependencia funcional, como por los propietarios de los capitales invertidos, el Reino de Don Quijote; niegan rotundamente toda posibilidad de trato de favor e incluso niegan su propio protagonismo y niegan más rotundamente aún que el asunto sea un «pelotazo».

En una reciente entrevista (de la que a continuación inserto varios fragmentos y que se puede escuchar íntegra desde este enlace) concedida por Domingo Díaz de Mera a la Ser de Ciudad Real, este importante empresario de la región reconocía sin ningún empacho ser buen amigo del presidente de Castilla-La Mancha al igual que lo era de varios dirigentes del PP regional, de lo cual estaba orgulloso. Añadía que el aeropuerto de Ciudad Real no es ningún «pelotazo», que él únicamente es propietario «directamente» del 2,99% del capital y que la modificación de la LOTAU sólo implicaba que las empresas que se instalaran en los más de 12 millones de metros cuadrados que ocupa el aeropuerto, podrían a partir de ahora tener «su propia escritura».





Para reforzar estas afirmaciones, el mismo día en que se aprobaba la modificación de la LOTAU, que permitirá a los propietarios del aeropuerto segregar suelo y venderlo como parcelas industriales ―un negocio que según El Mundo reportaría unas plusvalías cercanas a los 3000 Millones de Euros (medio billón de Pts.)― Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y Antonio Barco Fernández, hicieron pública su dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS.


El 2.99% de Domingo Díaz de Mera.

Como hemos visto, en la entrevista concedida a Ser Ciudad Real, Domingo Díaz de Mera asegura ser el propietario «directamente» de sólo el 2,99% del capital del aeropuerto. Por lo tanto, se trataría exclusivamente de un socio minoritario entre tantos otros y en esa situación el «favor» del presidente Barreda, de haber existido, sería irrelevante y lo verdaderamente decisivo estaría en la significación del proyecto para los intereses regionales.

Seguramente Domingo Díaz de Mera no falta a la verdad al decir esto porque advierte que ese es el porcentaje del que es propietario «directamente». La cuestión, por tanto está en determinar de qué porcentaje es propietario «indirectamente» esto es, a través de persona jurídica interpuesta.

La estructuración del capital del aeropuerto de Ciudad Real es compleja y se difumina entre varias sociedades. La principal, no obstante, es CR AEROPUERTOS. Los accionistas de esta empresa son:

INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO SA, con un 43,78% del capital.

CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, con un 25,72%

IBERDROLA, con un 9,22%

AEROPUERTO DE CIUDAD REAL SA, con 7,84%

RIO DE LOS AUSINES, con el 5,14%

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA, con el 5,00%

En consecuencia, los mayores accionistas de CR AEROPUERTOS son, con ventaja CCM e INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO. Ahora bien, el capital de esta última sociedad está repartido de la siguiente forma:

DOMINTO DÍAZ DE MERA LOZANO, tiene el 48,93%

GLOBAL CONSULTING PARTNERS es propietaria del 39,92%

PROMOCIONES GONZÁLEZ (Aurelio González Villarejo) tiene el 11,11%

ASAVINE y GRUPO EMPRESARIAL HC, tienen un porcentaje indeterminado.

Tengo para mí que el 48,93% de un 43,78% es más que el 2,99% pero es que, también, GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL es una empresa que Díaz de Mera comparte con los Sanahuja y algunos otros empresarios. Así, a través de COPORACIÓN INDO MA SL, Díaz de Mera tiene el 19,58% de GLOBAL. Por su parte GRUPO EMPRESARIAL HC también pertenece a Díaz de Mera y de ella este «buen amigo» de Barreda posee un 30,00%.


La repentina dimisión.

Con lo dicho anteriormente, la noticia de la dimisión de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Barco Fernández de sus puestos en el consejo de CR AEROPUERTOS alcanza su auténtica dimensión. En lo que se refiere al control de la empresa es completamente irrelevante porque dicho control no depende de los órganos de administración, sino de la propiedad del capital y, que se sepa, las distintas participaciones de estos empresarios en el negocio no han sido vendidas ni donadas.

