jueves, 23 de octubre de 2008

La empresa concesionaria de la redacción del POM de Illescas está relacionada con los "malayos" Carlos Sánchez y Andrés Lietor

GESCOAR ASESORES, empresa que se alzó con la contrata para la redacción del Plan de Ordenación Municipal de Illescas, está estrechamente relacionada con dos de los principales imputados en la Operación Malaya: Carlos Sánchez y Andrés Lietor, a través de la mercantil CCF21 NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. cuyo funcionamiento en Marbella ocupa una buena parte de los 471 folios del Auto de procesamiento del Caso Malaya.


La adjudicación de la redacción del Plan de Ordenación Municipal.

La noticia de las extrañas circunstancias que rodean a GESCOAR ASESORES (CIF: B83783472) Sociedad que ha cobrado 360.000 € por la redacción del POM de Illescas, ha saltado a la luz a partir de la denuncia expuesta por la PLATAFORMA CIVICA DE LA SAGRA. Según esta asociación y según los datos que constan en el Registro Mercantil, la empresa se constituyó sólo 17 días antes de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Illescas -Presidido por Tofiño- del pliego de condiciones relativo a la licitación del POM. Su capital fue el mínimo legal exigible y no consta ningún otro patrimonio a su nombre ni, tampoco, que tenga contratado personal alguno. Así mismo, esta sociedad, según las cuentas registradas, carecía de ingresos, y su saldo en el ejercicio 2004, año en que tuvo que depositar la garantía correspondiente a la adjudicación del concurso público, ascendía a 2.715 €.

Las vivas sospechas se acentúan aún más si se tiene en cuenta que la sociedad en cuestión trasladó su domicilio desde la C/ La Diligencia, número 4 de la barriada de Entrevías de Madrid (en la foto) hasta la Cañada Real de Merinas, un asentamiento chabolista de Illescas; que carece de cualquier experiencia en el sector; y que su plica era la más cara de las presentadas al concurso.

A causa de todas estas extrañas circunstancias, la PLATAFORMA CÍVICA DE LA SAGRA ha anunciado que entregará a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación que ha recabado sobre la adjudicación de la redacción del POM de Illescas, haciendo notar, además, “la falta de colaboración del Ayuntamiento que no les facilita el acceso a la documentación del expediente de adjudicación del concurso, a pesar de contar con el compromiso del arquitecto municipal”

Ante esto, Tofiño, no sale de su perplejidad. Dice, según ABC, estar «alucinado» (sic) y que «El POM se aprobó por unanimidad de todos los miembros del pleno, estuvo expuesto, el Ayuntamiento se lo ha explicado a las asociaciones, a los partidos políticos, a todo el mundo... No sé si es que la gente se vuelve loca o tiene un afán de protagonismo de la hostia (sic) pero (esa denuncia) no tiene ningún sentido».

Por su parte, el presidente de la asociación Illescas Norte aclaró que lo que pretenden con esto es «hacer algo como ciudadanos para impedir que La Sagra sea objeto de corrupción urbanística como lo viene siendo últimamente». Illescas «es la punta del iceberg después de Seseña».


La sombra de la Operación Malaya.

Pues bien, sabido todo esto, convendrá investigar si tras la concesionaria de la redacción del POM hay algo más que merezca tenerse en cuenta y, al parecer, sí que lo hay.

GESCOAR ASESORES tiene como administrador único, en estos momentos, a un individuo llamado Pedro Carlos Cogollo de la Fuente que fue nombrado como tal, es decir, como administrador único, el 8 de enero de 2007. En esa misma fecha se inscribieron en el Registro Mercantil correspondiente el cese del Consejo de Administración anterior formado por el propio Cogollo de la Fuente y la señora o señorita Yolanda Chalmeta Cárdenas.

El señor Cogollo de la Fuente se dedica a varias actividades empresariales y así aparece como administrador, además de en GESCOAR ASESORES, en NUEVA ALCOHOLERA SL, en GESTIÓN Y OBRAS PREVINCO SL y en GESTIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS HENARES SL.

Sin embargo, mucho más interesante, de momento, es la señora o señorita Yolanda Chalmeta Cárdenas, quien desaparece de la administración de GESCOAR en enero de 2007 pero que desde 1996 hasta la fecha, viene desempeñando el cargo de apoderada de la mercantil AIRLINE CARGO SYSTEM ESPAÑA SA, antes denominada FLY WORLD SA y con CIF: A81179004.

Es aquí, precisamente, donde descubrimos datos reveladores sobre círculo en el que se mueven los administradores de GESCOAR. En el consejo de administración de esta empresa constan nombres muy relevantes como el de Frank Westermann pero, por ahora, debemos fijar la atención, especialmente, en dos de ellos: el de José Ramón García Llorente y el de Wael El Rez.

José Ramón García Llorente fue secretario no consejero de CCF21 NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA y fue consejero y apoderado de esa misma sociedad en cuyo actual consejo de administración también aparecen como apoderados los detenidos, presos e imputados durante la Operación Malaya, Andrés Lietor Martínez y Carlos Sánchez Fernández. En cuanto a Wael El Rez, también tuvo los cargos de apoderado y de consejero de CCF21.

Sin embargo, la lista de administradores de esta sociedad oculta, más que desvela, a quienes ostentan su auténtico control. Para averiguar este punto es preferible acudir al Auto de imputación dictado por el Juzgado nº 5 de Marbella el 18 de julio del 2007.

