miércoles, 30 de julio de 2008

Cambio de hábitos

Desde hace una semana, más o menos, el paradero habitual de Alejandro Pompa ya no es el bar Carranque, a cuyo sostenimiento económico contribuía con mucha eficacia, sino otro establecimiento: “La Bulaga”. En él, como en todo restaurante, se sirven comidas, pero no conejo con caracoles, sino arroz con bogavante. Sin embargo, sospecho que el motivo de este repentino cambio de costumbres no es la salud del aparato digestivo de Alejandro Pompa, sino otra bastante más relevante.

El bar y restaurante “La Bulaga” ha cambiado de manos hace poco. Ahora está regentado por una familia absolutamente honorable pero de cuyas circunstancias personales es muy posible que Pompa espere algo.

Sin dar más datos, porque no hace falta darlos, tengo la impresión que, de una semana a esta parte, Pompa ha experimentado un repentino interés por el trabajo de las unidades policiales dedicadas a la investigación de delitos económicos y blanqueo de capitales.

Es probable que ese interés tenga algo que ver con la noticia publicada por “La Opinión de Málaga” y por “El Confidencial” y también es probable que Pompa ande a la búsqueda de alguna “exclusiva” sobre esta materia y que esa sea la razón del cambio de sus acendrados usos. También puede que no, pues ya se sabe que el tiempo muda las artes y cambia las costumbres.

miércoles, 23 de julio de 2008

El Juez Oscar Pérez ordena investigar las conexiones de la Operación Malaya con Castilla-La Mancha

"La Opinión de Málaga",Jueves 17 de julio de 2008

Investigan la conexión de “Malaya” con la trama urbanística manchega

López Caballero, fiscal Anticorrupción de Málaga, recibió un escrito sin firma y un CD que vincula a varios “malayos” con casos de corrupción en La Mancha. El grupo de blanqueo de la Udyco estudia ya la relación entre los protagonistas del escándalo marbellí con los casos destapados en la comunidad vecina.

El juez manda investigar la relación entre imputados del caso marbellí con asuntos de corrupción de la comunidad castellana. El fiscal recibió un escrito que no estaba firmado y un CD que contenía esta información. El grupo III de Blanqueo de la Udyco se encarga ya de las pesquisas.

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA: El “caso Malaya” estalló el 30 de marzo de 2006 en Marbella. Desde entonces han sido procesadas 86 personas, detenidas más de 100 y se han intervenido bienes de todo tipo por un valor superior a los 2.400 millones de euros, según los cálculos del Ministerio del Interior. Pero, tras dos años y tres meses de instrucción, la investigación sigue dando sorpresas, algunas de ellas desagradables para los implicados. No en vano, en una providencia firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Óscar Pérez Corrales, el magistrado ordena investigar la relación entre algunos de los imputados en la trama marbellí “con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla La Mancha”.

El escrito, al que tuvo acceso este periódico, está fechado el 15 de julio de 2008, y en él se da cuenta de un CD y un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que "vincula a algún imputado en el ´caso Malaya´ con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha", por lo que el magistrado decidió remitir el CD a la Comisaría Provincial para que el grupo III de Blanqueo de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) investigue esta relación. En concreto, el instructor les insta a que estudien "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones".

Además de la providencia de Óscar Pérez Corrales, comunicada a las partes ayer mismo, este periódico ha tenido acceso al oficio remitido por la Fiscalía al magistrado el pasado 11 de julio, en el que el mismo acusador público afirma haber recibido un CD "junto con un escrito sin firma" en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en ´Malaya´ con esos casos -en plural- de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha, enunciado que repite el informador anónimo en un escueto documento que consta de dos líneas escritas a ordenador.

Ahora serán los investigadores los que establezcan qué grado de veracidad tienen las informaciones contenidas en ese CD y con qué casos concretos que se instruyen actualmente en la autonomía vecina están relacionados los imputados de ´Malaya´ a los que se hace referencia.

Algunas partes expresaron ya ayer su "sorpresa" por la relevancia de esta información, al tiempo que consideraron "improcedente" que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue algo que ocurre a tantos kilómetros de la localidad. "Debería remitirse, como se ha dicho varias veces, esta pieza separada al juzgado Decano que corresponda y que éste lo turne a su vez a otra sede. Pero, vamos, aquí ya estamos hablando de un caso que es clara competencia de la Audiencia Nacional", dice un letrado.

