jueves, 31 de enero de 2008

La Fiscalía de Toledo presenta querella contra Noemí López, alcaldesa de Casarrubios

Tofiño Pérez, que tan pronto asiste serenamente al enfoscado de la necrópolis visigoda del camino de Bohadilla de Illescas, a manos de Carlos Durán y sus Socios de PEYBER, como firma un convenio para la edición del libro “Regia Sedes Toletana”, irónicamente, también sobre el Toledo visigodo; anda en estos días dando cumplimiento a sus cometidos (sean estos los que sean) En FITUR, la feria de la industria turística.

Precisamente ahí es donde le ha debido sorprender esta noticia publicada por el diario digital SIGLO XXI, relativa a Noemí López (en el centro de la foto) Que viene nuevamente a turbar la tranquilidad de su hogar:

La Fiscalía se querella contra la alcaldesa de Casarrubios (Toledo) por prevaricación y malversación

Redacción / EP
La Fiscalía Provincial de Toledo ha interpuesto ante el Juzgado decano de Illescas (Toledo) una querella criminal contra la alcaldesa del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, Noemí López, y otras personas por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales, falsificación de documentos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.

Tras las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía provincial, y examinado la documentación del caso, se deduce que la conducta de la querellada pudiera ser constitutiva de delito, al haber adjudicado directamente en beneficio de una empresa en la que participan otros querellados, relacionados por sus vinculaciones personales con la alcaldesa querellada, una determinada adquisición de bienes (llaveros) con cargo a las arcas municipales por importe de 29.817,80 euros.

Ello a través de un procedimiento de licitación irregular, en el que supuestamente participaron otras empresas presentando ofertas y presupuestos, que han resultado ser simulados o falsos, ya que estas empresas niegan haberlos realizado, a la vez que denuncian la utilización de sus nombres y membretes comerciales.

Asimismo, la Fiscalía, en un comunicado, denuncia que, tras la mencionada adjudicación irregular, ha desaparecido el expediente original de las dependencias municipales.

La querella se interpone con objeto de que por el juzgado de instrucción al que se remiten las diligencias de fiscalía junto con la querella se lleve a cabo la indagación hasta la completa averiguación de los hechos delictivos y de sus responsables, solicitando al fiscal la práctica de diligencias esenciales.

Entre ellas, la declaración judicial de la alcaldesa querellada y demás responsables en calidad de imputados; la declaración de concejales denunciantes y otros funcionarios municipales como testigos y la adopción de medidas cautelares urgentes, como la paralización de otros procesos de adjudicación que estuvieses previstos y la exigencia de fianza de 20.000 euros a la querellada, con objeto de cubrir las eventuales responsabilidades pecuniarias a que hubiese lugar.

Por último la Fiscalía Provincial solicita que se dé cuenta de la interposición de la querella, caso de ser admitida, a la Subdelegación del Gobierno a los efectos procedentes en cuanto a las funciones de la alcaldesa querellada.

Naturalmente, me parece muy bien la diligencia y premura con la que ha actuado en este caso el fiscal Polo, sin duda porque en los cinco millones de pesetas de los llaveros de Casarrubios no ha percibido un "escaso contenido penal", sino por el contrario, un "contenido penal" abundante.

Lo cierto es que, probablemente en poco tiempo, esos llaveros engorden tanto que parecerán confundirse con unos tres millones de metros cuadrados de monte, conflictivos en Casarrubios por su posible recalificación o, incluso, con los terrenos ocupados por el aeródromo de la localidad, a los que alguien ya parece haberles echado el ojo.

No obstante, yo también soy de la misma opinión que el Fiscal Polo. En la Sagra no se debe hablar de una situación de corrupción generalizada. Sólo de casos puntuales. Lo otro sería una exageración.

Más noticias sobre Peyber

Europa Press publica hoy la siguiente noticia:

"Manos Limpias presenta una queja ante el Defensor del Pueblo contra la escombrera de Perales del Río

Asegura que un responsable regional es consejero delegado de la empresa PEYBER, que tiene un 37,5% del capital social de la planta

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo contra los permisos ofrecidos por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la instalación de una escombrera en el barrio Perales de Río, en el distrito de Villaverde.