Las pistas que dirigen la investigación hacia CCF21 NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA , empresa de Carlos Sánchez según el Juez Miguel Angel Torres, aparecen muy pronto en el curso de la investigación. Concretamente en el registro de las oficinas de MARAS ASESORES, el cuartel general de Roca en Marbella. Así, según se puede leer en la página 8 del citado auto de imputación: “En el registro de Maras Asesores se localizaron una serie de archivos informáticos en el que se ponen de manifiesto los flujos monetarios de Roca que tendrían un origen y destino supuestamente delictivo. Se trata de los archivos marasasesores/puesto2/handydriver/Lapiz/Condeor/ Cajas, archivos “Cajas2004.xls”, “Cajas2005.xls” y “Cajas2006.xls” y marasasesores/puesto2/ handydriver/Lapiz/Salva, archivos excel “Cuenta AR.xls”, “Cuentas CCF21.xls”, “hoja de caja caña.xls”, “Ayuntamiento.xls” y “FSR.xls”.

Es imposible detallar ahora cada uno de los hechos acreditados en el Sumario Malaya (véanse los siguientes documentos: 1 y 2) en los que aparece implicada la mercantil CCF21 y sus “apoderados” Carlos Sánchez Hernández y Andrés Lietor Martínez, pero el siguiente párrafo que aparece en la página 417 del Auto de imputación puede ser un resumen adecuado de esos hechos:

La llegada de Roca al Ayuntamiento de Marbella marca el punto de partida de una actividad en la que Roca se beneficia de su labor en el Ayuntamiento de Marbella para obtener enormes beneficios por medio de su participación en diversas sociedades entre las que se encontraría Mediterránea de Inmuebles 47 en la que es el socio oculto de Carlos Sánchez y Andrés Lietor.

Gracias a Roca MI47 obtiene con la permuta del hotel Pueblo Andaluz varias parcelas y enormes beneficios, terminando en poder del propio Roca parcelas como Siete Corchones, Cortijo del Alicata, Rio Verde, etc.

Incluso Roca y Carlos Sánchez tienen una cuenta en común, la denominada Cuenta 270 en la que se reflejan las cuentas entre Roca y Carlos Sánchez sí bien Roca en modo alguno aparece formalmente como titular de las propiedades que se le atribuyen”.

Parece pues, un hecho claro que tanto la mercantil CCF21, como los citados Sánchez y Lietor se mueven dentro del círculo más íntimo de Roca y que su implicación en esa estructura que el Juez Miguel Angel Torres definió como “organización criminal dedicada a una multiplicidad de delitos”, no es algo meramente accidental. De hecho, a Carlos Sánchez se le tiene por el Maestro que enseñó a Roca todo lo que sabe y por el autor de un chascarrillo que cuentan que Roca repetía a menudo: “cada día se levanta un tonto dispuesto a que le roben su solar. Busquemos a ese tonto”.

Es cierto que los nombres que aparecen en el consejo de CCF21 hacen dudar de que el verdadero control de esa sociedad esté en manos de los referidos Sánchez y Lietor. Ahí nos encontramos con rancios nombres de la aristocracia española representando a la banca alemana, como es el caso de Luis Chapa Martínez de Irujo, contacto en España del Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank o, incluso, con algún juez del Tribunal de Comercio de París, como Monsieur Francis Picard, pero eso no quita sentido, sino que se lo da al misterioso hecho de que un hombrecillo oscuro, pobre y desconocido, como era Juan Antonio Roca a su llegada a Marbella, acabara tejiendo, en unos pocos lustros una red cuyos tentáculos recorren la Península de Norte a Sur y de Este a Oeste.

Ahora, tras el extraño episodio de GESCOAR ASESORES y de la redacción del POM de Illescas, descubrimos nuevos lazos con la “organización” de Roca. La cosa puede parecer insólita, pero quizás no tanto si recordamos al arquitecto Oriol asociado con Arteche, Galarraga y Yeregui en Layos; a los socios en compañía de los cuales anda Aurelio González Villarejo en Los Alcázares; a los hombres de la CCM, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado (consejeros de VILLA ROMANA GOLF) asociados con Enrique Ventero Muñóz, también en Los Alcázares; al hijo de José Manuel Tofiño fundando una sociedad con los Díaz Bermejo y Gallego Peinado, los socios mayoritarios de VILLA ROMANA GOLF; a la CCM dando créditos multimillonarios a las empresas de Roca, MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES; al buen amigo de Bono y de Barreda, Domingo Díaz de Mera con su nombre al retortero en el Sumario Malaya; y si también recordamos el hecho indiscutible de que el POM de Illescas es el instrumento que dotará de legalidad a un fabuloso negocio inmobiliario en el que están previstas 24.000 viviendas y el soterramiento de la vía férrea y del que uno de los principales beneficiarios es Aurelio González Villarejo.

