jueves, 22 de noviembre de 2007

Paralizan la escombrera de PEYBER

Según "El País":

"Unos doscientos vecinos del barrio de Perales del Río, en la localidad de Getafe, paralizaron ayer las obras de una planta de tratamiento de residuos inertes (escombros) que se está construyendo en el término municipal de Madrid, pero muy cerca de sus viviendas. A la protesta se sumó el alcalde getafense, Pedro Castro (PSOE).

Los vecinos irrumpieron en las obras al mediodía con pancartas con el lema Madrid contamina a Perales del Río y con su presencia impidieron el paso de los camiones. "La construcción de esa planta es una barbaridad. Han iniciado las obras sin avisar al ayuntamiento, sin contar con los vecinos y sin informe de impacto ambiental", afirmó Pedro Castro.

"No es ni una escombrera ni un vertedero. Es una planta de residuos no contaminantes", aseguró un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente. La planta es un proyecto de iniciativa privada a cargo de la empresa Centro de Tratamiento de Inertes, S. L.. "La empresa nos solicitó una declaración de impacto ambiental y la dimos positiva. La declaración fue sometida a información pública y ni el Ayuntamiento de Getafe ni la Consejería de Medio Ambiente presentaron alegaciones", agregó dicho portavoz. Las obras están en pleno movimiento de tierras y la consejería desconoce cuándo empezará a funcionar la planta, que ocupa 75.000 metros cuadrados.

El alcalde de Getafe ha pedido a la consejería que paralice las obras y los vecinos aseguran que piensan volver a la zona "las veces que haga falta". "Si es preciso, acamparemos", concluyeron".

miércoles, 21 de noviembre de 2007

La escombrera de PEYBER en Villaverde

Estos son algunos datos, que reproducimos por su evidente interés, publicados por MADRIDIARIO.ES.

En Perales del Río, una pedanía de la llamada "capital del sur", Getafe, y de la que dista unos seis kilómetros, viven más de 7.000 vecinos. Y todos ellos se quejan de lo mismo: "Toda la mierda de Madrid viene a parar aquí", afirma rotundo Nicanor Briceño, presidente de la Asociación de Vecinos de Perales del Río. Y continúa diciendo que "aquí están jugando con la salud de los vecinos del barrio, con la salud de los vecinos de Getafe".

Y es que esta pedanía, que está pegada a Villaverde Bajo, está rodeada de infraestructuras dedicadas al tratamiento de residuos de todo tipo: la incineradora de Valdemingómez, tres depuradoras y una planta de secado de lodos. Además, en breve, tendrán también una escombrera. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Madrid aprobó la construcción de una planta de tratamiento de residuos inertes que aunque estará en el término municipal de Madrid, se situará a unos 200 metros de las viviendas de Perales del Río y a 150 metros de un colegio de monjas y una guardería.

Colegio Santa Teresa"Estamos hablando de muchas infraestructuras que hacen que se vaya degradando la zona. Es de hecho, la zona de Europa que concentra más instalaciones de este tipo", dice Miguel Ángel Romero, concejal del barrio de Perales. El presidente de la asociación de vecinos opina igual y asegura que "todo está alrededor de las casas, y en muchos casos, ni se cumple la distancia mínima que marca la ley". Según la legislación de la Comunidad de Madrid sobre actividades nocivas, molestas, insalubres y peligrosas, las infraestructuras destinadas al tratamiento de residuos tienen que estar como mínimo a 2000 metros de las viviendas. Sin embargo, en Perales del Río no se cumple.

De hecho, la evaluación de impacto medioambiental que realizó la Comunidad de Madrid en 2005 corroboraba que en algunos casos sólo hay 100 metros de distancia entre la escombrera y la población urbana. Además, en esa misma evaluación medioambiental se reconocía que los animales y la flora podían tener problemas de salud. En cambio, "en ningún párrafo se refiere a la salud de las personas", señala el presidente de la asociación de vecinos. Sin embargo, la Comunidad de Madrid dio el visto bueno a la nueva planta de inertes.

Aunque no existe un informe concreto sobre cómo podría afectar a la salud de los vecinos, los médicos del centro de salud del barrio advierten de que "el establecimiento de una planta de residuos inertes en la zona básica de Perales del Río, dado la existencia de otros posibles contaminantes no nos parece adecuada, ya que puede añadir otra fuente de contaminación ambiental". A pesar de que no hay ningún informe que lo corrobore, según los vecinos, Perales del Río está por encima de la media en la detección de cánceres.