Por el contrario, la dimisión parece obedecer a una mera actuación propagandista con la que se intenta dejar sin argumentos a las noticias que la prensa estatal viene publicando desde hace tiempo y que en conjunto hacen que el proyecto del aeropuerto desprenda un intenso fumus malus iuris, cosa que con su dimisión vienen a reconocer estos empresarios, o dicho de otra manera ―véanse aquí las últimas declaraciones de Díaz de Mera― lo que reconocen es que su presencia en él cuestiona el proyecto y la propia actuación de Barreda.

Además, como he dicho más arriba, no sólo la prensa está levantando la voz contra la modificación de la LOTAU solicitada por los accionistas del aeropuerto y prontamente hecha suya por Barreda. Dolores de Cospedal acusó el pasado día 14 a Barreda de «amparar, impulsar y proteger, y defender la tropelía cometida hoy en la región». La viceportavoz del Grupo Popular, Carmen Casero, por su parte, calificó la modificación de la Ley del Suelo regional como «perversión legislativa y golfería política». Hoy el tono, con las declaraciones de Leandro Esteban, sube aún más y, lo que resulta más importante, conecta el asunto de la modificación de la LOTAU, del aeropuerto y de la cercanía personal de sus accionistas a Barreda, con el caso CCM.

Todo esto, en conjunto, debe preocupar a Barreda que hasta el último momento ha intentado conseguir el apoyo del PP para la reforma de la LOTAU. Es lógico que le preocupe. Desde hace mucho el PP de Castilla-La Mancha parecía una sección política de los gobiernos de Bono y de Barreda. El cambio de política introducido por Dolores de Cospedal le debe tener perplejo pues no está acostumbrado a que en Castilla-La Mancha exista oposición.


La modificación de la LOTAU no es un «pelotazo» de los socios del aeropuerto.

Otra de las cosas que niegan, no sólo Díaz de Mera, sino los demás socios del aeropuerto y el propio presidente Barreda, a través de sus portavoces, es que la modificación de la Ley del Suelo sea un «pelotazo» para esos socios.

En este sentido, El Mundo, en su edición del 21 de abril de 2009 titulaba la noticia sobre este asunto de la siguiente forma: «'Pelotazo' en el Aeropuerto de Ciudad Real. El PSOE manchego cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo. La modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de Euros».

El día 15 de mayo, uno después de que el parlamento regional aprobara la modificación de la ley, ese mismo periódico decía: «la Junta manchega remata el 'pelotazo' del aeropuerto. El Gobierno de Castilla-La Mancha cambia la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo con plusvalías multimillonarias».

El diccionario de la Real Academia no recoge ninguna acepción del término «pelotazo» relacionada con el mundo de los negocios. No sé, por tanto, si este vocablo de germanía moderna es aplicable o no al asunto del aeropuerto pero si con él se quiere significar la obtención de una fabulosa diferencia entre precio de adquisición y precio de venta propiciada mediante maniobras oscuras o actividades meramente especulativas, puede que la palabreja no esté mal elegida.

Las plusvalías a las que se refería el diario El Mundo, el medio billón de Pts. traen causa del tratamiento legal que la LOTAU daba a los «proyectos de singular interés regional». Básicamente, esa figura jurídica propiciaba tres grandes ventajas, en este caso, para los promotores del aeropuerto.

En primer lugar dejaba al margen a los ayuntamientos afectados, de manera que los promotores se ahorraban cantidades millonarias en tasas y cesiones a estos. En segundo lugar, el monopolio sobre el negocio quedaba garantizado para los promotores, que por mandato legal eran los únicos que podían explotar directamente el proyecto. En tercer lugar, la adquisición del terreno podía hacerse de forma inmediata por vía de expropiación forzosa y urgente sin tener que afrontar molestas e interminables negociaciones con los agricultores afectados. Todo ello sin olvidar las cuantiosas ayudas con dinero público que de suyo acompañan a la declaración de «singular interés».

De todas estas ventajas aprovechadas en su día por Díaz de Mera y los demás socios del aeropuerto, la de la expropiación es la más hiriente y nos retrotrae a las «desamortizaciones» del XIX, un pasaje bastante desconocido de nuestra historia que llenó los montes de partidas de bandoleros y los frentes de batalla de carlistas rebeldes.