Por ello, la queja apunta la responsabilidad de la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, y del director general de Calidad Medioambiental de la Comunidad, Ricardo Díaz Bermejo, que además es consejero delegado del Grupo Peyber, propietario del 37,5% del capital social del Centro de Tratamiento de Inertes SL que está desarrollando las obras en la planta.

La organización indica que esta instalación puede afectar a la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de la zona, y vulnera el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de la Comunidad de Madrid, según el cual, este tipo de instalaciones sólo podrán emplazarse a una distancia de 2.000 metros del núcleo urbano más próximo.

Se da el caso además que Manos Limpias tiene presentada una querella criminal ante el Juzgado 4 de Illescas contra PEYBER por la adjudicación que considera ilegal de un campo de golf "en connivencia del alcalde y Jesús María Gallego, aparejador de ese consistorio en situación de excedencia y dueño fundador de PEYBER".

El sindicato apunta que el 28 de mayo de 2008 Centro de TRatamiento de Internes SL comenzó las obras sin informar a los vecinos colindantes de la instalación de una actividad molesta e insalubre.

De ubicarse definitivamente dicha planta, según Manos Limpias, tendrá capacidad para triturar unas 100.000 toneladas de escombros al año, 13.000 toneladas de residuos peligrosos al año, y generará unos niveles de ruido superiores a los 90 decibelios, así como un trasiego de entre 200 y 300 camiones de alto tonelaje por la zona.

La queja señala que la planta de triturado de escombros está situada a 200 metros de las viveindas de Peraes del Río, pedanía del Ayuntamiento de Getafe, en la que viven 7.000 personas, a 150 metros de un colegio y a 20 metros de un poblablo chabolista en el que viven 200 personas".

La nota de Europa Press contiene un error. No cabe duda de que Ricardo Díaz Bermejo puede ser muchas cosas, pero no "director general de Calidad Medioambiental de la Comunidad" de Madrid. Por lo demás, el contenido de la noticia es rigurosamente cierto y el comienzo de acciones administrativas o judiciales en relación con este asunto, también.

El hecho no es valadí. A pesar de que CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. (es decir Peyber y sus socios en el negocio de los desperdicios y el reciclado) Parece que abandonan el proyecto de la escombrera de Villaverde, también es cierto que ni la mercantil ni la Comunidad de Madrid han dado, hasta ahora, garantías formales de que tal cosa sea definitiva.

Además, de momento, Ricardo Díaz Bermejo y sus socios en este asunto, mantienen las querellas contra los dirigentes vecinales de Perales del Río y contra el alcalde de Getafe, porque, según dijo y así apareció en declaraciones hechas a la prensa, el Gerente de la Sociedad: "el que la hace, la paga"; principio, por cierto, que aún delatando una técnica jurídica algo primitiva, no puedo dejar de aplaudir e impulsar.

Finalmente hay que recordar que otra planta de iguales características se ha instalado en Pantoja (Toledo) bajo los auspicios de Alejandro Pompa, quien mediante un convenio con CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES CASTILLA-LA MANCHA S.L. (también PEYBER, claro está) Firmado en su condición de Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, se ha comprometido al cierre de todas las escombreras existentes en la Comarca si incumplen la normativa europea (que sí la incumplen) Y a que los residuos de este tipo, presentes y futuros, generados en las localidades inscritas en dicha Mancomunidad, sean "procesados" en las instalaciones de PEYBER que, de esta manera, se asegura la rentabilidad cierta de su inversión.

Cuestión distinta será comprobar si las instalaciones de PEYBER en Pantoja cumplen o no con la legalidad establecida...

domingo, 20 de enero de 2008

PEYBER abandona la escombrera de Villaverde

El pasado día 17, el diario “El País” publicaba, bajo este titular: Adiós a la escombrera de Perales del Rio”, la siguiente noticia: La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid había anunciado el día anterior la paralización definitiva de la construcción de una planta de reciclado de escombros en el distrito madrileño de Villaverde, a unos doscientos metros del barrio de Getafe de Perales del Río.