Esta reflexión puede ser cierta. De hecho, los delitos investigados en ´Malaya´ afectan a varias provincias: hay piezas separadas en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), además de en Marbella, y se han producido registros e intervenciones policiales en otras zonas del país (por ejemplo, en Madrid, Mallorca y Cádiz). El lunes se celebra el primer juicio salido directamente de la investigación ´Malaya´ y los investigadores siguen teniendo por delante una intensa labor.

viernes, 18 de julio de 2008

Según publica "lanacion.es" una hija de José Bono se sentaba en el Consejo de la constructora Reyal Urbis

lanacion.es

EugeniaViñes.- Ana Bono Rodríguez, una de las hijas de José Bono, estuvo en el Consejo de Administración de la constructora e inmobiliaria Reyal Urbis. Fue un paso muy fugaz, apenas tres semanas: entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre de 2007.

En esas mismas fechas, Zapatero confirmaba que José Bono estaba dispuesto a encabezar la lista del PSOE por Toledo para elecciones generales de 2008; antes del verano, ya le había ofrecido presidir el Congreso si el PSOE las gana por segunda vez.

Y mientras Bono no sorprendía con su vuelta a la política, su hija aparecía en el Registro Mercantil como apoderada de una de las empresas con más solera del mundo de la construcción. Pese a que cerrase el ejercicio de 2007, eso sí, reduciendo su beneficio en un 68%.

Dice Rafael Santamaría, el presidente de Reyal Urbis, ex presidente de la patronal de promotores madrileños (Asprima) y viejo amigo de José Bono, que el sector se enfrenta a 3 años de crisis.

Y que lo peor se producirá entre el presente año y 2009. Su deuda supera los 5.700 millones de euros y ya en abril se hizo público el interés de Rafael Santamaría por renegociar la contraída con las instituciones financieras, tras la compra de Urbis.

Con todo, el grupo no ha dejado de sacar adelante importantes promociones, al paso del AVE por las principales ciudades de Castilla La Mancha. La polémica por estas actuaciones se recrudeció el 9 de octubre de 2007, con la hija de Bono aún en el consejo de administración de Urbis.


UNA OBRA QUE BENEFICIABA A UN HOTEL DE RAFAEL SANTAMARIA

Fue entonces cuando quedó al descubierto la intención de construir el Palacio de Congresos en Valdeluz, en el término municipal de Yebes (Guadalajara), al lado del AVE, beneficiando un hotel propiedad de Rafael Santamaría, con 250 habitaciones.

Algo más: Valdeluz es en realidad La Ciudad de Valdeluz, impulsada por el propietario de Rafael Hoteles y de Reyal Urbis, dueño de todos los terrenos.


CINCO COMPLEJOS RESIDENCIALES

En ella ha levantado hasta cinco complejos residenciales. Todas las promociones destacan entre sus atractivos, la idónea situación: “Cerca de Madrid, a menos de 20 minutos en tren. Ubicada en torno a la estación del AVE de Guadalajara”.

Dice la memoria de Fomento respecto al tren de alta velocidad que en 2010 las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha estarán integradas en su trazado.

En la misma comunidad autónoma pero en Ciudad Real, tiene hasta cuatro nuevas promociones en marcha; algunas son ya la sexta o séptima fase de complejos precedentes. Nada que ver con la de casa de Olías del Rey de José Bono o con su hípica familiar, que construyera hace ya años el mismo Rafael Santamaría.

miércoles, 16 de julio de 2008

El Fiscal pide 6 años de cárcel para la ex alcaldesa de Casarrubios y otros 6 para su asesor personal

TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Toledo ha formulado acusación contra la ex alcaldesa de Casarrubios del Monte (Toledo), la 'popular' Noemí López (en la foto) Y su ex asesor personal, Javier García, para cada uno de los cuales pide seis años de prisión y el pago de una multa de 8.640 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis años por un delito continuado de falsificación.

Asimismo, según el escrito remitido por el fiscal jefe, José Javier Polo, a la ex alcaldesa, por un delito de prevaricación, se solicita la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años.

En base a la responsabilidad civil, el fiscal pide que se declare la nulidad del procedimiento de adjudicación y de los negocios jurídicos derivados del mismo, y solicita que la empresa D'Leip restituya al Ayuntamiento de Casarrubios la cantidad de 29.817 euros. También solicita a ambos acusados la exigencia de una fianza de 20.000 euros, con el objetivo de cubrir las eventuales responsabilidades pecuniarias a las que hubiese lugar.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2007, cuando el equipo de Gobierno adjudicó a la empresa D'Leip --propiedad de los padres del asesor personal de la alcaldesa-- la compra de 5.000 llaveros, por importe de 29.817 euros.