Los soldados yanquis suelen decir que “una vez es casualidad, dos mala suerte y tres fuego enemigo”. Aquí ya estamos empezando a perder la cuenta de las veces que van.

miércoles, 22 de octubre de 2008

Acusan a Tofiño de falsedad documental

"El Alcalde de Illescas y Presidente de la Diputación de Toledo manipula un informe geotécnico con el beneplácito de la Junta". Así titula la revista Epoca el reportaje (se puede descargar completo desde aquí) dedicado a José Manuel Tofiño Pérez y al nuevo cementerio de Illescas en su número del 17 al 23 de octubre del 2008. Según recoge esta publicación, el nuevo cementerio de la localidad “se ha levantado en unos terrenos que podrían no ser los adecuados, según apuntan tanto los propios vecinos como fuentes del Istituto Geológico y Minero Nacional

Tofiño, alcalde del pueblo y presidente de la Diputación de Toledo, según continúa diciendo la citada revista “se ampara en la autorización firmada por el Delegado Provincial de Sanidad de la Junta para mantenerlo abierto.

Dicha autorización podría cuando menos ponerse en tela de juicio si nos atenemos a que el informe hidrogeológico que se realizó en la zona (y que está en poder de la delegación de Sanidad) está incompleto y 'manipulado', puntualizan los vecinos, porque de las 23 páginas de las que consta, 16 han desaparecido. Además, en la número 16 del informe (realizado por la empresa SERGEYCO) se afirma lo siguiente en referencia al terreno sobre el que se asienta el cementerio: 'Son suelos con una alta probabilidad de riesgo por colapso por inundación debido a fugas o infiltraciones directas de agua. Desde el punto de vista geotécnico, estos materiales -arcillas- no se consideran aptos para el apoyo directo y soporte de las cargas de cimentación'.

Por si eso no fuera suficiente para que la Junta de Castilla-La Mancha impidiese la ubicación del nuevo cementerio-tanatorio en esa zona, los vecinos han observado en múltiples ocasiones los desperfectos que se estaban produciendo tras la inauguración del campo santo, y que eran tan graves y alarmantes que no podían dejar pasar por alto. Entre esas desagradables deficiencias está la existencia de agua dentro de las sepulturas y el levantamiento del cemento de las tumbas provocado por la humedad del terreno.

Ante eso, el alcalde Tofiño, ha ha hecho otra cosa que afirmar que el Consistorio municipal tiene la autorización firmada del delegado provincial de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha y que no hay nada más que discutir”.

...

Desde el Instituto Geológico y Minero de España, fuentes consultadas por esta revista afirman, extraoficialmente, que 'leyendo el informe que el Ayuntamiento de Illescas presentó en Sanidad, se ve que es muy ambiguo y que profundiza poco y deja abiertas todas las posibilidades'.

A pesar de esas declaraciones, la respuesta oficial del Instituto Geológico se ha limitado a un simple correo electrónico en el que se asegura que este organismo no trabaja a petición de particulares y por tanto, no puede dar a esta asociación ningún tipo de explicación sobre un informe hidrogeológico que no obra en su poder”.

Ante esta situación, procede hacer algunas averiguaciones, puesto que si no se puede afirmar que todo lo racional es real, si es cierto que todo lo real es racional, es decir, que todo lo real ha de tener una explicación, incluso el empecinamiento, a primera vista absurdo, del Alcalde Tofiño en ubicar el nuevo cementerio donde está, en cerrar el antiguo, en no reconocer los que las fotografías publicadas por Epoca parecen demostrar claramente y en soportar pacientemente que los lodos de esas sepulturas le salpiquen día tras día.

En relación con esto, las preguntas más inmediatas a las que hay que buscar una respuesta son estas:

¿Cuál es la empresa concesionaria de los servicios funerarios de Illescas?

¿Quiénes son sus administradores y accionistas?

¿Cuáles son los vínculos societarios de esos administradores y accionistas?

¿Cuál es el iter registral, la historia registral, de los terrenos en los que se ha ubicado el nuevo cementerio? ¿A quién pertenecían? ¿Quién los compró? ¿Cómo llegaron a manos del Ayuntamiento o, en su caso, a las de la empresa concesionaria?

¿A quién se encargó la construcciones de las instalaciones?

¿Cuál será el destino de los terrenos del antiguo cementerio y quién tiene intereses urbanísticos en sus inmediaciones?

Y, a propósito, harían bien los vecinos de Carranque en ir poniendo sus barbas a remojar, porque sólo hace unos días, Alejandro Pompa llamó a capítulo a los propietarios de los solares que circundan el cementerio de la localidad para hacerles una propuesta que, teóricamente, no podían rechazar: modificar las normas subsidiarias para que en esos terrenos, aproximadamente unos 25.000 m2 (de los cuales una considerable cantidad pertenece ya a los hermanos López Iglesias, socios de VILLA ROMANA GOLF) Fuera posible la construcción en altura, y todo ello, sólo a cambio de que se constituyera una Unidad de Ejecución... cuyo destino, naturalmente, quedaría en manos de los comuneros mayoritarios, quienes podrían estar muy interesados en edificar un tipo de viviendas que pudiera acogerse a la categoría “público-privada” de Barreda dado que éstas tendrían garantizada su venta, en caso de no encontrar particulares que las adquieran, al propio Gobierno de Castilla-La Mancha.

No cabe duda de que si el muy centenario cementerio de Carranque acaba rodeado por una plaza de toros, un recinto ferial y una colonia de viviendas; se convertirá en un problema.

miércoles, 15 de octubre de 2008

Pompa se niega a responder a las preguntas de la acusación y los demás imputados se acogen a su derecho a no declarar.