Según el comunicado de la Consejería de la CAM, esta decisión se había tomado “tras alcanzar un acuerdo con la empresa responsable de las obras (CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L.) lo que supondrá su paralización definitiva. Un acuerdo que, según fuentes de la consejería, ‘no tendrá contrapartidas’ pese a que la planta de escombros contaba ‘con informe de impacto medioambiental y cumplía todos los requisitos legales’

Las mencionadas fuentes de la Consejería aseguraban, también, que “la decisión se ha tomado para dar respuesta a la sensibilidad mostrada por los vecinos, que se han opuesto a la construcción”. Por su parte, El País, añadía: “Este periódico intentó ayer sin éxito recabar la versión de la empresa constructora”.

La noticia también se recogía, entre otros, en el diario “La Razón”. Este periódico tuvo más suerte que El País a la hora de conseguir declaraciones de la empresa constructora. Bajo un epígrafe titulado “cuatro años tirados a la basura”, el que dice ser Gerente de la empresa constructora, Carlos González”, explicaba que “a partir de ahora tendrán que buscar otro emplazamiento ‘comercialmente bueno’ para poder construir la planta”.

El tal Carlos González añadía, siempre según “La Razón”, que “Perales del Río era un lugar estratégico, que tenía todos los permisos y cumplía escrupulosamente la ley, para lo que hemos tenido que trabajar cuatro años

También afirmó que en Perales “se construirá otra empresa que no sea perjudicial para los vecinos (frase curiosa dado que estos venían asegurando que la escombrera no era, en absoluto, perjudicial) Y no genere rechazo”.

Tampoco se olvidó de añadir que “las tres denuncias al Alcalde de Getafe, Pedro Castro, y otros vándalos por invadir una propiedad privada seguirán su curso”. Con esto se refería a las denuncias por coacciones y amenazas que la Empresa interpuso contra el Alcalde de Getafe y varios presidentes de las asociaciones de vecinos de la zona, a raíz de las protestas que, durante el pasado verano, paralizaron las obras de la escombrera.

Bien, pues vistas las noticias y las declaraciones de este señor gerente, Carlos González, tan preocupado por el cumplimiento de la ley que no ha podido evitar llamar “vándalos” al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y a los demás denunciados acusándolos de un delito de invasión “de propiedad ajena”, veamos quienes están detrás de la mercantil CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L.

Esta empresa, con CIF: B832730003 y forma de sociedad limitada, se constituyó el día 10 de abril de 2002 y quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Sección 8, Hoja 304473 declarando como objetos sociales: “la gestión de residuos de toda índole, su recogida, tratamiento, reciclaje y eliminación. La restauración y sellado de vertederos. La gestión de residuos industriales. El reciclaje de desechos no metálicos y la construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles…). Por otra parte, su actual capital social asciende a 613.980,00€ y tiene su domicilio en la calle Alcalá, 492 de Madrid, CD 28027, es decir, tiene el mismo domicilio que la mayoría de las empresas del entramado societario PEYBER.

Esto no es ninguna casualidad porque los cargos que constan de la citada CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. son los siguientes:

Juan Antonio Aguado García: Presidente

Manuel Juan Aguado Burgaz: Consejero

Ricardo Díaz Bermejo: Consejero

Carlos González Juanas: Consejero (que debe ser el mismo que, según “La Razón”, calificó de “vándalos” al Alcalde de Getafe y a los demás denunciados de Perales del Río.

Juan Antonio Aguado García, que además de Presidente, también tiene el cargo de Consejero.

Por otra parte, como “Consejeros del Mancomunado” vuelven a constar, Juan Antonio Aguado García y Carlos González Juanas, además de Ricardo Díaz Bermejo, “consejero delegado del grupo PEYBER”, quien también ejerce el cargo de secretario de la mercantil.

En pocas palabras, que CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L. es la primera incursión del entramado PEYBER en el negocio de los residuos. La segunda de estas incursiones, es la planta de triturado de escombros, supongo que similar a la de Villaverde, que CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES CASTILLA-LA MANCHA S.L. está instalando o ya ha instalado, en Pantoja, en este caso como beneficiaria de un Convenio firmado con el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, ni más ni menos que Alejandro Pompa Mingo, también alcalde de Carranque, cuna del Grupo PEYBER; por el cual todos los escombros que se generen en la Comarca a más de los existentes en los vertederos actuales que no cumplan las normativas europeas (es de suponer que todos) deberán ser tratados en la planta trituradora de esta compañía, al menos mientras no haya otra en igualdad de condiciones, que no la hay.