La acusación de la Fiscalía se basa en el hecho de que la alcaldesa, puesta de acuerdo con su asesor personal, utilizaron el cargo que respectivamente ocupaban y, sabiendo de la ilegalidad que cometían, decidieron preparar un proceso de adjudicación para favorecer a una empresa denominada D'Leip, destinada a la fabricación de objetos de marroquinería.


ADJUDICACIÓN

Así, se dio inicio a un proceso de adjudicación aprobando un decreto de Alcaldía de fecha 21 de agosto de 2007, donde resuelve la utilización del procedimiento negociado y sin publicidad como forma de adjudicación, para un contrato administrativo de suministro que tenía por objeto dar como regalo a los habitantes del pueblo de Casarrubios unos llaveros de piel.

A continuación, para dar apariencia de legalidad a la adjudicación y dado que el contrato de suministro exige la presentación de tres presupuestos, la acusada elaboró e incorporó al expediente en connivencia con el asesor municipal acusado, dos presupuestos ficticios de otras dos empresas concurrentes una teórica puja, siendo así que dichas empresas existen y están en funcionamiento, pero no han elaborado ni presentado los mencionados presupuestos.

Finalmente, la acusada, con el pleno conocimiento de la injusticia que ilegalidad de lo que resolvía, acordó, mediante decreto de 24 de agosto, adjudicar el contrato de suministro a la empresa D'Leip cuyos intereses querían favorecer los acusados.

El importe total de la adjudicación ascendió a la cantidad de 29.871 euros por la compra de 5.000 llaveros, que han sido pagados de las arcas municipales a la empresa D'Leip, que fue la adjudicataria del contrato de suministro, al haber presentado el presupuesto teóricamente más bajo.

López ya no es alcaldesa de la localidad toledana después de que el pasado 11 de junio, se aprobase una moción de censura presentada conjuntamente por los concejales del PSOE y del grupo Independiente Calypo-Fado, que salió adelante con ocho votos a favor, dos en contra del PP y una abstención del concejal 'popular' Juan José Arroyo, que devolvió la Alcaldía a la candidata del PSOE, María Teresa Paz.

sábado, 12 de julio de 2008

El PSOE de Toledo dice que tiene "tolerancia menos cero" con los corruptos

Hablando de los últimos acontecimientos del caso Seseña, el Secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Patrocinio Gómez (en la foto) Ha subrayado la “TOLERANCIA MENOS CERO” con la corrupción. Recordó que “José Luis Martín no es militante socialista desde hace 4 años” y añadió que si “uno sale” como él “poco podemos hacer más de lo que ya hemos hecho”. En tal sentido, reconoció que a su partido no le gusta que un ex dirigente socialista aparezca “presuntamente” vinculado con un escándalo de corrupción, pero insistió en que el PSOE tiene “miles de concejales y alcaldes, todo gente honesta que trabaja por su pueblo y por sus ideas”.

Según esto, parece que la expresión “tolerancia menos cero” ha de entenderse como algo que va más allá de lo dicho repetidas veces por el entonces Secretario de Organización José Blanco y por el actual Ministro de Justicia: No es tolerable que imputados por casos de corrupción continúen en sus cargos públicos o sean presentados por los partidos en sus listas electorales. Por lo tanto, ir más allá de esto deberá entenderse como una actuación fulminante contra los sospechosos de corrupción, por supuesto, contra los formalmente imputados e, incluso, la toma de acciones judiciales de denuncia o querella contra esos mismos sospechosos o imputados.

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Pero se interprete como se interprete la original expresión “tolerancia menos cero” los hechos se empeñan en demostrar que no es más que una vana letanía.

Ciertamente no es sólo el PSOE el que merece título de Magister Dixit et non Facit (expresión con la que en la tradición medieval alemana se designa al Diablo) Ayer, mientras Soraya Sáenz de Santamaría presentaba en Estepona un paquete de medidas contra la corrupción, Rajoy se lucía en Castellón junto a Carlos Fabra (en la foto) presidente de la Diputación de esa provincia, a quien se le imputan una buena cantidad de delitos contra la Administración y la Hacienda pública, y decía de él que “es un ciudadano y un político ejemplar” y pidió ¿cómo no? que se respetara el principio de presunción de inocencia de Fabra.

Sin embargo, dado que en Derecho la mancha de una mora con otra verde no se quita, hay que seguir preguntándose si ha habido “tolerancia menos cero” o, por lo menos, “tolerancia cero”, en Seseña, pero también con Alejandro Pompa Mingo, alcalde de Carranque y Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta.