Ayer, 14 de octubre de 2008, se ha tomado declaración (mejor dicho, se ha intentado tomar declaración) en el Juzgado nº 4 de Illescas a Alejandro Pompa, alcalde de Carranque (Toledo) a Jesús María Gallego Peinado, aparejador del mismo Ayuntamiento y socio propietario del complejo inmobiliario PEYBER, a Mª José Martínez Aboín, Primera Teniente de Alcalde y a Antonio Fernández Retana, segundo Teniente de Alcalde y concejal de urbanismo a fecha de los hechos.

Todos ellos han comparecido como imputados por los delitos de prevaricación, estafa, malversación de fondos públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, conspiración para alterar el precio de las cosas, cohecho, etc. relacionados con la tramitación del PAU del campo de golf de Carranque. No se presentaron a declarar el Secretario del Ayuntamiento Juan Francisco Bravo Collantes, ni el funcionario en excedencia Ernesto Rodríguez Cubas, ambos imputados en la causa junto a los citados antes.

Pompa, que acudió asistido por el letrado Isidro Sánchez Villa, con despacho en la C/ Montera 10-12, y que parece haber prescindido definitivamente de su abogado habitual, a la par que del Ayuntamiento, Javier Toledo; se negó a responder a las preguntas de la acusación y lo hizo, solamente, a las de su propio abogado.

Al contestar a dichas preguntas, se limitó a repetir las mismas declaraciones que ha venido haciendo estos últimos días a la prensa. Según publica Europa Press, a la salida del Juzgado, Pompa manifestó “que esta denuncia es la misma que en su día interpuso IU en la Fiscalía de Toledo, y que el fiscal Jefe de Toledo decidió archivar y echar un rapapolvo a quien la presentó”.

También, siempre según la nota de Europa Press, afirmó que todos los imputados contestaron a las preguntas realizadas sobre el PAU del campo de golf de Carranque —lo que es incierto— y en términos muy similares, si no idénticos, a los usados por Francisco Hernándo “El Pocero” en relación con el PAU del Quiñón de Seseña, añadió que está “muy tranquilo” y que “el proceso —la tramitación del PAU, se entiende— Corresponde a la legalidad como no podía ser de otra manera, ya que no es al Consistorio de Carranque al que le corresponde aprobar el PAU, sino a la Comisión Provincial de Urbanismo. Después de cuatro años de tramitación se ha aprobado con todas las bendiciones porque no se puede hacer de otra manera”.

Sin entrar a fondo en la cuestión, pues la instrucción del caso no ha hecho más que empezar, de lo dicho por Pompa, llaman poderosamente la atención algunas cosas.

La primera es el hecho de que Pompa se negara a dar respuesta a las preguntas de la acusación. Negarse a declarar es un derecho fundamental que le concede a los imputados o detenidos el artículo 24 de la Constitución, pero Pompa no es un particular, sino un político con mando en plaza obligado, al menos en términos de salud pública, a dar explicaciones de sus actos y, si puede, a despejar las dudas sobre presuntos delitos que haya podido cometer.

El silencio de Pompa, escudado en una declaración mínima y cuidadosamente memorizada, hecha sólo en respuesta a las preguntas de su abogado defensor y consistente en mera afirmación de principio: todo es legal porque yo lo digo, es campo perfecto para aplicar el viejo principio jurídico según el cual qui tacet consentire videtur, o dicho en toledano clásico: “el que calla, otorga”; e idéntica conclusión cabe aplicar al resto de los imputados, que no es que se negaran a responder a las preguntas de la acusación; es que se negaron en redondo a abrir la boca.

Por otro lado ¿cómo es que sabe Pompa que la denuncia de Manos Limpias es igual a la presentada en su día por IU? La pregunta no es baladí. La Fiscalía Anticorrupción no es un Juzgado y, por eso mismo, no da traslado a los investigados de los expedientes que abre sobre ellos. ¿Ha tenido Pompa acceso al expediente de la Fiscalía?

En cuanto a que la aprobación del PAU del campo de golf por la Comisión Provincial de Urbanismo demuestra el estricto respeto de la legalidad en su tramitación, baste recordar que el del Quiñón, en Seseña también fue aprobado por la misma Comisión y, sin embargo, José Luis Martín, ex alcalde de la Localidad y responsable de la tramitación inicial del Quiñón está imputado y, con toda probabilidad, no será el único.

La declaración de Pompa, en este punto, tomada al dictado del director de su equipo de abogados, pretende confundir corrección en el procedimiento administrativo, con la presunta comisión de delitos tales como los de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc. que no tienen nada que ver con que un PAU pueda ser o no ser, en sí mismo, ilegal.

Un soborno (cohecho) sigue siendo soborno aunque se haya consumado para conseguir un beneficio que, de suyo, no sea delictivo. La Comisión Provincial de Urbanismo puede aprobar el PAU del campo de golf o el del Quiñón porque no es ilegal su ejecución sobre el suelo al que afecta, pero no dice nada sobre los presuntos delitos que se hayan podido cometer para, por ejemplo, adjudicar ese PAU, casualmente, al aparejador municipal del Ayuntamiento que lo adjudica.

El otro punto del que Pompa ha hecho bandera es el archivo de la denuncia de IU por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo; pero esta es una defensa vana. Los fiscales no son jueces y sus resoluciones no tienen efecto de cosa juzgada. Que ahora un Juzgado abra diligencias previas (es decir, abra una investigación) y le impute media docena larga de delitos, si algo pone en cuestión, es la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia de IU que, al parecer, no tenía tan “escaso contenido penal” como entonces se dijo.