César García, vecino de El Ventorro de la Apuñalá Pero los getafenses no son los únicos afectados. Y es que a tan sólo 20 metros de la futura escombrera y en frente de la depuradora de Butarque, se levanta el poblado chabolista El Ventorro de la Puñalá, donde malviven unas 200 familias en condiciones infrahumanas, sin agua corriente y sin electricidad, y con el añadido de los malos olores y la suciedad de la zona. "Aquí se vive muy mal. Con esos olores tan fuertes parece que te vas a ahogar, y por las noches es mucho peor", dice César García, uno de los vecinos de El Ventorro, quien añade "además, aquí los mosquitos parecen que te van a comer de lo grandes que son".

Historia de una escombrera
La escombrera Los trámites para la concesión de las licencias y los permisos se iniciaron en el año 2002. Posteriormente, en 2005 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pero al contrario de lo que suele ser el procedimiento habitual, "el Ayuntamiento de Madrid no informó al Ayuntamiento de Getafe, como administración afectada, por lo que no se pudo alegar", argumenta el concejal. De lo mismo se queja Nicanor Briceño. "No nos hemos enterado del tema hasta este mismo año, ya que en el BOCAM sólo decía licencia de construcción de una planta de inertes en tal sector, pero nosotros no conocemos el Plan General de Ordenación Urbana, como para saber que se refería a esta zona".

El día después de las elecciones la empresa constructora empezó las obras. "Ha habido una ocultación permanente de lo que se iba a hacer en esos terrenos. Ni han puesto vallas, ni carteles que anuncien que se iba a hacer ahí", critica Moreno. Desde el primer momento, los vecinos de Perales han paralizado en varias ocasiones el comienzo de las obras, y han llevado a cabo diversas movilizaciones para impedir su construcción.

La futura planta de tratamiento de residuos inertes acogerá unas 12.000 toneladas de residuos y polvo, y generará unos niveles de ruido de unos 90 decibelios. A eso se le suma, que habrá un trasiego de camiones por la zona de entre 200 y 300 vehículos pesados. Además de la eliminación de escombros, la planta podrá tratar hasta 10 toneladas de residuos peligrosos, "a tan sólo 250 metros del río Manzanares", según el concejal.

"Lo único que pedimos es que no se construya la escombrera, que el secado en planta de lodos sea térmico y no al aire libre, y que las depuradoras funcionen mejor", advierte Briceño. Por su parte, el concejal de Perales del Río concluye que "seguiremos luchando para evitar que se construya la planta de inertes u otras infraestructuras similares en la zona. Además, hemos llevado el tema a Europa, y estamos elaborando un informe jurídico y técnico para emprender todas las acciones que fueran pertinentes para que no se construya la escombrera".

martes, 20 de noviembre de 2007

Algunas curiosidades de la corrupción en Madrid

Algunos de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid implicados en la 'operación Guateque' a los que se investiga por la concesión de licencias a cambio de comisiones, son propietarios de viviendas protegidas (VPO), según se desprende del Registro de la Propiedad que ha sido consultado por la Cadena SER. El juez Torres está investigando el patrimonio de estos funcionarios

Llama la atención especialmente el patrimonio de dos de estos funcionarios. Joaquín Fernández Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid tiene tres viviendas. Un Chalet en Villanueva de la Cañada, un piso en Majadahonda, ambos municipios en la provincia de Madrid, y una tercera vivienda en Chiclana, Cádiz, de 113 m2, además de fincas rústicas en Torrejón de Ardoz que suman más de 17.000 metros cuadrados.

El inmueble de Majadahonda, una de las localidades más caras de Madrid, tiene 205 m2 más plaza de garaje. Fernández de Castro lo adquirió a finales de 2006 y sobre él pesa una hipoteca de 528.000 euros, 90 millones de las antiguas pesetas. Según el Registro de la Propiedad, esta vivienda está clasificada como VPO.

Otro funcionario agraciado por las viviendas de protección oficial ha sido Fernando Ruiz Torrejón que trabaja en Gerencia de Urbanismo. Su mujer, con quien está casado en régimen de gananciales, cuenta con una VPO de 106 m2 más plaza de garaje en el Pinar de Chamartín. A ese inmueble hay que sumar un chalet en Benicassim de 341 m2 sobre una parcela de casi 400 m2 y que el matrimonio adquirió en 2005. Sobre esta vivienda no pesa ninguna hipoteca, según el Registro de la Propiedad. Ruiz Torrejón tiene otra vivienda en Madrid: un piso de 71 m2.