Por tanto, los Peinado-Bermejo se va de Villaverde y todo parece acabar bien para los vecinos de Perales del Río, libres, al menos de momento, de la compañía de PEYBER y de sus socios. Sin embargo, la rapidez con la que, tanto la Comunidad de Madrid como los tratadores de residuos, han abandonado la batalla, no deja de ser sorprendente.

Sin apenas resistencia, perdiendo según dice este Carlos González, cuatro años de trabajo y “más de un millón de Euros”, según cita el diario “La Razón”, los Diaz Bermejo-Gallego Peinado-Aguado, vuelven grupas y abandonan el campo de batalla.

Lo cierto, no obstante, es que esta “huída”, motivada por “la sensibilidad mostrada por los vecinos”, coincide con otros acontecimientos señalados.

Desde hace unos meses, el Juez Santiago Torres dirige, con mano firme, las investigaciones de la “Operación Guateque” que, según lo conocido hasta el momento, se refieren a una red de extorsión y recaudación de sobornos a cambio de licencias municipales y cuyo centro neurálgico parece estar en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, organismo implicado, como es natural, en la tramitación y concesión de la licencia a CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L.

Ahora, el caso “Guateque” toma nuevas dimensiones, desde luego, más amplias. El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, acaba de ser declarado “imputado” por el Juez instructor a causa de su presunta relación en la trama de venta de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Esta Consejería de Transportes, tampoco es ajena a la planta de triturado de escombros de los Peinado-Bermejo-Aguado (CENTRO DE TRATAMIENTO, etc.) Puesto que dicho consejero tenía competencias en la remodelación de la Avenida de los Rosales, vía de comunicación importante para el trasiego de camiones hacia la planta…

En fin, que así las cosas, desde luego, la decisión de salir de Villaverde que acaban de tomar PEYBER y sus socios, parece muy sensata, pero… ¿No es sospechoso?

jueves, 17 de enero de 2008

Noemí López, alcaldesa de Casarrubios, denunciada

Ayer el diario ABC publicaba la noticia de una nueva denuncia por corrupción en la comarca de la Sagra. Esta vez afectaba a la alcaldesa de Casarrubios del Monte y, de momento, militante del PP, Noemí López; en la foto junto a Victoria Solana y otros regidores de la comarca:

Denuncian que la alcaldesa de Casarrubios amañó la compra de 5.000 relojes

M. M.
TOLEDO. El Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias anunció ayer la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Toledo contra la alcaldesa de Casarrubios del Monte, Noemí López García (PP), por haber amañado la compra de 5.000 relojes.
El sindicato asegura que la alcaldesa realizó un gasto de 29.817 euros a la empresa adjudicataria del pedido, propiedad de los padres del asesor personal de la edil. «Para tratar de dar apariencia de legalidad a la compra», según el sindicato, se presentaron tres presupuestos, dos de ellos «falsos» y el de la empresa de los padres del asesor de Noemí López.
La alcaldesa explicó ayer que sospecha que algún concejal del equipo de Gobierno «coló» los presupuestos falsos, «que sí existen, pero que las empresas dicen que no lo enviaron». Afirmó también que, a raíz de estos hechos, se han descubierto irregularidades en las actuaciones de los dos concejales de Urbanismo, Juan José Arroyo Muñoz (PP) y Antonio del Hierro Barcina (independiente).
La dirección provincial del PP ha suspendido de militancia a la alcaldesa y a los otros dos concejales del PP mientras se resuelve el expediente informativo abierto sobre este asunto
”.

Cabe preguntarse qué opinarán de esta noticia José Manuel Tofiño y su señora esposa, Rosario Arrogante.