En lo que respecta a los otros imputados que comparecieron ayer en el Juzgado, tanto Jesús Mª Gallego Peinado, que también ha prescindido de los servicios del abogado Ramón Platero Parada y acudió asistido por el letrado Guillermo Regalado Nores, con despacho en la C/ Alcalá 75 de Madrid; como los concejales Antonio Fernández Retana y María José Martínez Aboín, — también representados, al igual que Pompa, por el abogado Isidro Sánchez Villa— se han negado a declarar acogiéndose a su derecho constitucional a guardar silencio.

Hacen muy bien todos ellos en no declarar pero, digo yo: si todo es tan escrupulosamente legal, si como dice Pompa, “las cosas se han hecho bien”, si tan seguro está de que el Juzgado archivará la querella y de que, en su caso, también lo hará la Audiencia Provincial ¿a qué viene tanto mutismo y tanta cautela?

Lo cierto es que la situación jurídica de Pompa y de los demás imputados se complica día a día. A las diligencias que tiene abiertas en el Juzgado nº 2 de Illescas, y digo que tiene abiertas porque Pompa falta radicalmente a la verdad cuando declara a la prensa que éstas se han archivado; se suman ahora las del Juzgado nº 4, también de Illescas.

Entre tanto, no ya la “tolerancia menos cero”, sino la mera “tolerancia cero” contra la corrupción, no aparece por ninguna parte. Ni está, ni se la espera.

jueves, 9 de octubre de 2008

El alcalde Pompa citado como imputado por el PAU del campo de golf de Carranque

Terra Actualidad - EFE

urbanismo carranque 09-10-2008

"El alcalde de Carranque (Toledo), Alejandro Pompa Mingo (PSOE), ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 14 en el juzgado de instrucción número 4 de Illescas (Toledo) en relación con la adjudicación de un PAU para construir 1.600 viviendas y un campo de golf en esta localidad.

Según la providencia a la que ha tenido acceso EFE, además del alcalde de Carranque, a la cita judicial también han sido convocados como imputados el concejal de Urbanismo y Hacienda, Antonio Fernández Retana, y la concejala y segunda teniente de alcalde, María José Martínez Aboín.

También afecta al ex-funcionario y secretario accidental del Ayuntamiento, Ernesto Javier Rodríguez Cubas, al aparejador municipal Jesús María Gallego Peinado y al secretario interventor, Juan Francisco Bravo Collantes.

Las citas judiciales se producen tras la querella presentada en mayo de 2007 por el colectivo de funcionarios 'Manos Limpias' por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

Según afirma 'Manos Limpias' en su querella, el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) denominado 'Golf-Carranque Villa Romana' se aprobó y adjudicó 'para favorecer descaradamente con quienes ya tenían pactada dicha operación', es decir, la empresa 'Agrícola Sagra-Manchega', ahora denominada 'Villa Romana Golf', del grupo 'Peyber Hispania', de la que es socio y administrador el aparejador municipal denunciado, Jesús María Gallego Peinado.

Además, y según 'Manos Limpias', los hermanos Samuel y Miguel López Iglesias, que inicialmente constaban como administradores mancomunados de 'Agrícola Sagra-Manchega' son primos hermanos del concejal de Urbanismo, Antonio Fernández Retana.

También citan en la denuncia el hecho de que una empresa del grupo Peyber, la mercantil 'Centro de Tratamiento de Inertes de Castilla-La Mancha' ha resultado beneficiaria de un convenio suscrito por Alejandro Pompa de Mingo como presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta.

Con este convenio se pretende llevar a cabo el tratamiento de todos los escombros depositados en los vertederos de la comarca de La Sagra, así como los que se generen en las obras de soterramiento de las vías del tren de Illescas, una obra ligada a un PAU en el que se pretenden construir unas veinte mil viviendas y en el que uno de los postulantes a agente urbanizador es la mercantil 'Carvier', del grupo Peyber.

Estas cuestiones también estuvieron incluidas en la denuncia de IU ante la fiscalía de Toledo, que fue archivada en mayo de 2007 por el ministerio público".

La noticia en Europa Press

sábado, 4 de octubre de 2008

El arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque es socio de Javier Arteche y de Luis Maya Galarraga

El arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra y su hijo, Miguel de Oriol e Icaza, este último firmante del proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) Para PEYBER-CCM, es decir, para VILLA ROMANA GOLF; son socios de Javier Arteche Tarascón y Luis María Maya Galarraga, dos de los principales miembros de llamada "trama vasca" de la Operación Malaya.

El prestigioso arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, autor entre otros muchos proyectos, del edificio Torre Europa, y su hijo Miguel de Oriol e Icaza, no solamente se dedican a grandes obras arquitectónicas. También han hecho trabajos de menos lucimiento para las empresas de los Díaz Bermejo-Gallego Peinado como, por ejemplo, una nave industrial de 6000 m2 en Torrejón de Ardoz, aunque sin duda, el proyecto más importante desarrollado por Oriol para estos mismos clientes es el del campo de golf de Carranque: mil ochocientas viviendas, de momento, todo ello lindando con la otra urbanización de tamaño similar que construye Aurelio González Villarejo en la localidad.