El Mundo ya publicó en su edición del día 13 de mayo pasado que, como consecuencia de la condición de «singular interés» del proyecto, los terrenos ocupados por éste fueron expropiados forzosamente y que la cantidad pagada por metro cuadrado osciló entre los 54 céntimos de euro para el suelo de secano y el euro con veinte céntimos para las parcelas de regadío. El detalle de esos pagos se puede ver en el blog «Modus Tolens» del periodista Carlos Otto.

Es verdad que no todo el suelo ocupado por el aeropuerto fue expropiado. Su centro gravitacional, la finca de los Barco Fernández, fue comprado por la propia sociedad en la que éstos participan, pero lo que en definitiva tenemos aquí es un suelo adquirido a 54 céntimos el metro, que después de la modificación de la LOTAU solicitada por los socios del aeropuerto y defendida y aprobada por Barreda y su partido, pasa a tener un valor estimado de 600 € el metro.

Ahora bien, esta modificación era absolutamente necesaria para que esas plusvalías pudieran materializarse. Como he dicho, una de las grandes ventajas de los proyectos de «singular interés» era el blindaje monopolístico del negocio, pero para ello la ley impedía la segregación de parcelas en los suelos incluidos en tales proyectos. Nadie, sólo los promotores, podía explotar el negocio directamente. A cambio, naturalmente, estos adquirían la obligación de cargar con el riesgo de la aventura.

Sin embargo, la gran ventaja, tras el fiasco inmobiliario español y el desmoronamiento de los tinglados finacieros mundiales, se había convertido en una losa que asfixiaba a Díaz de Mera, a CCM y a sus demás socios.

Si querían deshacerse del proyecto ―y querían― tenían que hacerlo en su totalidad. Debían encontrar un comprador que se hiciera cargo, por completo, de un negocio ruinoso, de un aeródromo en el que ni los grajos toman tierra. El comprador se ha buscado pero no se ha encontrado, así que la solución parecía sólo estar en la posibilidad de parcelar el suelo y venderlo, recalificado de facto para usos industriales, zonas de ocio y actividades hoteleras. Eso, precisamente, es lo que Barreda, a través de la modificación de la LOTAU, ha hecho en favor de las sociedades del aeropuerto.

Con esto, lo que pretendía ser un negocio dedicado al tráfico aeroportuario, cosa que había servido para justificar el «singular interés» y las expropiaciones de los terrenos, se vuelve, esencialmente, mera actividad especulativa de venta de suelo adquirido ―por no decir arrebatado― a 54 céntimos y vendido a 600 €. El asunto, desde luego, parece rentable.

sábado, 9 de mayo de 2009

El Banco de España pone al frente del Grupo CCM al que fuera director general de la Kutxa cuando ésta hacía negocios con la trama vasco-malaya

Mientras los consejeros destituidos y expedientados presentan recursos acusando a la dirección de CCM de presuntos delitos de falsedad, la parte más oscura de los negocios de CCM, los que la relacionan con algunos de los protagonistas de los casos de corrupción de Marbella, parece estar obteniendo el nihil obstat del Banco de España. En esa línea marcha el nombramiento de Xabier Alkorta, uno de los dos directores generales que tenía la KUTXA en la época en la que estructuró su participación en las sociedades de la «trama vasco-malaya»

Si el día 1 de abril, a poco más de una semana de la intervención de CCM, eran “fuentes cercanas” al Gobierno de Castilla-La Mancha quienes aseguraban que Hernández Moltó ocultó información vital al ejecutivo de Barreda, que de haber sido conocida hubiera impedido la concesión de los créditos de alto riesgo que han llevado a la Caja a donde ahora está; el pasado día 6 de mayo eran los consejeros expedientados de la entidad los que se descolgaban con la misma cantinela.

Según publicó El País, en el recurso de alzada presentado por los consejeros de CCM, destituidos y expedientados por el Banco de España, se acusa al equipo directivo de Hernández Moltó de «falsedad contable y engaño» y consecuentemente, según cita el mismo periódico, dichos consejeros estudian la posibilidad de interponer acciones penales contra los mencionados directivos, empezando por el también destituido Ildefonso Ortega.