Opino que en Seseña no la ha habido, ni mucho menos, pero lo que si ha habido en el caso de Carranque es una protección incondicional y más que notoria de altos cargos del PSOE toledano y de miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha hacia Pompa. Hay que recordar a Fernández Vaquero diciendo aquello de “cuadrilla de bandoleros”, añadiendo que la denuncia por la que entonces estaba imputado Pompa (y ahora también, solo que las imputaciones han aumentado) Se refería a una insignificante permuta de 3000 metros cuadrados y que lo que había tras la denuncia era una turbia conjura orquestada con propósitos siniestros.

Como en todos estos casos suele ocurrir, si es que no ocurre siempre, Pompa se apresuró a declarar a la prensa que era objeto de una maniobra de acoso “barriobajera dirigida a expulsarle de la Alcaldía. En esto fue secundado, como he dicho, por altos cargos del PSOE y por miembros del Gobierno regional, como, por ejemplo, el Consejero Lamata, que no tuvo empacho en acompañar a Pompa y a otros imputados en la inauguración de la espléndida Casa de la Cultura que PEYBER había construido en Carranque; o posteriormente por el propio Barreda.

La tesis exculpatoria mantenida por todas estas personas es la siguiente: Todos los denunciantes tienen motivaciones impuras. La motivación impura del denunciante actúa como eximente completa de cualquier acto cometido por el denunciado; luego el denunciado, si es “de los míos”, siempre es inocente.

Lo que ocurre es que este argumento, por muy enraizado que esté en una opinión pública aletargada y por muy efectivo que sea en un país que aportó al mundo antiguo la expresión devotio hispanica, un pacto por el que guerreros escogidos se lanzaban a buscar la muerte en un ataque suicida cuando su jefe tribal moría en batalla; es radicalmente aberrante.

Las motivaciones que a unos u otros nos hayan llevado a investigar y, en su caso, denunciar en los Tribunales o ante la opinión pública, los actos de Pompa y los que se suceden en Carranque, carece por completo de relevancia jurídica a efectos de la admisión de las querellas y de la imputación de los sospechosos, porque cuando la notitia criminis llega a los órganos de la Justicia, lo que estos tiene que examinar, por imperio de la Ley, no son los motivos del denunciante, sino la existencia de los hechos denunciados y su condición delictiva o no; y si en un primer examen hay indicios de delito se acepta la acusación y se imputa a los presuntos autores.

Eso, exactamente, es lo que ha ocurrido en el caso de Pompa y por eso el alcalde de Carranque, ya haya sido denunciado por Manos Límpias, por I.U. por la Fiscalía Anticorrupción o por el lucero del alba; en estos momentos está imputado por una docena larga de delitos y por eso Pompa demuestra irrefutablemente que la expresión “tolerancia menos cero” es una mera, aunque muy audaz, patraña.

Y decae, también aquí, la universal coletilla que en estas situaciones siempre sale a la luz: “hay que dejar actuar a la Justicia y respetar el principio de presunción de inocencia”, porque que la Justicia actúe y que se respete la presunción de inocencia no obstaculiza en absoluto que ad cautelam se aparte a estas personas del poder y del dinero que, presuntamente, han estado y están usando en su beneficio o en el beneficio de terceros y que, entre tanto cursa la investigación, queden en entredicho, sean puestos, literalmente, en inter dicto, sin que eso sea ninguna violación del principio de presunción de inocencia, porque lo que este principio dice es que nadie puede sufrir una pena sin una sentencia firme previa y fundada en pruebas suficientes, y ser apartado o suspendido en el ejercicio del poder político no es ninguna pena ni ninguna condena, porque la cosa pública no es una canonjía.

En definitiva, a Pompa no le ha procesado “Manos Limpias”, sino el Juzgado número 2 de Illescas y, además, a instancias del mismo Fiscal que ahora denuncia al ex alcalde de Seseña José Luis Martín.

Por lo tanto ¿va a aplicar de una vez el PSOE de Toledo su principio de “tolerancia menos cero”? ¿Qué harán Fernández Vaquero, Patrocinio Gómez y los demás responsables del partido en Toledo, en Castilla-La Mancha y en el ámbito estatal, si en los próximos días la situación jurídica de Pompa se complica considerablemente más y crece el número de los delitos de los que los Tribunales le acusan formalmente? ¿Habrá “tolerancia menos cero” o, por el contrario, “prudencia”, petición de respeto por el principio de presunción de inocencia e, incluso, defensa numantina de un alcalde, de quien se resaltará su “honradez, honestidad y los bolsillos de cristal” en idénticos términos que los dedicados por José Bono a Antonio Barrientos, el ya ex alcalde de Estepona, preso por corrupción?.


viernes, 11 de julio de 2008

Fernández Vaquero pide respeto por la presunción de inocencia

El día 10 de julio de este 2008 que corre, Europa Press hacía pública una nota sobre las primeras manifestaciones de la “Dirección” del PSOE de Toledo en relación con la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra José Luis Martín Jiménez, alcalde de Seseña hasta 2003 y responsable inmediato de la aprobación inicial del PAU del Quiñón, el promovido por Francisco Hernando.