La elección de este arquitecto para la realización de un campo de golf, en principio, parecería lógica puesto que en la finca que Miguel de Oriol e Ybarra tiene en el pueblo toledano de Layos, se ha puesto en marcha el primer campo de golf de la provincia con su correspondiente urbanización y dos hoteles de lujo, uno de los cuales, el llamado ALBA DE LAYOS, fue construido, precisamente, por PEYBER.

Sin embargo, la cosa no es tan simple porque es en esa finca de Layos donde el rancio apellido Oriol se mezcla con Javier Arteche Tarascón, con Luis María Maya Galarraga, con otros miembros de la "trama vasco-malaya" e, incluso, con nombres que aparecieron implicados en el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa (desde aquí se puede descargar un dossier de prensa sobre el caso).

La empresa que en la actualidad gira con la denominación LAYOS CASA CAMPO SA, con un capital suscrito y desembolsado de 2.607.778,80 € - reducido recientemente a la mitad - Y con domicilio en la Crta de Toledo a Piedrabuena, Km 12,500 en el término municipal de Layos, Toledo; es el resultado de la fusión de una primera compañía, también denominada LAYOS CASA CAMPO SA y de LC RES SA, fusión que se formaliza el 6 de octubre del 2004.

Su actual consejo de administración es una prueba de que los tentáculos "malayos" han hecho presa en la provincia de Toledo y eso suponiendo que no haya que cambiar de perspectiva y considerar que la trama marbellí no es el centro de la red, sino otro más de sus nodos, conectado con un un punto de control aún indeterminado pero que se va dibujando cada vez con más nitidez y que se despliega por Murcia, Valencia, Toledo, Madrid, Malaga, Guipúzcoa, Avila, Zaragoza, etc.

El presidente de LAYOS CASA CAMPO es, naturalmente, Miguel de Oriol e Ybarra. Como consejeros están sus hijos Miguel, Carmen y Pedro de Oriol e Icaza pero, además, también es consejero de la empresa Francisco Javier Arteche Tarascón (véase aquí un escueto resumen de sus correrías) Y consejero delegado, Luis María Maya Galarraga, otro de los "cabecillas" de la "trama vasca". El resto del consejo está formado por las siguientes personas:

SARRIA OSES, JUAN MIGUEL. Consejero

ARALUCE LOPEZ, LUIS EMILIO MARIA, Consejero.

RODRIGUEZ ARAUZO, JULIO. Apoderado

PROTA VILLACAÑAS, ELENA. Apoderado.

ANSOALDE ASTIAZARAN, IMANOL, Secretario.

PROTA VILLACAÑAS, ELENA. Vicesecretario.

En cuanto a LC RES SA. empresa que se fusiona con la inicial LAYOS CASA CAMPO SA, los datos de que se dispone no hacen otra cosa que reforzar la prueba de la ya antigua relación entre Oriol e Ybarra y los miembros de la "trama vasca". El presidente de LC RES, desde 1999 fue Miguel de Oriol e Ybarra. Sus consejeros fueron Miguel de Oriol e Icaza, Luis María Maya Galarraga, Francisco Javier Arteche Tarascón y, también, Miguel de Oriol e Ybarra. Apoderados lo fueron Julio Rodríguez Arauzo y Luis Maya Galarraga. El Cargo de Consejero Delegado lo ocupó Luis María Maya Galarraga y el de secretario, José Victor Arrizabalaga Goñi.

Ninguno de estos nombres es para pasar de largo sobre él y todos juntos conforman una estructura que se extiende por Toledo y sus alrededores pero, de momento, vamos a seguir una sola de las líneas que confluyen en Layos.

El secretario de LAYOS CASA CAMPO SA, Inmanol Ansoalde Astiazarán pertenece a la consultora ALT ASESORES. Esta consultora también está ligada a la "trama vasca". Comprobadas las inscripciones registrales, consta que la mercantil LINARES & KINKEL SL desempeñó los cargos de administrador, consejero delegado y presidente de ALT ASESORES hasta el 26 de febrero de 2004. A su vez, LINARES & KINKEL está administrada por Luis Fernando Linares Torres (recientemente detenido en relación con la Operación Astapa) por José Ignacio Sánchez Baranda y por María Eugenia Yeregui Kinkel, quien también es propietaria de la sociedad YEREGUI DESARROLLO SL y, en términos generales, socio habitual de Javier Arteche, de Maya Galarraga y de Aguirre Iguíniz, es decir, miembro señero de la "trama vasca", como se puede comprobar en esta noticia.

Sobre ellos, El Diario Vasco publicaba lo siguiente: "El abogado -esto es, Luis Fernándo Linares Torres- es fundador y socio-presidente de Linares & amp abogados, que tiene tres bufetes: en Donostia, Madrid y Zaragoza. El despacho cuenta con otros dos socios: María Eugenia Yeregui y José Ignacio Sánchez, que compartían también responsabilidades en el Grupo Meyluna", Grupo que está implicado en el Caso Valle Romano.

Pero no terminan aquí los lazos de ALT ASESORES con lo que el Juez Miguel Angel Torres llamó una “organización criminal dedicada a una multiplicidad de conductas delictivas”, es decir, con la trama de Juan Antonio Roca —suponiendo, que es mucho suponer, que la verdadera cabeza de esa trama sea Roca— Puesto que en esta empresa también están presentes Iñigo Arruti Narvaiza, apoderado de la mercantil AGUIRENE, cuyo administrador único es Agustín Aguirre Iguíniz, miembro a su vez muy destacado de la “trama vasca” y que, por ejemplo, a través de AGUIRENE pagaba las facturas de una visa oro utilizada por Montserrat Corulla (véase la noticia aquí) Testaferro de Juan Antonio Roca, según ella misma ha reconocido en las declaraciones que constan el el sumario de la Operación Malaya.