No hay dos sin tres. Adrián Luengo, también funcionario de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid cuenta con una vivienda de Protección Oficial en la capital de 77 m2.

viernes, 16 de noviembre de 2007

Tras la pausa el retorno

El caso no ha terminado. La causa no está archivada. Los hechos no han sido negados y la investigación, junto con las acciones judiciales, continúa.
Aquí está, de nuevo, NOTITIA CRIMINIS, difícil de sumergir y más difícil de callar.

martes, 6 de noviembre de 2007

"Un juez investiga al alcalde de Carranque por corrupción urbanística"

Ya hace un año que Eldigitalcastillalamancha.es publicó esta noticia. El procedimiento judicial continúa su curso.

"Un juez de Illescas ha aceptado la denuncia contra el alcalde de Carranque, el socialista Alejandro Pompa Mingo, y dos funcionarios. No hay un solo día sin nuevos casos de corrupción.


5 de diciembre de 2006. Según publica en su edición de este martes ABC, el juzgado número 2 de Illescas ha aceptado una denuncia contra el alcalde de la localidad toledana de Carranque, Alejandro Pompa Mingo (PSOE), y dos funcionarios municipales, Juan Francisco Bravo Collantes y Ernesto Rodríguez Cubas.

Se les acusa de numerosos delitos: tráfico de influencias, prevaricación de funcionarios públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, así como de malversación, delito contra la ordenación del territorio, fraude y exacción ilegal, estafa y cohecho. Esta misma denuncia ya está también presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.

Permuta de parcelas muy valiosas por otra rústica
A los tres implicados se les acusa de «permutar parcelas enormemente valiosas, es decir, parcelas urbanizadas, propiedad del Ayuntamiento, por otra rústica de precio inferior, propiedad de la sociedad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas». «Esto -continúa la denuncia de Manos Limpias, a la que ha tenido acceso ABC- lo llevaron a cabo por mayoría del Grupo controlado por Pompa en el Ayuntamiento de Carranque».

Estos hechos, por los que acaban de abrirse diligencias previas en el juzgado, tuvieron lugar el 18 de febrero de 2003. Para aquel día se convocó un pleno extraordinario y urgente en cuyo orden del día sólo se trataron cuatro puntos de urbanismo. Uno de ellos es el que viene a colación: convenio urbanístico para suelo dotacional público.

Información privilegiada
Se da la circunstancia de que, según consta en la denuncia, uno de los titulares de la permuta, Ernesto Rodríguez Cubas, «había desempeñado en ocasiones el cargo de secretario accidental» del Ayuntamiento, tarea que «viene compaginando con trabajos en una inmobiliaria que opera en el mismo lugar donde éste ejerce de funcionario». Por ello, la acusación considera que «dispone de información privilegiada que utiliza en beneficio propio», además de «conocer e incluso participar en situaciones de modificaciones urbanísticas que se están produciendo o que van a producirse.

Tal como publica ABC, «el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas mantiene unas relaciones -con el alcalde- que van más allá de lo que puede considerarse normal», obra en el escrito legal. Y añade: «El problema se plantea en cuanto a que el Ministerio de Administraciones Públicas no puede intervenir para investigar o expedientar al denunciado Rodríguez Cubas, habida cuenta de que éste es un funcionario no de habilitación nacional, sino local, y su jefe y máximo responsable es quien tolera y aun presuntamente participa en sus negocios urbanísticos; esto es, Alejandro Pompa Mingo». Estos hechos están también denunciados ante el Ministerio de Administraciones Públicas.

Acceso a todo tipo de documentos

La operación urbanística quedó aprobada y, según la acusación, «los denunciados diseñan una operación para, presuntamente, salvar su responsabilidad»: Rodríguez Cubas pide la excedencia a Pompa, que se la concede. «Don Ernesto», como se le conoce en la zona, parece ser que «entra, sale, consulta planos, tiene acceso a todo tipo de documentos que a la oposición niega».

En cuanto al tercer protagonista de la supuesta trama, Bravo Collantes, es quien ejerció de secretario en el mencionado pleno, y se le supone la tercera pata del entramado.

Asimismo, se considera que el alcalde Pompa Mingo y Ernesto Rodríguez Cubas «han multiplicado sus ingresos hasta tener fuertes incrementos patrimoniales y formas de vida suntuaria»".


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