No sería para menos, si lo que dicen es cierto. Según el recurso de alzada citado, «resulta acreditado que el Director General y el Comité de Dirección de CCM han venido ―a lo largo de 2008 y hasta el día de la sustitución provisional del Consejo― falseando aquellos datos, cifras y porcentajes con la finalidad de hacer creer al Consejo, que no somos ni tenemos obligación de ser expertos en contabilidad financiera, que la evolución de la caja era positiva y con la finalidad añadida de ocultar que la Caja se hallaba en una situación económica de excepcional gravedad para su propia estabilidad, su liquidez o su solvencia».

Los Consejeros recurrentes, también según El País, aseguran que «nunca antes del 27 de noviembre de 2008 fueron informados sobre la presencia del Supervisor en la entidad» Se refieren con esto a la presencia de un equipo de inspectores del Banco de España en las oficinas centrales de la Caja; y al mantener tal cosa los consejeros en cuestión si no mienten, al menos sí que utilizan un concepto demasiado formal del término «información». Aunque puede que sea cierto que Moltó les ocultó que los inspectores del Banco de España le estaban levantando las alfombras, la prensa dio cumplida noticia de esto antes de esa fecha.

De hecho, El Confidencial ya dijo el día 7 de noviembre del 2008 que desde principios de esa primera semana de noviembre, «un equipo de cinco inspectores del organismo supervisor ha desembarcado en el seno de la entidad presidida por Juan Pedro Hernández Moltó. De acuerdo con las fuentes consultadas, se trata de una actuación preventiva que pretende mantener un acceso directo, casi en tiempo real, a la operativa diaria de la Caja»

El Confidencial continuaba añadiendo que «según han reconocido fuentes de la propia entidad ―la presencia de los inspectores― forma parte de la política iniciada por el Banco de España a comienzos de año, tras decidir intensificar las tareas de supervisión y fiscalización de las cuentas de las entidades de ahorro».

No parece muy creíble la ignorancia que los expedientados pretenden alegar para evitar las sanciones y para ―cosa bastante cómica― que se les reponga en sus puestos y funciones. Asunto distinto es el hecho objetivo de que las cuentas de la Caja no reflejaran la imagen fiel de su situación como ha puesto de manifiesto el Banco de España, y las responsabilidades que de ello se derivan, desde luego penales si como dicen los consejeros, tienen documentos que acreditan que Moltó y sus directivos, falsearon la documentación contable.

Son muchos y muy cualificados los que ya han acusado a Moltó y a sus hombres de «engaño y falsedad», empezando por el Gobierno de Barreda, pero es mayor aún la tardanza de la Fiscalía Anticorrupción ―a la que de sobra le ha llegado la «notitia criminis»― en iniciar la investigación de los hechos.

Esta parsimonia resulta especialmente preocupante porque si bien Hernández Moltó ya no está en la Caja, el equipo directivo que él nombró y con el que ha llevado a la entidad a tan altas cotas de calamidad, sí que está y sí que domina el escenario del presunto delito y sí que puede estar comprometiendo, gravísimamente, las pruebas de éste.

Es cierto que ha habido cambios en el Comité de Dirección de CCM, pero no especialmente tranquilizadores. Para empezar, Xavier Alkorta, el nuevo Director General del Grupo CCM, nombrado tras la destitución de Ildefonso Ortega, desempeñó anteriormente el cargo de Director General de la KUTXA junto a Jesús María Iturrioz, y esto no es irrelevante porque fue en el periodo en el que ambos ocupaban estas direcciones generales en la caja vasca, cuando la entidad materializó sus negocios con la denominada «trama vasco-malaya».

Es más, el propio Jesús María Iturrioz ―como he dicho, director general de la KUTXA junto a Alkorta― se reunió al menos en dos ocasiones con el propio Juan Antonio Roca, tal y como informó en su momento El Confidencial. El mediador de esas reuniones, según el citado periódico, no fue otro que Javier Arteche Tarascón, también imputado en una pieza separada del Caso Malaya y que aparece relacionado con Roca en los negocios que éste tenía en murcia, así como con Montserrat Corulla, quien presuntamente era la principal testaferro de Roca tanto en Madrid como en Los Alcázares.