Una vez más, el encargado de hacer esa primera valoración fue Jesús Fernández Vaquero quien, en este caso, pidió “prudencia” e insistió en que se “deje actuar a la Justicia y se respete la presunción de inocencia”.

Además añadió que la investigación no ha acabado “ya que puede haber más personas implicadas” (lo que parece indudable) y, cosa muy significativa, también expresó el deseo de la dirección toledana del partido de que “se clarifique la situación del PAU”, lo que también es muy comprensible porque es ahí, en esos bloques de viviendas, donde está el dinero y donde se tambalea la inversión de Caja del Mediterráneo y de Caja Castilla-La Mancha. Finalmente, no se olvidó de subrayar que la Dirección Provincial disolvió la agrupación socialista de Seseña en 2003 “porque había una serie de puntos en los que no estábamos en sintonía”.

Muy atrás quedaba el ímpetu de Fernández Vaquero mostrado el día 15 de marzo de 2007 cuando ante la denuncia que entonces presentó I.U. por hechos relacionados con Carranque e Illescas y de los que pronto habrá noticias, dijo que se había visto en la “obligación de comparecer” ante la pretensión de algunos, a los que tachó de “cuadrilla de bandoleros” de convertir la comarca de la Sagra “en un programa de salsa rosa”.

Hoy el tono es de “prudencia”, como ya he dicho, pues no parece ser muy correcto incluir al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo y, también, Fiscal Anticorrupción, en las filas de aquella “cuadrilla de bandoleros” que querían convertir la Sagra en “un programa de salsa rosa”.

Pero si a día de hoy, el ímpetu de Fernández Vaquero ha amainado, pues así lo aconseja la prudencia, el de Tofiño, que también compareció ante la prensa aquel 15 de marzo junto a Vaquero, no es que haya amainado, es que ni existe pues al parecer el presidente de la Diputación de Toledo no tiene nada que decir de los últimos acontecimientos.

Quien sí ha hecho declaraciones, como es lógico, ha sido Cayo Lara, coordinador de IU en Castilla-La Mancha: Manifestó la intención de la Coalición de personarse en la causa como acusación popular “porque queremos participar de forma activa en el proceso de instrucción, porque se ha abierto alguna puerta, pero quedan otras cerradas y muchas cuestiones por conocer, y nosotros disponemos de muchos datos”.

También hizo algunas preguntas que tienen difícil respuesta por parte de Fernández Vaquero o de la “Dirección Provincial”. La primera es, si hay una sola persona que pudo delinquir o si hay más, porque el PAU del Pocero fue inicialmente aprobado con el voto de José Luis Martín, pero también de todos los otros concejales de su grupo y porque “si hay cohecho, alguien tiene que estar al otro lado del ovillo”, es decir, que para que alguien cobre un soborno, alguien tiene que pagarlo.

Por último añadió que si en “El Quiñón” se cometió delito contra la Hacienda Pública” habrá que preguntarse dónde estaba la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “Pensamos, dijo, que amparaban al anterior alcalde que se presentaba a las elecciones apoyado por el PSOE, cuando los hechos según dice el fiscal ya estaban pasando”.

Esta cuestión es, sin duda, la de más difícil respuesta por parte de Barreda y los hombres de la “Dirección Provincial” de Toledo. Los portavoces del Gobierno de Barreda no han dudado en dar por demostrada, a la vista de la denuncia de la Fiscalía, que la actuación de la Junta ha sido absolutamente respetuosa con la Ley y que sólo José Luis Martín, haciendo oídos sordos a los informes de legalidad de la Comisión Provincial de Urbanismo, delinquió, si es que, finalmente, se demuestra que delinquió.