Rumores de "carpetazo" en el caso del "Pocero" de Seseña

Hay rumores en Toledo según los cuales D. Javier Polo, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, a la vez que Fiscal Anticorrupción, podría dar carpetazo al caso del “Pocero” de Seseña. Lo que sí se sabe de cierto es que, en los últimos días, este fiscal está tomando declaraciones a diversos miembros de la Corporación de Seseña, incluido el Alcalde de I.U. Manuel Fuentes. Eso ya resulta un tanto peculiar puesto que tales declaraciones tienen lugar pocas semanas antes de que concluya, definitivamente, el plazo del que dispone Polo para ultimar su investigación y se diría que, en este asunto, la casa se comienza por el tejado y a última hora.
De todas formas, si los rumores a los que me refería al principio se confirman y D. Javier Polo renuncia a interponer querella criminal en relación con el caso Seseña, no solamente se confirmaría el giro espectacular dado por la Fiscalía Anticorrupción de Toledo tras la presentación de la denuncia de Izquierda Unida contra la presunta trama de corrupción que implicaría a José Manuel Tofiño, los administradores del Grupo PEYBER y al alcalde de Carranque Alejandro Pompa Mingo, sino que se repetiría, exactamente, el mismo esquema seguido por Polo en el caso Pompa-Tofiño-Peyber.
Recordemos que el 26 de abril de 2007, en los preámbulos de la campaña de las elecciones municipales, José Javier Polo, ya dio un “adelanto” de cual iba a ser su decisión respecto al mencionado caso Pompa-Tofiño. Preguntado por los periodistas durante la presentación de la Memoria Anual de la Fiscalía, Polo afirmó que las denuncias sobre una presunta trama de corrupción en la comarca de la Sagra eran “poco concretas”.
También aseguró que, con los datos que disponía, no se podía hablar de un estado de corrupción que afectara a toda la Comarca, lo cual era tensar el significado de las cosas porque nadie pretendía que todas y cada una de las localidades de la Sagra estuvieran inmersas en una trama de corrupción, sino que los datos conocidos que afectaban, entre otros ayuntamientos, a los de Seseña, Illescas, Esquivias y Carranque, eran lo suficientemente sospechosos como para que se iniciara una investigación por parte de la Fiscalía.
Además, en la misma comparecencia, cuando se le preguntó específicamente por el caso de Pompa, el fiscal volvió a matizar lo dicho en el recurso que interpuso contra el archivo de las diligencias seguidas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas contra el propio Pompa, el secretario de Carranque, el funcionario en excedencia Ernesto Rodríguez y el concejal Antonio Fernández.
Aseguró que lo que él había mantenido en su recurso es que “no se podía rechazar la querella” pero, y aquí está el matiz, “con ello -dijo- no me quiero pronunciar ni me pronuncio sobre la existencia de una imputación criminal sostenible, porque es perfectamente compatible con que luego se estudie y el fiscal no acuse”. De hecho, la cosa fue “tan compatible” como que “el fiscal” no asistió a la deposición de declaraciones de los imputados Pompa, Bravo, Fernández y Rodríguez, lo cual no es poca cosa porque debido al principio acusatorio, por muy de oficio que sean perseguibles ciertos delitos, sin nadie que sostenga la acusación, el juez queda obligado a archivar la causa.
Finalmente, esta vez ya en plena campaña electoral y, tan solo, dos meses después de presentada la denuncia, el fiscal Polo daba carpetazo al asunto con un “decreto de archivo” de una beligerancia contra los denunciantes más propia de los letrados de la defensa que del ministerio público.
Aquel decreto presentaba peculiares argumentos jurídicos, uno de ellos, el que partía de la afirmación de que sólo violaciones de la ley flagrantes y grotescas podían llegar a constituir delito de prevaricación.