Arteche y otros miembros de la «trama vasca» tampoco son ajenos a la provincia de Toledo y a sus alrededores. Sabemos de su presencia, como socio del arquitecto Miguel de Oriol e Ibarra, en el campo de golf de Layos (Toledo) y también está documentada la actividad de empresas relacionadas con la citada «trama» en las proximidades de Argés (Toledo) y en Aranjuez.

Cuando la relación entre la KUTXA y los implicados en el Caso Malaya saltó a la prensa, la caja donostiarra escindió alguna de las sociedades que mantenía con Arteche, Maya Galarraga, Aguirre Iguiniz, etc. y trató de borrar las huellas de la estrecha relación que le unía a estos individuos, entre otras cosas, abandonando el proyecto de la finca murciana de Lo Poyo.

Sin embargo, esa ruptura nunca fue completa como demostró Patricia López en uno de sus artículos publicado en el diario Negocio. Lo que sí coincidió en el tiempo con la aparente separación entre la KUTXA y los hombres de la «trama vasca» fue la salida de los que hasta entonces habían sido sus directores generales, a saber: Xabier Alkorta y Jesús María Iturrioz, quienes probablemente pagaron con su puesto el lavado de imagen de la KUTXA, ahora decidida a renegar de las operaciones realizadas con Roca o, mejor dicho, con elementos cercanos a Roca.

Los antecedentes, pues, inspiran intensas sospechas en lo que se refiere al nombramiento de Alkorta como director general de una Caja ―CCM― que ha resultado estar, también, estrechamente implicada en los intereses de la ―cito textualmente el Auto de imputación del Caso Malaya, de 18 de julio de 2007― «organización criminal de Juan Antonio Roca».

Los datos preocupantes no acaban aquí. Al margen del nombramiento de Gorka Barrondo como director general de la Caja, es decir, del ascenso del hombre que hasta la intervención había sido el responsable del control de riesgos de CCM, lo cual resulta un poco demasiado grotesco teniendo en cuenta a dónde han llevado a la entidad los «riesgos» asumidos; la intervención parece estar consolidando en la dirección de CCM a personas que han aparecido demasiado relacionadas con el Caso Malaya.

Así, Juan Tomás Vidal, que además de ser vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF en Carranque (Toledo) y ex alto cargo de los gobiernos de José Bono en la consejería que entonces ocupaba Hernández Moltó, se sienta también en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO y de GESTIONES HERVEMU, empresas ambas del «malayo» Enrique Ventero; ha sido confirmado en la Dirección de Administración y Control de Gestión de CCM.

Me consta que en los despachos de CCM, durante los últimos meses, ha existido una viva preocupación ante la posibilidad de que aparecieran noticias que relacionaran a Juan Tomás Vidal con la Operación Malaya, pero su caso no es el único que debería preocupar y mucho a Miguel Angel Fernández Ordóñez.

En sus cargo continúa José Luis Rodríguez Holgado, también miembro de varios consejos de administración de empresas del citado Enrique Ventero y consejero ―ya lo voy adelantando― de otra sociedad estrechamente relacionada con el Caso Malaya: TRANVÍA DE PARLA S.A., pero quizás más preocupante que lo anterior es la permanencia como director de organización y sistemas de José Luis Rodríguez Romo.

Rodríguez Romo preside la sociedad LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ en un contexto en el que coinciden Juan María López Alvarez, el socio de Roca y de Pedro Román, y Javier Arteche y otros miembros de la «trama vasca», y donde ―también lo adelanto― vuelven a aparecer juntos el Caso Gürtel, el Caso Malaya y las inversiones de CCM― pero, sobre todo, comparte consejo de administración con ese mismo Juan María López Alvarez en las mercantiles CLAUDIA ZAHARA 22 y CORTIJO DEL MORO; y esto por no hacer referencia a su relación societaria con David Marjaliza (IZEN INNOVACIÓN y ATALIA INICIATIVAS) y con el imputado tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, Domingo Díaz de Mera.