Igualmente, aparecen en la administración de ALT ASESORES, Iñaki Ansoategui Fernández de Arroyabe, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, así como administrador único de EUSMA GESTIÓN SL -hecho que enlaza con el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa- Y Jesús María Jiménez Oruna, que en 1998 fue nombrado Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y administrador único de la mercantil PROMONAGÜELES S.L.

La empresa PROMONAGÜELES, por supuesto del gremio de la construcción, está extinguida actualmente, pero los datos que constan en el Registro Mercantil demuestran que que los administradores de esa sociedad fueron el citado Jiménez Oruna y, antes de él, Manuel González Sánchez-Dalp, presunto testaferro de Roca, procesado junto a su hermano Ignacio por el Caso Malaya y para quienes se decretó una fianza de 2.000.000 de €.

En el Tomo IV del Sumario Malaya consta un informe de la UDEF-BLA (Unidad de Delincuencia Económia y Fiscal) "sobre las actividades relacionadas con el blanqueo de dinero de Juan Antonio Roca Nicolás y determinadas personas que actúan para él como sus testaferros".

En la página 37 de ese informe aparece un organigrama de las entidades dependientes de la mercantil INMOBILIARIA AHUCA SL., cuya propiedad se atribuye a Roca. Una de las entidades dependientes de INMOBILIARIA AHUCA es, precisamente PROMONAGÜELES SL. Sobre esto, en el informe se lee lo siguiente:

"Según información facilitada por la AEAT, Inmobiliaria Ahuca SL, es titular de 250 participaciones de la mercantil PROMONAGÜELES SL (B92017987) Por compra a Manuel González Sánchez-Dalp, amigo de Roca y del que se hablará posteriormente en relación con PERINAL y el CORTIJO LA CARIDAD. En este mismo ejercicio la entidad PROMONAGÜELES SL declara ventas a OBARINSA SA (A20476669) por 522.880,53 €".

El presidente de OBARINSA, hoy disuelta, era Javier Arteche Tarascón. Es de notar, no obstante, que la empresa con su patrimonio no ha desaparecido, sino que se pretendió escindir en dos nuevas sociedades pendientes de constitución: OBARINSA SL y BURNIBERRI. La primera de ellas volvió a ser disuelta y la segunda parece no haber llegado a constituirse, pero todo indica que su patrimonio sigue en manos del entramado "vasco-malayo".

ALT ASESORES también está presente en la documentación obrante en el Sumario Malaya. En el Tomo LXVII de las Previas 4796/2005, consta un informe de la Brigada de Delincuencia Especializada de la policía judicial en el que se da cuenta, entre otras muchas cosas, de cierta documentación intervenida a Salvador Gardoqui Arias, presunto testaferro de Roca. Entre esa documentación aparece un informe de ALT ASESORES - folio 19.612 del Sumario- sobre las "obligaciones para las empresas que realicen actividades inmobiliarias derivadas de las medidas de prevención de blanqueo de capitales" .

Se da la circunstancia de que, en el mismo informe citado, se hace referencia a la intervención de un contrato que estaba en poder de Gonzalo Astorqui, entre Julio Blasco Bazo Garrido, en representación de MASDEVALLÍA, y CCF21 -ambas, empresas que la investigación considera propiedad de Roca- fechado el 20 de julio de 2005, por el que ambas partes acuerdan retrasar el vencimiento previsto para ese día. Se trata al parecer de la compra de dos terrenos denominados "Los Verdiales Norte" y "Ave María", por los que se llegó a pagar un precio de 2.520.000 €.

Sobre este caso, El Confidencial, publicó lo siguiente:

"El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la operación Ave María, además de a Arteche, a Roca, al ex alcalde Julián Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el Caso Malaya-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela Francisco Norte, tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.

El magistrado señala que en la operación Ave María el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros".

Por otro lado, CAJA CASTILLA-LA MANCHA no está muy lejos de todo esto. De la financiación de las promociones inmobiliarias del campo de golf de Layos, se hablará en su momento, pero ahora hay que hacer referencia a una coincidencia significativa.

En el campo de golf de Layos, como ya he dicho, hay construidos dos hoteles. El que ahora interesa es el llamado BARCELÓ ALBA DE LAYOS (en la foto). Las obras de construcción de este hotel las realizó PEYBER, es decir, la empresa del aparejador municipal de Carranque que, con CCM y con Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado —los socios de Enrique Ventero en Los Alcázares— en el correspondiente consejo de administración; desarrolla el campo de golf de Carranque.

Pues bien, la obra del citado hotel le fue encargada a PEYBER por la empresa GERENS MANAGEMENT GROUP, denominada actualmente GERENS HILL INTERNATIONAL. En esta empresa dedicada a la gerencia de proyectos, aunque tampoco hace ascos a la construcción; participan varias cajas de ahorro de las cuales, las principales son Caja Avila —también asociada a Enrique Ventero en sus proyectos de Los AlcázaresEL MONTE-Caja Sol, cuyas conexiones con implicados en la Operación Malaya han sido ampliamente puestos de manifiesto por los medios de Comunicación y, como al parecer no podía ser de otra manera, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN, entidad dependiente de CCM, la misma Caja asociada a Ventero en Los Alcázares, la misma que prestó 40 millones de € a las empresas MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, ambas propiedad de Roca, y la misma que, también, prestó el dinero a Roca para la compra del Palacio de Saldaña, en Madrid.