Pero la cosa es más complicada que eso. La tramitación de un PAU, según el Texto Refundido de la LOTAU tiene pocos hitos importantes:

  1. En primer lugar, el aspirante a “agente urbanizador” debe presentar en el Ayuntamiento que corresponda, una “consulta previa” sobre las posibilidades de lanzar el PAU sobre una porción determinada de suelo municipal.
  2. Llegados a este punto, entra en juego un control de legalidad supramunicipal, el de la Comisión Provincial de Urbanismo, entidad dependiente del Gobierno Regional. Su función es emitir informe de legalidad, constatando que en el PAU aprobado por el Ayuntamiento, se ha dado cumplimiento a lo previsto en la LOTAU y que, además, están disponibles y en orden, cuantos informes y estudios son preceptivos en relación a las Administraciones Públicas afectadas.
  3. Con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo, se llega al final de la tramitación. El Ayuntamiento aprueba definitivamente el PAU y el avispado ciudadano que lo presentó, bien por sí mismo o por persona jurídica interpuesta, puede empezar a trabajar.
Teniendo esto en cuenta, según la denuncia de la Fiscalía, José Luis Martín aprobó el PAU del Quiñón, por su cuenta y riesgo y sin la autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo y es aquí donde se produce una situación misteriosa que, no obstante, será fácil para los Tribunales, aclarar.

¿Cómo es posible, en estas circunstancias, que en el páramo de Seseña, desafiando en munificencia a la generosa altura del torreón del castillo de Puñoenrostro, se eleven los esperpentos de “Residencial Francisco Hernando”? ¿Cómo es posible que los organismos competentes de la Junta de Comunidades, es decir, del Gobierno de José Bono y, después, de Barreda, no tomaran las acciones legales oportunas para paralizar ese grotesco delirio? ¿Tuvo esto algo que ver con el hecho de que la financiación del pasmoso engendro urbanístico corriera a cargo de la CCM, entidad presidida por Hernández Moltó, Consejero de Hacienda, en su día, del gobierno de Bono y de la CAM, tan relacionada, desde sus inicios, con Eduardo Zaplana, el mismo que dio por buena la concesión a Francisco Hernando de la medalla al mérito en el trabajo y que tan públicamente mantiene estrecha amistad con el propio Bono?

Entre tanto, Cayo Lara, también añadió, en la rueda de prensa citada, que “Fernández Vaquero fue el primero en defender 'la presunción de inocencia' de los inculpados, a los que siguió apoyando desde la Diputación (organismo que preside José Manuel Tofiño) y desde las Cortes” donde Fernández Vaquero tenía puesto relevante en Mesa de la Cámara. Añadió, además, que fue Fernández Vaquero quien, desde la Secretaría Primera de la Mesa, impidió “que se fiscalizaran las cuentas del Ayuntamiento de Sesena en el periodo 1999 – 2003”, fechas en las que el Ayuntamiento estaba gobernado por José Luis Martín, el denunciado por la Fiscalía.

Ahora, el Tribunal de Cuentas audita el Ayuntamiento de Seseña desde el año 1996, lo que sin duda debe estar trastornando el sueño de más de uno y, además, comienza la investigación judicial sobre el caso del “El Pocero”.

Estos hechos dan una nueva resonancia a las declaraciones de José Manuel Tofiño Pérez del día 11 de abril del 2008. El Presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Illescas “expresó su deseo de que la Justicia 'dicte ya sentencia', en relación al cruce de acusaciones... entre el alcalde Manuel Fuentes, y... Francisco Hernando Contreras... 'porque hay que dejar claro quién ha actuado mal y quién es inocente (se ve que Tofiño no tiene una opinión hecha sobre la cuestión) aunque en este caso creo que la sentencia no va a declarar ni a todos culpables, ni a todos inocentes'”.

Desconozco la competencia jurídica de José Manuel Tofiño y también desconozco si sus cualidades proféticas están acreditadas o no, pero opino que en ese día 11 de abril de 2008 Tofiño desperdició una gran ocasión de quedarse tranquilamente en la soledad de su despacho, con la única compañía de su fax.

Y, a todo esto, Francisco Hernando anuncia más querellas contra Manuel Fuentes y más reclamaciones multimillonarias contra el Ayuntamiento de Seseña, acercándose, día a día, a la posibilidad de una condena por uso más que temerario del Derecho.

Es un fenómeno extraño el de este hombre. Reconozco que no puedo evitar cierta simpatía por él. Se diría que allá donde el “Pocero” aparece, el Estado de Derecho y la Civilización ceden terreno a la jungla. Podría decirse que “Paco el Pocero” es un depredador incapaz de comprender otra ley que no sea la de la selva, la de esos lugares donde “el fuerte hace lo que puede y el débil soporta lo que debe”. Pero si Paco el Pocero es un depredador, lo es con la inocencia primordial del instinto. No puede ser de otra manera y a nadie se le puede pedir lo que no tiene.