En definitiva, que la política de Fernández Ordoñez en el caso CCM tiene todos los visos de pretender pararse en el saneamiento económico de la entidad ―con dinero público, claro está― y paralelamente ensombrecer todo lo posible aquellos elementos o indicios que llaman a escena al Código Penal.

Los consejeros de la caja ―a los que no hace ninguna gracia que se les haya señalado como los chivos expiatorios de la situación― lo saben y de ahí que astutamente adviertan al Gobernador del Banco de España y al Ministerio de Economía que la falsedad contable bien puede ser un delito, y que en los artículos 290 y siguientes de ese mismo código hay descritas conductas que deberían preocupar mucho a los directivos de la Caja, y que ellos están estudiando la interposición de acciones penales.

En el caso de Caja Castilla-La Mancha, decididamente, hay un auténtico estruendo. Por todas partes resuenan voces que repiten lo mismo: «si me hundo yo, nos hundimos todos». Entre tanto, los clientes siguen sacando sus «perras» de la Caja. Desde el 1 hasta el 21 de abril se han esfumado depósitos por valor de 519 Millones de Euros (86.354.334.000 Pts.) pero esto no es sorprendente, lo sorprendente es que aún haya alguien que tenga una cuenta en CCM.

domingo, 3 de mayo de 2009

¿Pretende el Banco de España volver a poner Caja Castilla-La Mancha en manos de Barreda cuando quede saneada la entidad?

El pasado día 30 de abril Cayo Lara, coordinador de IU, reclamó que la Fiscalía Anticorrupción investigue los posibles “indicios delictivos” que están sacando a la luz la prensa y la intervención de CCM por parte del Banco de España.

Lara se refirió, específicamente, a la concesión por parte de CCM de un crédito de 30 millones de € (5.000 Millones de Pts.) sobre unas garantías de 5, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre algunos otros, del “malayo” Pedro Román Zurdo y de su socio y también de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez.

Ese crédito, correspondiente a una finca ―Alcalvín Bajo― situada en la localidad toledana de Bargas cuyo alcalde, Gustavo Figueroa Cid, es también vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo, fue renovado íntegramente por Hernández Moltó y por su equipo directivo días antes de su vencimiento y apenas dos semanas antes de la intervención de la Caja, en una operación cuyo apresuramiento y protagonistas hacen, cuando menos, sospechosa.

No es este, sin embargo, el único vínculo que une la gestión de Hernández Moltó y su equipo directivo con varios de los más significativos imputados en la Operación Malaya, una trama de corrupción cuyos hilos superan, con mucho, los límites locales y políticos de Málaga.

Sabemos, por las noticias que en su momento publicó El Economista, que el capital prestado por CCM a Juan Antonio Roca, a Pedro Román y a Enrique Ventero Terleira ―a sus sociedades, se entiende― está próximo, si es que no supera, los 200 Millones de € (unos 34 mil millones de Pts.) una cantidad fabulosa que hace muy difícil creer que, en este caso, no estemos ante una “colaboración” sistemática, consciente, planificada y sostenida en el tiempo entre estos individuos y la dirección de CCM.

Ahora, el informe de la Inspección del Banco de España no viene, precisamente, a despejar las sombras de sospecha sobre actuaciones peor que negligentes en la gestión de CCM. Según El País, en su edición de este 1 de mayo de 2009, dicho Informe es “demoledor”. En él se ponen de manifiesto “graves errores y carencias” tales como:

  1. Una estructura organizativa sin “líneas de responsabilidad claras y definidas”.
  2. Carencia de política de seguimiento de las inversiones.
  3. Concentración de riesgos en el sector inmobiliario.
  4. Superación de la inversión crediticia del límite del 35% marcado por el propio Consejo de CCM en el 2005.
  5. Identidad o confusión de intereses los responsables del “análisis de riesgos” y la sociedad solicitante, destacando, dice El País, “operaciones en las que se financia la práctica totalidad de la inversión para adquirir participaciones en sociedades relacionadas con la entidad y operaciones concedidas a personas vinculadas con la entidad en otros proyectos por un importe de riesgo elevado en relación con su capacidad de devolución”.
  6. Seguimiento de la inversión crediticia hecho con retraso y sin profundidad: desatención de la auditoría interna; etc. etc.