Otro, que los denunciantes habían hecho el hallazgo jurídico del delito de estafa sin engaño, porque no veía, el señor fiscal, engaño en que una sociedad del grupo Peyber comenzara a comprar suelo en Carranque bajo la denominación de Agrícola Sagra-Manchega, manifestando, más o menos abiertamente, que su intención era la de instalar una “granja de pollos” cuando ya tenía la certeza de que el destino de ese suelo era el de la recalificación para la construcción de un campo de golf con su correspondiente urbanización, entre otras cosas, porque como el propio Pompa reconoció en un Pleno del Ayuntamiento (así consta en el Acta de la sesión) Fue él quien se puso en contacto con el “Agente Urbanizador”, para que pusiera en marcha el campo de golf de marras.
Otro más de estos argumentos dignos de mencionar, era que el fiscal Polo no veía que se pudiera relacionar al “señor Tofiño” con PEYBER a pesar de que son hechos acreditados que, primero, el hijo del “señor Tofiño” creó una sociedad (Sistemas Arquitectónicos y Urbanísticos S.L. (ahora en liquidación, como era de esperar) Con los Peinado-Bermejo (PEYBER) e, inmediatamente, otra de las compañías de los nuevos socios del hijo de Tofiño, se alzó con una concesión pública de 27 millones de Euros, ideada e impulsada, según declaraciones aparecidas en prensa, por el propio Tofiño.
Pero, quizás, el motivo más sorprendente por el que, según el fiscal Polo debía declinarse la investigación, era que las acusaciones realizadas en la denuncia resultaban “poco concretas y de escaso contenido penal”; y mantengo que la cosa es sorprendente porque se diría que el fiscal, al decir esto, se confundía con un juez y que pretendía que su resolución estuviera motivada por la prueba indubitada de los hechos denunciados, como si de una sentencia condenatoria se tratara, cuando lo cierto es que él no es juez que tenga que condenar o absolver en función de hechos demostrados, sino fiscal que, ante indicios de “contenido penal”, escaso o abundante, ha de investigar para encontrar pruebas y, si en función de esa investigación, se determinara la existencia de indicios de criminalidad (pues insisto, no es el fiscal el que tiene que decidir si hay o no conducta criminal condenable) Interponer la correspondiente querella ante el juzgado competente para que sea éste quien condene o absuelva.
En fin, la prueba de los discutibles que eran los argumentos de Polo en aquel decreto de Archivo es que, cuando meses después, el sindicato “Manos Limpias” presentó denuncia contra Pompa y otros por su actuación en el asunto del campo de golf, hechos también denunciados por I.U., El Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas, sí abrió diligencias previas. Las abrió y no las ha cerrado.
No obstante, lo que, indudablemente, sí supuso la decisión del fiscal Polo, fue un gran impulso, perfectamente oportuno en el tiempo, para la campaña electoral de Pompa y Tofiño, quienes, finalmente, fueron reelegidos y, por de pronto, se aseguraron el control, durante cuatro años más, de sus Ayuntamientos, de la Diputación y de la Mancomunidad de Municipios de la Sgra Alta, competente, hay que recordar, en lo referente al suministro de agua a la urbanización de Francisco Hernando “El Pocero”.
Ahora, insisto, si finalmente se confirman los rumores a los que me refería al principio, ese mismo esquema temporal, parece repetirse con asombrosa exactitud: En vísperas del inicio de la campaña electoral, surgen “comentarios” o rumores que anticipan la decisión de la fiscalía de archivar las actuaciones (en un caso, las de Tofiño-Pompa, en otro, las de Seseña). En plena campaña se hace público, formalmente, el carpetazo (en el caso de Carranque, así fue. En el caso de Seseña, así será si el rumor resulta bien informado). Acto seguido, los implicados (en Carranque: Pompa, Tofiño, PEYBER, etc.; en Seseña, fundamentalmente, José Bono) Salen a la plaza pública esgrimiendo la decisión de la fiscalía como prueba incuestionable de su archiacreditada honestidad lo que, sin duda, es cosa que produce serios beneficios electorales... ¿No es sospechoso?