Por eso me pregunto si el instinto de este hombre no le advierte que no es Manuel Fuentes quien le está dando caza, sino aquellos que le garantizaron el éxito y que a día de hoy no le conocen y si le conocen es para decir, como dijo Hernández Moltó, el socio de VEMUSA en Los Alcázares, que “el que la haga, que la pague”.

Según El País de hoy, “gente que le conoce, y que prefirió no dar su nombre, asegura que El Pocero está preocupado por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que no consigue dormir y que ha preguntado si creen que le pillarán en esta. Esas mismas personas aseguran también que el empresario se ha cubierto bien las espaldas y tiene "una habitación repleta de cintas de audio y vídeo que comprometerían a personajes conocidos".

Pues si es así, amigo Paco, consulte con sus abogados, infórmese de las posibilidades de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con las acusaciones, colabore con la Justicia, deje en paz a Manuel Fuentes y ponga esas cintas que dicen que tiene sobre la mesa del Juez. Créame, no le han dado mejor consejo en toda su vida que este.

miércoles, 9 de julio de 2008

La Fiscalía de Toledo presenta denuncia por el caso Seseña

Finalmente, tras dos años de investigación, la Fiscalía de Toledo ha presentado denuncia respecto a ciertos hechos relativos al PAU de “El Pocero de Seseña”. El texto se puede descargar desde aquí y es muy aconsejable leerla con detenimiento porque no deja de producir cierta sorpresa.

Según la Fiscalía, después de transcurridos dos años desde que IU interpusiera su denuncia (cuyo texto íntegro se puede descargar desde aquí) y a salvo de ulteriores investigaciones llevadas a cabo en el ámbito del procedimiento judicial, no hay más presunto culpable de lo sucedido en Seseña, que José Luis Martín Jiménez, que fuera alcalde de la localidad entre 1999 y 2003.

Este hombre, José Luis Martín, alcalde en el momento en el que Francisco Hernando “El Pocero”, presentó en el Ayuntamiento de Seseña la primera documentación relativa al PAU del Quiñón, no sólo tramitó e hizo aprobar en el último instante de la legislatura que terminaba en el 2003, el proyecto de “El Pocero”, sino que realizó una serie de adquisiciones, inversiones y suscripciones de pólizas de seguros con fondos de origen no justificable atendiendo a sus ingresos conocidos.

Concretamente, en la denuncia se lee lo siguiente:

Conociendo las circunstancias anteriores (reservas planteadas por la Comisión Provincial de Urbanismo, etc.) e ignorando el informe desfavorable referido (el del Oficial Mayor del Ayuntamiento, con la “nota de conformidad” de la Secretaria del Ayuntamiento) el Alcalde sometió a la aprobación del Pleno tanto el Programa de Actuación Urbanizadora, presentado por ONDE 2000 SL, su adjudicación como agente urbanizador a ONDE 2000 SL y la propuesta de Convenio Urbanístico con ONDE 2000 SL sabiendo que contaba, de nuevo, con los votos favorables de los miembros del Grupo Municipal socialista. Los demás grupos municipales, por las mismas razones esgrimidas en los Plenos anteriores así como por no constar los informes preceptivos y desconocer, por tanto su contenido, votaron en contra. El resultado fue la aprobación de lo propuesto por el Alcalde”.

Paralelamente a esta actuación realizada con presunto conocimiento de su ilicitud, la Fiscalía hace referencia también al enriquecimiento de origen no determinado que se produce en el patrimonio de José Luis Martín coincidiendo, sustancialmente, con la aprobación del PAU de Francisco Hernando:

Fue 5 días después del Pleno Municipal citado (se lee en la querella) el 13 de mayo de 2003 cuando José Luis Martín Jiménez suscribió 3 fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos, lo que acreditó mediante la presentación de tres certificados de una entidad bancaria, en la que constan la suscripción de tales fondos por importe cada uno de ellos de 48.000 €. Lo que significa que dispuso de 144.000 € (24.000.000 Ptas.) con los que suscribió tales fondos a nombre de sus tres hijos.

Junto a los anteriores, consta otras suscripciones de fondos de inversión en este mismo año 2003 por importe de 20.000 € a dos de sus hijos, sin que las rentas declaradas por ellos, sustenten tales inversiones. Además, el 9 de junio, y cuando aun su situación en el Ayuntamiento era la de Alcalde en funciones, realizó un desembolso en efectivo de 77.208,08 € y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 € para la compra de 2 viviendas a la mercantil Promociones del Saz 2000 SL. vinculada a ONDE 2000 SL sociedad a la que había sido adjudicado el Convenio Urbanístico de “El Quiñón” en el Pleno del 8 de mayo referido”.