Mucho más grave que esto, es el hecho puesto de manifiesto por la Inspección del Banco de España, de que los clientes de CCM con créditos de más de 16 Millones de € eran, solamente, 125 y que de estos créditos, entre los que, como he dicho, están los concedidos a Roca, Pedro Román y Ventero, el 30% se consideran dudosos, el 34% están calificados como “subestándar” y el otro 20% son tan sospechosos que el Banco de España considera que requieren “un seguimiento especial”.

No conocemos aún la lista de esos 125 clientes en su totalidad, pero sí algunos de los nombres más significativos cuyas sociedades están incluidas en ella: Domingo Díaz de Mera, Antonio e Ignacio Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Román Sanahuja, Enrique Ventero, Pedro Román Zurdo o Juan Antonio Roca.

Con independencia de las relaciones que puedan conectar a Moltó y sus hombres con el entramado “malayo”, sí es conocida y pública la estrecha relación personal que une a Domingo Díaz de Mera y a Antonio Miguel Méndez Pozo con José María Barreda, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y con esto llegamos al meollo de la cuestión, pues el Gobierno de Barreda ahora y el de Bono antes, no sólo estaban obligados por ley a controlar lo que sucedía en la Caja, sino que colocaron en ella a Hernández Moltó como hombre de confianza y le mantuvieron al frente de la entidad aún cuando era vox populi la inminencia del desastre, precisamente como garantía de docilidad y control de CCM.

En definitiva, que si Moltó mandaba en la Caja, Bono primero y Barreda después, mandaban en Moltó y parece inimaginable que Hernández Moltó actuara por cuenta propia, sin las órdenes o al menos el consentimiento de quienes le habían puesto donde estaban y de quienes, de un plumazo, le podían quitar de ahí.

Por eso tiene razón Cayo Lara cuando responsabiliza a Bono y a Barreda de lo ocurrido y no como últimos responsables, sino como responsables inmediatos, tan inmediatos como lo es el propio Moltó, y también tiene razón al extender esa responsabilidad a los dirigentes del PP en la región, que durante décadas han guardado un discreto y cómplice silencio, no sé si bien alimentado por la Caja y por la propia Junta, aunque casos como los del consejero de CCM, Germán Chamón, (a una de cuyas sociedades ―que, por cierto, comparte con Méndez PozoCCM le concedió un crédito de 9 Millones de €) proporcionan ciertas pistas sobre las razones de ese silencio.

Durante lustros, en Castilla-La Mancha no ha habido oposición al Gobierno. Las modificaciones introducidas por Bono en la Ley electoral de la región eliminaron toda posibilidad de que IU tuviera representación parlamentaria y, por otro lado, los hombres del PP en Toledo fueron tratados con mimo maternal, tanto que, por ejemplo, Arturo García Tizón fue puesto al frente del “Comité para el Buen Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa de CCM”.

Las infiltración del bonismo, a lo largo de las últimas décadas, ha fermentado tanto en el PP de Toledo (y en el de la región en general) que si ahora Cospedal quiere recuperar el control de su partido en la región, es más que posible que necesite recurrir a medidas draconianas y ya veremos si está en condiciones de hacerlo. Barreda lo sabe y sus mensajes advirtiendo que si él se hunde, se hunden todos, son constantes.

Estando así las cosas, la pregunta ahora es simple ¿piensa el Bando de España devolver CCM a las mismas manos que han provocado su quiebra y han utilizado la entidad de una forma que desprende un intenso olor a delito? Vamos todos listos si cuando se llene el agujero provocado en la Caja se devuelve el control de ésta a Barreda. La ratificación en sus puestos de hombres como Juan Tomás Vidal, Físico Cabañas o José Luis Rodríguez Holgado y el nombramiento como director general de un ex directivo de la Kutxa, estrechamente relacionada, también, con el Caso Malaya; no son datos que produzcan mucha tranquilidad