Indudablemente, esto sitúa al campo de golf de Layos y a las empresas relacionadas con ese proyecto, en un contexto considerablemente polémico. Ahora habrá que ver cuál es el entorno político y financiero de estas operaciones, pero de momento todo parece indicar que uno de los círculos más selectos de la Trama Malaya ha acampado en Toledo.

Sin duda, tengo que ratificarme, nuevamente, en lo ya dicho: Alejandro Pompa puede no ser luminoso, pero es un extraordinario "conductor de luz".

viernes, 3 de octubre de 2008

Bono responde a Lara (IU) que no suele "mezclar el odio personal con la política"

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

“El presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, respondió hoy a las acusaciones del coordinador regional de IU, Cayo Lara, que ayer amenazó con acudir de nuevo a la Fiscalía Anticorrupción si no explica las obras que constructor Francisco Hernando, 'El Pocero', realizó en Hípica Almenara, que "a estas alturas de mi vida no suelo mezclar el odio personal con la política".

Así se expresó José Bono en declaraciones a los medios al finalizar el acto de la VII Promoción de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que ha apadrinado, y subrayó que "gracias a Dios no siento odio hacia nadie, pero el que lo tenga, yo siempre creo que es peor para la vida", concluyó”.

Muy bien, pero... ¿Qué hacían las máquinas de “El Pocero” en Hipica Almenara?

jueves, 2 de octubre de 2008

IU acudirá de nuevo a Anticorrupción si Bono no explica las obras que 'El Pocero' realizó en Hípica Almenara

El partido se persona en la admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía sobre el anterior alcalde de Seseña, José Luis Martín

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) reclamó hoy al que fuese presidente de la región, José Bono, que explique ante la opinión pública las obras que el constructor Francisco Hernando 'El Pocero' realizó en la primavera del 2004 en Hípica Almenara, propiedad de la familia del actual presidente del Congreso. En caso contrario la federación de izquierdas amenaza con poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción o la Judicatura.

Así lo anunció en rueda de prensa el coordinador regional de IU, Cayo Lara, tras analizar y hacerse eco de la entrevista que el constructor Francisco Hernando concedió al diario El Mundo, en la que el 'El Pocero' habla de esas obras en Hípica Almenara y su relación con Bono, ya que a su juicio "destapan muchos hilos sueltos, y abre una perspectiva en todo el entramado de Seseña".

El Pocero en sus declaraciones, continuó Lara, explica que las obras que él realizó en las propiedades de Bono en la primavera del 2004 fueron encargadas por una serie de empresas, que tienen publicidad en Hípica Almenara, y que fueron las que las financiaron, como ha quedado demostrado, a su juicio, en la investigación que tanto la Fiscalía como Hacienda ha realizado en las cuentas del constructor.

Por tanto, reiteró el coordinador regional de IU, José Bono, debería de dar explicaciones sobre las afirmaciones de 'El Pocero' y explicar por qué fueron estas empresas las que pagaron las obras que realizó el constructor en Hípica Almenara y por qué consintió que esas empresas, que trabajan con la Junta, financiaron esas obras en sus propiedades privadas.

Habló también de la presunta relación entre el que fuese consejero de Vivienda, Alejandro Gil, con Hercesa, donde trabaja en la actualidad después de haber dejado el Gobierno regional, y de las facturas que el propio Bono presentó al coordinador general, Gaspar Llamazares, sobre dichas obras, sin que éste se las hubiera reclamado.

Desde la federación de izquierdas reclaman también explicaciones sobre la concesión de licencia de obras que expidió el Ayuntamiento de Toledo, que regía José Manuel Molina, en esa primavera del 2004, para que Bono pudiera acometer esas obras.


DENUNCIA.

De otro lado, el coordinador regional explicó que la semana pasada Izquierda Unida presentó en el Juzgado Número 4 de Illescas el escrito de personación sobre la admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de los supuestos delitos de cohecho, prevariación y contra la hacienda pública, contra el anterior alcalde de Seseña, José Luis Martín.

El responsable regional de IU dijo que será a criterio del juez responsable si la personación del partido es como acción particular o popular. En el segundo de los casos, Lara explicó que será la jueza responsable la que establezca una fianza que confió en que sea asequible y no sea tan elevado como la que dictó para el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, por las tres querellas que el Pocero interpuso contra él.

En todo esto cabe la posibilidad de que la jueza que instruye el caso decrete el secreto de sumario, y "sería tremendo que fuese así porque nos dejaría fuera de la instrucción del procedimiento hasta que se reabriera", apostilló.

De otro lado, se mostró convencido de que jurídicamente no es posible que el único denunciado hasta el momento sea sobre el anterior alcalde de Seseña, "porque el cohecho lo acometen la persona que recibe que es un cargo público y la que paga, que pretende obtener beneficios".

"En este caso el anterior alcalde no pudo hacer cohecho solo. Otra cosa es con quien lo pudo haber hecho que es la incógnita que la Fiscalía, incomprensiblemente, deja abierta y no cierra en esa denuncia inicial, y que tiene que investigar la propia juez", concluyó Lara.