Además, de lo anterior y según el punto quinto de la querella: “En los años 2004 y 2005, las rentas declaradas por José Luis Martín Jiménez son inferiores a las descritas con anterioridad, a pesar de lo cual en el primero de esos años adquirió nuevos fondos de inversión por importe de 60.000 €. siendo las plusvalías declaradas 307 €. Y en el año 2005 le constan desembolsos de cantidades por importe de 71.334,63 € a la mercantil Promociones Zapata y Muñoz y a MAPFRE Mutualidad por importe de 14.921,76 € no constando la razón de tales desembolsos. En este último ejercicio le constan 2 fondos de inversión, uno de adquisición y otro de reinversión por importe de 15.000 € y 110.113 €”.

La explicación que José Luis Martín da de sus ingresos en estos años es la habitual en estos casos: Había sido agraciado por la fortuna. Le había tocado un cupón de la ONCE por valor de 24.000.000 Ptas. y el resto lo había ganado invirtiendo sabiamente esa cantidad.

En definitiva, termina la denuncia diciendo que: “Considerando los hechos expuestos es por lo que EL FISCAL presenta DENUNCIA contra José Luis Martín Jiménez, quien a sabiendas de la falta de elementos necesarios y preceptivos de los expedientes citados, para poder valorar las actuaciones que se pretendían realizar en el término municipal… convocó para el último día hábil de la legislatura ese Pleno extraordinario para la aprobación citada; y contra cualesquiera otras personas que de la instrucción de la causa resultaren responsables, por considerar que los hechos relatados pudieran ser constitutivos de los delitos de Prevaricación (art. 404) , Cohecho (art. 419) y Delito contra la Hacienda Pública (art. 305), todos ellos del Código Penal”.

Así acaban dos años de investigación, es decir, con el caso Seseña reducido a su mínima expresión, tan mínima que, por ejemplo, el delito de cohecho queda cercenado por su justa mitad, porque el cohecho, en lenguaje llano, viene a ser un soborno y como en todo soborno, también en este tipo penal debe haber uno que cobra por dispensar favores y otro que paga para que los favores se le dispensen. Sin embargo, según la denuncia presentada por la Fiscalía, parece ser que sólo hay uno que cobra, pero ninguno que paga.

También es sorprendente, atendiendo a la redacción de la denuncia, algo confusa, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta lo farragoso y turbio de la materia urbanística, que el PAU del Quiñón fuera definitivamente aprobado, con el beneplácito final de los organismos supramunicipales, sin que de ello se desprenda ninguna otra presunta responsabilidad penal y eso que, según la Fiscalía, el proyecto estaba viciado de ilicitud y, además, de ilicitud penal (presunta, naturalmente) desde su mismo inicio o, por decirlo de manera muy apropiada a la magnitud del proyecto de Francisco Hernando: ab urbe condita.

Nada que decir sobre el principal favorecido por la actuación de José Luis Martín Jiménez, es decir, sobre Francisco Hernando Contreras, aunque según el sentido común y la sana lógica, parezca inevitable concluir que si José Luis Martín cobró, bien pudo ser Paco “El Pocero” quién pagó.

Tampoco tiene la Fiscalía ningún dato que le haga sospechar de otros munícipes de Seseña, como Felipe Sancho o del propio Consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, y esto aunque el informe correspondiente de su Consejería salió de ella el mismo 8 de mayo, fecha de aprobación del PAU.

Menos aún, merecen pronunciamiento alguno las relaciones de Francisco Hernando con José Bono y los trabajos de ONDE 2000 en HIPICA TOLEDO, el picadero en el que participa como socio el actual Presidente del Congreso de los Diputados, cuya sobrina, por cierto (lo de sobrina, según algunas fuentes) Yolanda Franco Mosquera, es concejal del Ayuntamiento de Estepona y desempeñaba allí el cargo de “Directora del Área de Juventud” en el equipo de gobierno del detenido Antonio Barrientos, de quien era persona de confianza.

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De todas formas, sólo hay que felicitarse por la denuncia presentada por la Fiscalía de Toledo puesto que a partir de ahora son los Tribunales los que toman las riendas de la investigación y, además, el proceso podrá ser impulsado, también, por las acusaciones que se personen en los autos, de forma que no hay que descartar, en absoluto, que las imputaciones se extiendan y lleguen más allá de donde ahora han llegado.

Por otro lado, no es esta la única noticia que, en breve, tendrá su origen en los Juzgados de Illescas. Seguiré informando, qué duda cabe.