viernes, 11 de enero de 2008

Querellas aterradoras

Los delitos relacionados con la corrupción son de tal naturaleza, que suelen encontrar muy buen acomodo en las zonas grises de la Ley.
Incluso cuando se cometen en sus formas más groseras, la dificultad de encontrar pruebas de cargo válidas en juicio, el poder político de los “presuntos” corruptos y sus “influencias” y, desde luego, las posibilidades de instrumentalizar a la propia Administración de Justicia utilizando legiones de “abogados”, “leguleyos” y “picapleitos” pagados, generosamente, con el botín de sus correrías; hace que estas situaciones se prolonguen durante lustros a la vista, ciencia y paciencia de todos.

Así ha estado ocurriendo, por ejemplo, con el caso de la presunta red de sobornos y extorsiones que, también presuntamente, estaba organizada en torno a las gerencias de urbanismo y medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, por cierto, oficinas públicas estas, muy relacionadas, pues así lo prescribe la normativa aplicable, con la concesión de licencia a la escombrera que CENTRO DE TRATAMIENTO DE INERTES S.L., empresa incluida en el conglomerado PEYBER; pretende construir en el distrito madrileño de Villaverde).

Es más, en no pocas ocasiones, el vaciado de las arcas del Tesoro, no es que no sea delito, es que se atiene rigurosamente a la Ley. Eso es lo que ocurre, para no complicarnos mucho buscando símiles, con la “autoasignación” de remuneraciones por parte de aquellos que rigen las instituciones públicas.

Por eso, no hay nada que decir contra Tofiño, Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, que comenzó esta nueva legislatura asignándose un salario que superaba al del Presidente Barreda. Es cierto que el despropósito duró poco. El propio Barreda se encargó de corregirlo... subiendo el suyo convenientemente, aunque, para que todo el mundo viera que no se trataba de codicia insaciable, la primera paga la donó a la Cruz Roja. Las demás no.

En cualquier caso, a personas de esta condición, es lógico que no les plazca mucho la crítica y, menos aún, la denuncia pública de sus actos. Provistos de cuánto dinero necesitan, pues no son menesterosos en esta materia, han descubierto un medio que les ha parecido muy útil para controlar aquello que sobre ellos se dice y se sabe: la querella por injurias y calumnias.

En Toledo, el primero en comenzar un fuego graneado de querellas en defensa de su honor y dignidad ha sido Francisco Hernando, por “El Pocero” conocido del uno al otro confín, y ahora condenado en firme a cuatro años de prisión y al pago de seis millones de multa como autor de varios delitos contra la Hacienda Pública.

Contra Manuel Fuentes, Alcalde de Seseña, contra Cayo Lara, contra José Esteban Chozas, etc. ha caído una lluvia de acciones judiciales destinadas a salvaguardar el honor y la dignidad del tal Francisco Hernando y a dirigir la espada de la Justicia contra estos “insolentes” que se atrevieron a denunciarle, a él y a otros, como presuntos autores de varios delitos relacionados con la corrupción urbanística.

En este sentido, el pasado 12 de diciembre, “El Digital de Castilla-La Mancha” publicó la noticia (que se reproduce íntegra al final de este artículo) De la desestimación de la primera querella interpuesta por Hernando contra Manuel Fuentes y otros dirigentes de I.U.

No importa. Según Cayo Lara, coordinador regional de I.U., el “famoso constructor” tiene previsto presentar 28 más contra los dirigentes de I.U. y eso de momento, porque tratándose de un hombre que se manda hacer un “transatlántico de recreo” como el que le están ultimando en los astilleros italianos CRN(en la foto) Veintiocho querellas representan una cantidad irrisoria.

El ejemplo de Paco Hernando ha cundido rápidamente. Así, tras la denuncia presentada por I.U. ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, contra Tofiño, Pompa y el entramado empresarial PEYBER, el propio Tofiño se apresuró a anunciar querellas criminales por calumnias e injurias contra Sonsoles Arnau y José Esteban Chozas, ambos de I.U. Es más, Tofiño, en declaraciones públicas, manifestó que los propios servicios jurídicos de la Diputación Provincial estaban estudiando la posibilidad de presentar esa querella en defensa del honor de la Institución.

Eso era un desatino en varios sentidos. En uno, porque las instituciones no tienen “honor”. En otro porque... Mejor dejo a Tofiño, habitual lector de NOTITIA CRIMINIS, con esta duda para que se la resuelvan sus abogados.

El caso es que las elecciones municipales y la necesidad de pactar con I.U. la alcaldía de Toledo, parecen haber relajado considerablemente el rígido sentido del honor que Tofiño manifestó durante aquellos días, y las querellas anunciadas a mano tan airada, abortaron en su estadio de “acto de conciliación”.

Sin embargo, Tofiño, hombre práctico, ha debido considerar, supongo que tras el oportuno concilio con amistades y correligionarios como Pompa, que es buena política la de ponerse la venda antes de recibir otra pedrada y ha tomado medidas alternativas. Al parecer, por el modo en que se han sucedido los hechos, la más importante de esas medidas (hay alguna otra que ya se comentará aquí) Ha sido tratar de silenciar este blog.

Para ello, tras año y pico de dudas, él, Tofiño Pérez, junto con Jesús Fernández Vaquero, hombre de considerable peso político en las instituciones de Castilla-La Mancha y en el PSOE de la región, se decidieron a presentar denuncia contra NOTITIA CRIMINIS en el Juzgado de Instrucción número 29 de los de Madrid pero, eso sí, no sin antes contratar, prudentemente y por sí o por personas interpuestas, los servicios de una de las factorías jurídicas más caras de Europa, si es que no del mundo civilizado: el bufete Garrigues... Que lo paga ¿quién?.

Entra así, este blog y quien estas líneas escribe, en la honorable lista de aquellos a los que hay que amordazar. Lo malo es que, un servidor, no ha tenido a bien, nunca y ahora tampoco, sufrir mordazas.


Archivada la querella de "El Pocero" contra dirigentes de IU
Eldigitalcastillalamancha.es
12 de diciembre de 2007. El Juzgado Número Tres de Instrucción de Toledo ha archivado la querella por injurias y delitos que el constructor Francisco Hernando ´El Pocero´ interpuso contra cuatro dirigentes de Izquierda Unida, entre ellos el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y el coordinador regional, Cayo Lara, al considerarla infundada.

Así lo anunció en rueda de prensa el responsable de Política Institucional de IU, José Esteban Chozas, quien explicó que ´El Pocero´ fundamentó esa querella en la rueda de prensa que ofrecieron en mayo de 2006 para anunciar que iban a poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una serie de hechos.
Chozas, acompañado del coordinador regional, Cayo Lara, recordó que en la documentación puesta a disposición de Anticorrupción, IU denunciaba la actitud "inmoral" del Pocero, cuya promotora Onde 2000 realizó trabajos en Hípica Almenara, propiedad de José Bono, mientras se tramitaba el Plan de Actuación Urbanizadora ´El Quiñón´ en Seseña, cuando dicha empresa solo trabaja en promociones internas, y no para terceros.
Según Chozas la jueza encargada del caso ha concluido que no hay delito en esa denuncia, pues considera que la federación de izquierdas está en obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia, pues "la constatación de un hecho no se considera delito".

"Esto abre las puertas para iniciar acciones civiles contra ´El Pocero´", indicó el responsable de Política Institucional de IU, quien añadió a renglón seguido que aún falta la explicación política de los hechos denunciados por parte del entonces presidente de la Junta de Comunidades, José Bono, hoy cabeza de lista del PSOE por la provincia de Toledo, y futurible presidente del Congreso de los Diputados.

Chozas aseveró que durante los mandatos de Bono "el urbanismo salvaje se disparó en la provincia de Toledo, y son los toledanos los que están pagando las consecuencias", pues carecen de una red sanitaria en condiciones, de recursos hídricos, o de acceso a educación y cultura, situación que "nada tiene que ver con los eslóganes publicitarios del PSOE".


28 querellas

Por su parte, el coordinador regional de IU adelantó que el constructor va a presentar 28 querellas, refundida en una, contra su formación, aunque dijo desconocer el contenido. Según Lara, lo que ´El Pocero´ pretende con esta estrategia de querellas es "amedrentar a IU", imponer su voluntad por encima de la ciudadanía que libremente ha elegido que sea un representante de la federación de izquierdas el que gobierne la localidad de Seseña, "simplemente porque tiene un poderoso gabinete de abogados que paga con las plusvalías de los jóvenes hipotecados".

Por ello, la federación de izquierdas prepara una iniciativa para que la justicia de a conocer el número de querellas que Hernando ha presentado, "porque esta usando un servicio público como es la justicia a su capricho, simplemente porque tiene dinero y un gabinete de abogados".

Manifestó Cayo Lara que ahora ´El Pocero´ ha presentando una reclamación patrimonial al Ayuntamiento de Seseña, en su ofensiva contra el regidor, por valor de 6. 000 millones de las antiguas pesetas, de tal forma que si el juez dictamina a su favor, "el Consistorio de esta localidad debería destinar su presupuesto de cuatro años a pagarle".

El responsable regional de la federación de izquierdas alertó de la última pretensión del constructor, que quiere negociar con el Ayuntamiento, una serie de peticiones "para inducirle a la ilegalidad, demostrando una vez más su egocentrismo".